Apenas el gobierno ingresó el proyecto de ley que busca frenar y modificar el proceso de traspaso de colegios municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), las críticas por prolongar hasta 2040 la implementación total de la reforma no se hicieron esperar. También asomaron cuestionamientos por otra idea contenida en la iniciativa, la de flexibilizar las condiciones para que los municipios puedan mantener sus establecimientos.

Entendidos en el Mineduc reseñan que, distinto a otras discusiones legislativas que ya han sostenido, ahora comprendieron que la realidad y las miradas contrarias a su proyecto eran más o menos coincidentes, incluso desde alcaldes de su propio sector. De forma mayoritaria, los jefes comunales que aún no entregan los colegios a sus respectivos SLEP reclamaron por la incertidumbre que este proyecto implicaba. Diversos expertos opinaron en una línea similar.

Con todo, el proyecto fue aprobado en general en la Comisión de Educación del Senado la semana pasada, pero con miras a lo que viene, el Ejecutivo ingresó indicaciones a la iniciativa, además de acelerarle el trámite, al subirle la urgencia y ponerla inmediata.

Resumidamente, con sus indicaciones el gobierno retrocedió en los aspectos cuantitativos del proyecto, pero no toca los cambios propuestos que les han valido cuestionamientos por, según sus críticos, afectar el fondo de la reforma al apuntar en una línea opuesta a mejorar la calidad de la educación.

Por ejemplo, entre otras cosas, mantiene el ordinal de requisitos académicos alternativos y no copulativos para los municipios que quieren mantener sus recintos.

Esto, a pesar de que dentro de sus indicaciones efectivamente hace cambios respecto de su proyecto original: el gobierno había reducido de un 60% a un 50% el total de establecimientos con niveles educativos ordenados como de desempeño alto o medio y que cada municipio debía cumplir como requisito para pedir la postergación de la cesión. Ahora ese ordinal fue suprimido por el Ejecutivo.

Además, una indicación sube el requisito de que la asistencia promedio de los establecimientos que administra durante los últimos tres años sea de al menos un 85%, al 90%. También se suprime la verificación bienal de cumplimiento de requisitos y queda como en la actualidad: en marzo de cada año.

En lo cuantitativo, antiguamente el Ejecutivo proponía que el Presidente de la República pudiera modificar por única vez el calendario de instalación para los 12 SLEP que aún no han sido creados administrativamente, asegurando la entrada en funcionamiento de, a lo menos, un SLEP por año. “En todo caso, ninguno de los Servicios Locales pendientes podrá exceder su entrada en funcionamiento con posterioridad al 30 de junio de 2040”.

En este punto, el gobierno presentó una indicación que elimina lo de “asegurando la entrada en funcionamiento de, a lo menos, un Servicio Local por año”, y al mismo tiempo cambia el horizonte desde 2040 hasta el 31 de diciembre de 2030. Esta indicación fue aprobada este lunes, es decir, que todos los SLEP deben entrar en vigencia para ese año, lo que no es lo mismo que todos los municipios deban ser traspasados para esa fecha. Vale recordar que el calendario actual tenía contemplada la completada entrada en vigencia de la ley en 2029.

“Nos quedó claro, a lo largo de las audiencias y de lo que se ha comentado acá mismo en la comisión, que era un año que generaba incertidumbre, porque se prestaba para que pensaran que nosotros, realmente, queríamos dilatar la creación hasta 2040″, sostuvo la ministra de Educación, María Paz Arzola.

Esto, indicó, cuando en realidad “nuestra intención no es dilatarlo tanto en el tiempo, sino que, simplemente, era tener espacio para en caso de que se requiriera, poder hacerlo”.

“Dado que esto generó aprensiones que nos parecieron legítimas, proponemos acá volver al año original, que está en la ley vigente, que es el año 2030, para la creación de la última corte”, señaló.

Otro punto que el gobierno busca modificar de su iniciativa es el que dice que hasta dos meses previos a la fecha del traspaso de colegios a los SLEP, el Presidente podrá postergar hasta tres años la cesión desde las municipalidades. Ahora, su indicación dice lo siguiente: “Hasta cuatro meses previos a la fecha del traspaso, el Presidente de la República podrá mediante decreto fundado del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda, postergar en hasta un año el traspaso del servicio educacional desde las municipalidades y corporaciones municipales a uno o más Servicios Locales”.

Pero quizás si el tema que se puede tornar más complejo de la discusión al combinar la indicación del gobierno con la de los senadores oficialistas es que se podría abrir la puerta a que los municipios autorizados a retener colegios puedan mantenerlos indefinidamente.

¿Por qué? Por un lado, el Ejecutivo indicó que las municipalidades que cumplan los requisitos pueden pedir no ceder los recintos cuando les toque por un año adicional, renovable por el mismo periodo, para mantener el servicio educativo y su calidad de sostenedor, mientras cumplan con dos requisitos copulativos: tener resultados superiores a su respectivo SLEP y encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones previsionales. Esta solicitud para mantener los colegios debe presentarse durante el marzo del año anterior al que se pretenda y el cumplimiento del requisito debe verificarse -y renovarse- anualmente.

De cualquier modo, el gobierno mantuvo en el inciso siguiente su propuesta original de que el año tope para la postergación sea 2040.

Esa fórmula cobra relevancia al analizar la indicación de los senadores Rojo Edwards (Ind.), Gustavo Sanhueza y Cristián Vial (Ind.), que suprime el inciso completo que versa sobre plazos y, con ello, desaparece toda fecha máxima: de aprobarse las indicaciones combinadamente no quedaría ninguna norma en la ley que fije un tope para las comunas exceptuadas, toda vez que la indicación de 2030 del Ejecutivo es para la entrada en funcionamiento de los SLEP, no para el traspaso de las comunas que obtuvieron la excepción.

Y es que, además, otra indicación del senador Edwards instala un nuevo inciso, que dice que los municipios autorizados “podrán conservar el servicio educativo y su calidad de sostenedor” mientras mantengan los requisitos educativos (no los económicos) y si lo incumplen “dispondrán de un plazo mínimo de dos años para subsanarlo”. Esto ya es visto como crear un sistema mixto permanente.

Relevante será en esta discusión si es que los senadores Sanhueza y Vial respaldarán las indicaciones de Edwards, así como si el Ejecutivo se opone.

Del mismo modo, el Mineduc mantuvo el artículo primero transitorio hecho para las comunas que tienen el traspaso programado para el 1 de enero de 2027 (solo un puñado no quiere entregar sus colegios), y que les deja pedir la pausa de la cesión hasta un mes antes de esa fecha.

La Comisión de Educación no terminó de votar en particular este lunes el proyecto y al cierre de esta edición se buscaba una fecha para lograr hacerlo hasta total despacho durante esta semana.