Fraude en Carabineros: reformalizan a dos imputados de la arista Dipreca

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Según el relato de la Fiscalía, una vez que los reformalizados -ambos funcionarios públicos- recibieron el dinero de manera ilícita, estos lo ingresaron al sistema formal por medio de operaciones de apuestas en diversos casinos. El tribunal resolvió ampliar en 8 meses la investigación de esta arista.


Este martes, la Fiscalía llevó a cabo la reformalización de dos imputados por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos, ilícitos cometidos en el marco de la arista Dipreca del megafraude en Carabineros, uno de los mayores casos de malversación de fondos públicos en la historia de Chile.

Durante la audiencia realizada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscal Karina Guajardo indicó que el perjuicio fiscal -que alcanza la suma de $238.598.108- fue perpetrado por 13 imputados.

Entre ellos, funcionarios de Carabineros y de Dipreca, quienes en el ejercicio de sus funciones y estando en conocimiento de las falencias de los procesos de otorgamiento de beneficios previsionales de las instituciones, habrían logrado materializar pagos hacia terceros que no reunían los requisitos para acceder a ellos o aumentarlos, señaló la fiscal.

Producto de lo anterior, exfuncionarios de Carabineros y terceros civiles habrían recibido abonos en sus cuentas personales desde cuentas institucionales de Dipreca. Montos que habrían sido ocultados al girar el dinero y entregarlo en efectivo a los otros coimputados.

Según el relato de la Fiscalía, una vez que los imputados reformalizados -ambos funcionarios públicos- recibieron el dinero de manera ilícita, éstos lo ingresaron al sistema formal por medio de operaciones de apuestas en diversos casinos. Esto, “con ánimo de lucro y procurando las debidas medidas para no despertar sospechas de su actuar ilícito, ni generar alertas en los sistemas de control anti lavado de activos”, sostuvieron.

El tribunal resolvió ampliar en 8 meses la investigación de esta arista.

Actualmente el caso de megafraude implica la malversación de una cifra superior a los $ 28.348 millones de pesos, con 95 condenados.

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