A partir de este martes ya son cuatro las cárceles chilenas en que se ha implementado el régimen especial de máxima seguridad que, entre otros factores, supone el uso de uniformes por parte de peligrosos reclusos y medidas más intensas para su resguardo.

Lo anterior, luego de que Gendarmería estrenara dicha disposición en los módulos n° 31 y n° 32 del Complejo Penitenciario La Serena, que tienen capacidad para albergar a un total de 100 personas y donde hoy se mantienen 14 imputados y 29 condenados, respectivamente, que integraban peligrosas bandas ligadas al crimen organizado.

Hasta antes de la aplicación de este sistema en dicho penal, la institución comandada por el director nacional, Rubén Pérez, ya había probado los resultados en otras tres zonas del país.

Por disposición del gobierno anterior, el régimen especial de máxima seguridad se implementó gradualmente durante 2025 en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) de Santiago y en los penales de Alto Hospicio y Concepción.

Y ahora, en línea con lo anunciado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, ante el Senado, se comienza a extender su uso, por lo que el subsecretario de Justicia, Luis Silva, se trasladó hasta la región de Coquimbo para monitorear en terreno la puesta en marcha.

Silva, en conversación con La Tercera, sostuvo que la medida es una prueba más del compromiso de la administración del Presidente José Antonio Kast con la seguridad y el combate del crimen organizado. Y que, además, busca unificar las medidas con que deben cumplir determinados reos.

“Lo que estamos haciendo es aplicar uniformemente los estándares de máxima seguridad, de manera de que sea lo mismo en todo Chile y que no nos vaya a pasar que hay lugares en donde la máxima seguridad significa una cosa y otros lugares significa una cosa distinta”, manifestó el subsecretario, al tiempo que indicó que se aplicará total objetividad para definir quiénes pasan a estos módulos.

En ese sentido, Silva agregó: “Allí tienen que ir a parar quienes realmente representan una amenaza desde el punto de vista del crimen organizado”.

De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, de los internos de La Serena que están bajo el régimen especial de máxima seguridad hay 30 integrantes del Tren de Aragua, uno ligado a Jalisco Nueva Generación; uno a la banda Los Macacos; uno a la banda Huaso Jan; uno al cártel Tijuana y otro al clan de Los Marchant.

La permanencia de estos sujetos bajo sistema especial, cabe hacer presente, es evaluada cada seis meses desde su ingreso. Y quienes hayan sido internados al mismo en atención al artículo 28 del Decreto Supremo 518 -que autoriza el traslado por disposición fundada del director nacional de Gendarmería- son evaluados a los 60, 90 y 120 días, y posteriormente cada seis meses.

Considerando que este régimen se deberá unificar en todos los módulos de máxima seguridad del país de manera gradual, dado que implica modificaciones y desembolso de recursos que impiden que se haga en todos al mismo tiempo, los próximos recintos en que se implementará -según fuentes consultadas por este medio- serán Alto Hospicio y La Laguna, en Talca.

Características del sistema

Una de las disposiciones más llamativas del régimen especial de máxima seguridad es el uso de uniforme por parte de los reos. Este incluye el uso de un pantalón azul y una camiseta manga larga de color naranja, y también considera un polerón y una parka de los mismos colores. Todo está confeccionado con tela ignífuga. O sea, son resistentes al fuego o altas temperaturas, lo que permite proteger al individuo ante eventuales quemaduras.

La implementación de uniformes está aparejada a la prohibición de encomiendas con ropa, lo que reduce la posibilidad de que adquieran elementos prohibidos. Asimismo, pretende que no existan jerarquías entre reos, pues se impide que quienes tenían mayor acceso a determinadas prendas puedan usarlas u ostentarlas.

Cuando se introdujo la modificación al reglamento para habilitar este tipo de vestimenta, además, se estableció entre la argumentación que la medida buscaba “mejorar la gestión general de los reclusos, evitando el intercambio económico de prendas al interior de los recintos. Lo anterior, redundaría en una menor incidencia de conflictos entre la población penal”.

Pero la disposición va más allá. También supone mayores limitaciones y control. Los sujetos bajo régimen de máxima seguridad tienen celdas individuales, sólo dos horas y 15 minutos de patio con luz natural, salidas diferenciadas para evitar que se crucen en ese lapso, y visitas por locutorio. O sea, no pueden mantener contacto físico con quienes los van a ver.

El régimen diario contempla encierro a las 21:45 horas, traslados sin contacto con la población penal común, seguimientos con cámaras GoPro y monitoreos permanentes por Circuitos Cerrados de Televisión.

Todo desplazamiento, por lo demás, se realiza con chaleco de seguridad y grilletes obligatorios y custodia reforzada. Los reclusos, por otro lado, asisten a las audiencias judiciales de manera remota desde salas habilitadas por la institución.

Las siguientes modificaciones

De acuerdo con lo señalado por el subsecretario Luis Silva a este medio, el modelo de administración carcelaria que están mirando es el que se aplica en países como España, Inglaterra y Estados Unidos. Y aunque tras ser electo Kast viajó a El Salvador para conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), aún no está en el horizonte seguir esa senda.

Sí está en análisis, comentó Silva, endurecer o flexibilizar ciertas disposiciones que fija hoy el régimen especial de máxima seguridad. “Dado el contexto en el que nos puso la reforma constitucional que establece el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad, y la consiguiente separación de todas las funciones de reinserción, parte de todo el esfuerzo va a ser la reglamentación de los perfiles criminales dentro de los penales y los derechos y deberes asociados a cada uno de esos perfiles, de manera de que haya mucha claridad”, sostuvo haciendo alusión que en algunos de los regímenes aún hay caracterizaciones bastante amplias y genéricas.

“Y además, todavía se debe pulir lo que implica caer en el régimen de máxima seguridad, porque en materia de encomienda todavía el régimen es muy laxo. En materia de circulante o manejo de dinero en efectivo también, entonces ahí puede haber ajustes”, acotó.

Todos estos ajustes y los que vendrán, como enfatizó el subsecretario, son parte “de una respuesta coherente con el esfuerzo que el Estado está haciendo para luchar contra el crimen organizado y, en general, para recuperar la seguridad. Porque el sistema penitenciario es una parte esencial del circuito de la seguridad. Y sin embargo, uno podría decir, mirando la historia, que ha sido bastante postergado”.

“Los focos han estado puestos en las policías, en los tribunales de justicia, en la Fiscalía. Pero resulta que pillamos a los bandidos, los investigamos, los juzgamos, y tenemos que meterlos presos. Pero si ahí no cuidamos bien lo que pasa en las cárceles, el delito puede seguirse cometiendo y en condiciones muy favorables para los bandidos”, precisó.