En la tabla del pleno del lunes en la Corte Suprema hay casi un centenar de causas administrativas destinadas para una vista conjunta. Fuentes judiciales comentan que ese largo listado que se incorporó en la tabla es un hito en la judicatura, ya que será la primera vez que los sumarios que se abrieron en contra de jueces de instancia y ministros de corte por viajar al extranjero con licencias médicas lleguen hasta el pleno del máximo tribunal.

En ese listado, que es solo una parte de los sumarios que se han visto, ya que no están los centenares de procesos ventilados en la Corte de Santiago, lo que más llama la atención es la mano blanda que han tenido los fiscales judiciales de las distintas jurisdicciones. Al ver la tabla, lo que más vienen son sobreseimientos o absoluciones. En la minoría de los casos hay sanciones, pero casi nunca de las más graves.

Una revisión de La Tercera detectó que de todos esos procesos administrativos destacan algunas ministras de corte. Por ejemplo, desde la Corte de Valdivia vienen la fiscal judicial Gloria Hidalgo y la ministra Marcela Araya en calidad de sobreseídas. De la Corte de Valparaíso viene el sumario de la ministra Rosario Lavín, también sobreseída. Finalmente, de la Corte de La Serena viene su presidenta, la ministra Gloria Negroni, en calidad de absuelta.

Doble vara

Pero la realidad que se vive al interior del Poder Judicial -donde los jueces por su naturaleza gozan de inamovilidad- es radicalmente distinta a la que vive el resto de los funcionarios públicos que no forman parte de la magistratura.

La razón radica en la severa jurisprudencia que instaló la Tercera Sala, que está confirmando todas las destituciones de empleados públicos que viajaron al extranjero con permisos médicos. La sala lo está haciendo sin importarle explicaciones, matices, circunstancias excepcionales o alguna escala de proporcionalidad.

Dicho de otro modo, mientras la Suprema avala la destitución de funcionarios públicos sumariados por viajar con licencia sin ningún matiz, los plenos de las cortes de Apelaciones están haciendo visto gorda con los judiciales y, en la mayoría de los casos, se ha optado por absolver, sobreseer o aplicar medidas menores y casi nunca la apertura de un cuaderno de remoción.

El precedente más evidente de esto fue lo que ocurrió con el sumario del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia. El magistrado fue investigado por dos licencias. Una en la que viajó a Costa Rica en 2020 y otra en la que viajó a Ecuador en 2022.

Sobre el primer hecho, en decisión dividida, se acogió la propuesta de prescripción. Respecto del segundo reposo médico, el más grave, también en decisión dividida y solo por un voto, fue absuelto porque la mayoría también estimó que estaba prescrito. Esto, a pesar de que 13 ministros estuvieron por confirmar la sanción propuesta de dos meses de suspensión con medio goce de sueldo, e incluso dos magistrados pidieron derivar los antecedentes a la Fiscalía y “a la isapre respectiva, al existir antecedentes que pueden dar cuenta de un provecho indebido del subsidio respectivo”.

Suspenso en la Suprema

Entre los judiciales hay expectación de qué es lo que va a pasar cuando la Corte Suprema tenga que revisar estos sumarios. Más aún, porque el pleno del máximo tribunal no solo verá aquellos procesos en que hubo apelación, sino que los revisará todos.

La razón apunta a que desde un inicio la Suprema tomó la decisión de revisar la totalidad de los procesos, incluidos los no apelados, y sobre todo los que fueron sobreseídos. Esto, como una forma de adelantarse a las diferencias de criterios que podrían existir entre las jurisdicciones.

En la judicatura son casi 600 los funcionarios activos -de una dotación de más de 13 mil personas- que cayeron en las situaciones detectadas por la Contraloría, es decir, haber registrado una licencia médica y tener registros de la PDI por haber salido del país en el periodo en que deberían estar haciendo reposo médico en sus domicilios.

El suspenso crece, ya que en el pleno del máximo tribunal estarán los ministros de la Tercera Sala que ya fijaron una vara severa y absoluta para no perdonar ningún caso y ser deferentes y no revocar las destituciones decretadas por los sumariantes en cada repartición pública.

El problema radica en que la Suprema está en un zapato chino. Si los sumarios fueron cerrados quiere decir que los fiscales judiciales ya culminaron su proceso, los plenos tomaron su decisión, y si los procesos llegan sin sanción, los supremos no pueden elevar los reproches. Menos aún si no ha habido apelaciones.

Por eso la tensión se ha radicado en la eventualidad de que, como dice un juez, el máximo tribunal “se saque un conejo del sombrero”. Esa sorpresa pasaría por el uso de la facultad que confiere el artículo 80 de la Constitución, y el pleno, haciendo uso de sus facultades correccionales para vigilar el buen comportamiento judicial, empiece a abrir cuadernos de remoción. De tomar ese camino, la decisión podría ser inédita, ya que se traduciría en decenas o cientos de cuadernos de remoción.

Eso si de fondo suena el precedente que sentó la exministra Verónica Sabaj. Cuando la exmagistrada cayó en desgracia por sus chats con Luis Hermosilla, poco antes de que la Corte de Santiago abriera sumario en contra de la exjueza, fue el pleno de la Suprema el que decidió que independiente del resultado de esa investigación disciplinaria se le debía abrir un cuaderno de remoción.