Solo quedan seis meses para que finalice el mandato del Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, aún persiste un compromiso pendiente en la agenda de seguridad del Ejecutivo. Uno que mantiene en alerta a los alcaldes de todo el país: el proyecto de Ley de Seguridad Municipal.

La iniciativa busca formalizar el rol de los municipios en materia de seguridad y dotarlos de mayores herramientas en sus labores diarias. Pese a que es una de las pocas normativas con posibilidades de aprobarse en lo que resta del actual gobierno, si al principio fue la discusión por las armas no letales, ahora es la falta de certezas que, dicen los alcaldes, hay en torno a su financiamiento lo que ha generado una creciente molestia en los ediles.

En este escenario, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) ha intensificado sus gestiones para advertir que los recursos comprometidos por el Ejecutivo resultan insuficientes. El propio Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la organización municipal, sostendrá este miércoles una reunión en La Moneda con el Presidente Gabriel Boric para abordar este punto.

El proyecto de Seguridad Municipal está radicado en la Comisión de Seguridad del Senado, en segundo trámite constitucional, y ha tenido varios idas y vueltas. Durante el próximo lunes y martes se llevará a cabo una nueva sesión para discutir los temas de fondo.

Según la AChM, el presupuesto considerado por el gobierno alcanzaría a cubrir solo el 5% de las obligaciones que implica la ley. Mientras el Ejecutivo calcula un aporte de 5 mil millones de pesos por tres años, los municipios estiman que el monto real para cumplir con la ley asciende a 216 mil millones, basado en un modelo que contempla la creación de 55 asociaciones de seguridad de estándar medio-bajo para cubrir los 345 municipios del país.

Así es que en los municipios surgió la idea de recuperar el llamado IVA municipal (ese que las municipalidades pagan al adquirir bienes y servicios), para asegurar los recursos para esta ley. A diferencia de las empresas privadas, los municipios no pueden recuperar este impuesto, ya que no facturan. Actualmente, todo el IVA que pagan queda en manos del Estado.

La propuesta que están sociabilizando con parlamentarios busca que parte de ese dinero sea devuelto a los municipios a través de un Fondo de Seguridad Municipal, generando un ingreso adicional para financiar la ley. Sin embargo, en el Ejecutivo consideran que esta alternativa no genera un nuevo ingreso real y sería difícil de implementar.

“En la práctica, el IVA hoy día es un ingreso fiscal. La propuesta de devolverlo implicaría solo mover recursos existentes, no generar un ingreso nuevo. Lo que hace la AChM es un cálculo incorrecto y sin sustento en relación a los objetivos del proyecto”, señala la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, representante del gobierno en la tramitación.

La autoridad, además, aclara que el informe financiero del proyecto señala que los $5 mil millones tienen un objetivo muy específico. “Es un aporte extraordinario para que la subsecretaría pueda redistribuir recursos de manera equitativa según un índice de vulnerabilidad sociodelictual. Algunos municipios recibirán más, otros menos y probablemente algunos no recibirán nada, los que ya cuentan con mayores ingresos”, explica.

De hecho, enfatiza que la finalidad del proyecto de ley es reconocer legalmente una labor que la mayoría ya realiza. “No es un proyecto que obligue a los municipios a implementar la seguridad municipal, sino que es un proyecto que propone resguardar esa situación desde el punto de vista operativo”, dice.

Pero del lado de los municipios Alessandri retruca. Dice que “resulta incomprensible que se cierre la puerta, sin un análisis serio, a nuestra propuesta de financiar la Ley de Seguridad Municipal con el IVA municipal argumentando que esos recursos son del Estado. Si es así, exigimos transparencia. Que se explique con claridad a dónde va ese dinero”.

Agrega que “se habla de apoyar la seguridad municipal, pero en la práctica el aporte equivale a 370 mil pesos al mes por municipalidad. Con esa cifra no alcanza ni siquiera para cubrir el seguro de vida de un solo funcionario, que cuesta alrededor de 3 UF mensuales por persona”.

Al mismo tiempo, Leitao recuerda que en los últimos años se han habilitado recursos adicionales para los municipios, tanto por el royalty minero como por el Sistema Nacional de Seguridad Municipal y programas como Somos Barrio, destinados a apoyar la seguridad local.

Las gestiones con parlamentarios

A contrarreloj, y conscientes de que deberá votarse en la sala del Senado a más tardar durante la primera semana de octubre, los alcaldes han intensificado sus gestiones en el Congreso para encontrar respuestas a sus inquietudes.

La semana pasada el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, sostuvo una reunión con el senador Iván Moreira (UDI), integrante de la Comisión de Seguridad. En la cita, el parlamentario se comprometió a respaldar hasta el final la incorporación de armas no letales para los equipos de seguridad municipal.

El debate en torno a este punto ha abierto posiciones transversales en el Congreso. Incluso la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, presentó una indicación que también contempla el uso de armas no letales, pese a las diferencias que este tema genera en su propio sector.

En la misma línea, esta semana se concretará un segundo encuentro en el Congreso, esta vez entre el alcalde Reyes y la senadora Vodanovic.

“Debemos entregar herramientas concretas a los municipios y hacerlo con responsabilidad. El respaldo transversal a la incorporación de armas no letales demuestra que cuando se trata de proteger a las personas, podemos ponernos de acuerdo”.