Gobierno concede primeros dos indultos de 2019 a internos con enfermedades graves

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Los reos favorecidos, que cumplían penas en las cárceles de Alto Hospicio y Quillota, quedaron bajo arresto domiciliario total durante el periodo restante de sus condenas. Foto: Juan Farías/Archivo

El Presidente Sebastián Piñera conmutó la pena privativa de libertad a los reclusos por arresto domiciliario total.


El Presidente Sebastián Piñera ha firmado dos indultos presidenciales durante los primeros 51 días de 2019, los que fueron concedidos "por razones humanitarias de salud" a internos que padecían graves patologías.

Según información a la que accedió La Tercera, se trata de reos que cumplían sus condenas en los centros penitenciarios de Alto Hospicio y Quillota, a quienes se les otorgó el beneficio el 11 de febrero pasado tras un informe favorable emitido por Gendarmería. El beneficio fue concedido a través de un decreto exento firmado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, por orden del Mandatario, quien es la única autoridad dotada por ley con esta facultad.

De esta manera, se conmutó la pena de ambos reclusos. Quedaron así bajo arresto domiciliario total hasta cumplir el período que resta de sus condenas.

Reo por tráfico

M.S.S.S. (60) cumplía dos penas en el Centro de Detención Preventiva de Quillota, en la Región de Valparaíso: una, por tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, y otra, como responsable de porte ilegal de arma de fuego. Había sido detenido el 14 de junio de 2016 por funcionarios de la PDI, y se le decomisaron un revólver a fogueo y 285 gramos entre pasta base y marihuana.

Por ambas causas debía cumplir tres años y un día, más 541 días de presidio. Solo alcanzó a permanecer un año, siete meses y 24 días tras las rejas. El argumento para su indulto fue un diagnóstico elaborado al interior del penal, el que ratifica que el interno padece un tumor carcinoide gástrico no operable, daño hepático crónico, fibrosis pulmonar y sífilis latente tratada.

Portador de VIH

Durante 2018, J.A.G.R. (53) realizó varias huelgas de hambre al interior de la cárcel de Alto Hospicio: la última de ellas duró 38 días. Los motivos que lo impulsaron a realizar las protestas fueron la carencia de condiciones en el penal que le permitieran, según argumentaba, abordar su deteriorado estado de salud agravado por un tromboembolismo pulmonar que sufrió en 2014. A ese estado se suma su condición de portador de VIH. Actualmente debe trasladarse en silla de ruedas.

Según el informe elaborado por Gendarmería, su diagnóstico muestra inmunopatía crónica, limitación crónica del flujo aéreo, insuficiencia cardiaca, ascitis (acumulación de líquido en el abdomen) secundaria y secuelas de un accidente vascular encefálico. Además, presenta trastorno de personalidad antisocial. De esta manera, el beneficio se le otorgó por presentar patologías crónicas, graves y progresivas que podrían provocarle la muerte.

En el momento del indulto, J.A.G.R. cumplía tres penas de 541 días cada una por dos delitos de hurto simple y robo con sorpresa.

Desde la Defensoría Penal Pública, Pablo Aranda, jefe de la Unidad de Defensa Especializada, valoró el criterio utilizado en estos casos. "Son indultos que se están dando por enfermedades degenerativas a personas que, por ellas, dejan de ser un peligro para la sociedad. No hay ninguna justificación para mantenerlos encerrados y, teniendo en cuenta la dignidad humana, pueden pasar sus últimos días con su entorno familiar".

En diciembre pasado, el gobierno ingresó al Senado un proyecto de ley "humanitaria" que reemplazaría el indulto y conmutaría penas a los internos por tres causales: enfermedad terminal, menoscabo físico grave que provoque dependencia severa, o tener 75 años de edad y haber cumplido al menos la mitad de la condena.

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