La Ley de Seguridad Municipal tiene en estado de alerta a los alcaldes y, sobre todo, a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública.

La normativa, cuya publicación en el Diario Oficial se hizo el 11 de febrero de este año, pretende fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, “teniendo como objeto regular el rol preventivo, coadyuvante, colaborativo y complementario de las municipalidades en estas materias”.

El problema es que una ley de este tipo acarrea una serie de complejidades en su implementación que, si no se atajan a tiempo, pueden terminar generando un problema mayor y poner en jaque a las municipalidades.

Por eso cuando asumió el actual gobierno, lo primero que hizo la exsubsecretaria de Prevención del Delito María Victoria Quintana fue retirar uno de los reglamentos que había ingresado en la Contraloría la administración anterior.

Junto con eso inició una serie de reuniones con los alcaldes y las asociaciones de municipalidades para hacer mejoras a dicho reglamento y analizar los puntos más críticos de la implementación de esta ambiciosa nueva normativa.

Ese trabajo conjunto con los alcaldes lo heredó el actual subsecretario Gonzalo Guerrero. Con el abogado experto en Derecho Público al mando, el Ejecutivo concluyó que, para que esto pueda partir con éxito en los próximos días, es necesario hacer modificaciones urgentes a la ley.

Los problemas identificados

Una de las disposiciones transitorias establece que la ley entrará en vigor transcurridos seis meses desde su publicación en el Diario Oficial. Esa es la razón por la que el próximo 12 de agosto es la fecha clave.

El subsecretario Guerrero, luego de varias rondas con los alcaldes, concluyó que el nuevo marco jurídico presenta algunas problemáticas estructurales que “hacen prácticamente imposible el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Municipal”.

Uno de esos problemas es que “se mantienen restricciones presupuestarias diseñadas para una realidad institucional distinta”. Eso apunta a que actualmente la ley impone a las municipalidades un límite del gasto anual en personal que no podrá exceder del 42% de sus ingresos propios.

El problema es que varios alcaldes han empezado a contratar más funcionarios para ejercer labores de seguridad municipal, por lo que, de no hacer alguna excepción a ese límite, los alcaldes tendrán las manos atadas para contar con más inspectores municipales.

El segundo gran problema identificado es que la nueva normativa “cataloga como vehículos de emergencia a aquellos que cumplen funciones de seguridad municipal pertenecientes tanto a las municipalidades como a las asociaciones de municipalidades”.

Junto con eso se impuso “la obligación correlativa de que sus conductores deben estar en posesión de una licencia de conducir clase F”.

El problema se produce en que dicha exigencia “hace altamente probable que las municipalidades del país no puedan ejercitar sus funciones en materia de seguridad pública a partir del día 12 de agosto de 2026″ debido a que no contarán con la institucionalidad adecuada para entregar dichas acreditaciones.

Otra de las deficiencias es que “existen numerosas disposiciones legales que, para su plena aplicación, exigen que el reglamento de la ley se encuentre en vigencia”. A juicio del Ejecutivo, “lo anterior implica que, si bien la ley estará vigente en el derecho, en los hechos no se podrá aplicar correctamente”.

La ley corta

Esa es la razón que llevó al gobierno a concluir que “se estima necesario adecuar el plazo de entrada en vigencia de la Ley N° 21.802, en orden a permitir un periodo de preparación mayor de las municipalidades, con el objeto de preparar adecuadamente el funcionamiento interno de los municipios en relación con las nuevas obligaciones de dichas entidades.

Para enmendar todo esto, Guerrero ingresará en los próximos días un proyecto de ley corta a la Cámara. Esta iniciativa, de hecho, fue compartida este jueves con las asociaciones de municipalidades en una reunión convocada para analizar este tema.

El mensaje consistirá en un artículo único en donde se propondrá que el límite de gasto “no será aplicable a los pagos efectuados por el municipio por concepto de remuneraciones, asignaciones y demás estipendios al personal que ejerza funciones de seguridad municipal contratado a través del Código del Trabajo”.

Junto con eso el proyecto dará más plazo para la entrada en vigencia de algunos aspectos de la normativa para que se alcancen a suscribir “los convenios de colaboración con las instituciones para entregar facilidades a las municipalidades para que el respectivo personal de seguridad pueda realizar los cursos y dar cumplimiento a las exigencias y requisitos establecidos por la legislación vigente para la obtención de la licencia de conducir clase F”.

Al ser un proyecto exprés y de artículo único, el Ejecutivo aspira a que quede despachado del Congreso en máximo dos semanas. “Al tratarse de un ajuste de orden administrativo para permitir que la implementación de la ley sea lo más fluida posible, espero que tal como lo dijo el ministra Arrau, el Congreso lo perciba como una política de Estado”, dijo Guerrero a La Tercera.

“Hay un cronograma que está fijado por el legislador desde la legislatura anterior, por lo que nosotros vamos a respetar ese cronograma. Entonces estos son ajustes de orden administrativo para darle plena eficacia a lo que el Congreso Nacional ya dispuso”, agregó el subsecretario.