Un total de 15 páginas tiene la nueva arremetida judicial presentada por la ahora exdirectora del Internado Nacional Barros Arana (INBA) María Alejandra Benavides en contra de la Municipalidad de Santiago, encabezada por Mario Desbordes (RN).

La profesora, quien estaba suspendida de sus funciones, presentó recientemente un escrito ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago para ampliar la demanda presentada en junio por tutela laboral en contra de la administración de Desbordes.

Esta vez Benavides se basa en cambiar las circunstancias de la acción laboral emprendida, dado que tras su primera acción judicial el municipio finalmente la desvinculó.

“La denunciante ha sido separada de sus funciones y despedida con posterioridad a la interposición de la demanda (ha sido despedida el 2 de julio de 2025 y la demanda se interpuso el 5 de junio del mismo año), hechos que obligan a esta parte a modificar la naturaleza de la acción”, se lee en el escrito.

Los cambios

En la demanda original presentada por Benavides, la ahora exrectora del INBA expuso una serie de situaciones que, a su juicio, le generaron un “daño psíquico”, por lo que solicitaba una indemnización, así como también otros requerimientos de índole laboral, con el fin de revertir el sumario y evaluación que, en aquel entonces, se seguía en su contra.

En la modificación y ampliación de la demanda, la académica plantea la sustitución de la tutela de derechos fundamentales de una relación laboral, por la de despidos, lo que a su vez también lleva a modificar la calificación de indemnización. En esa línea, también plantea que además en este proceso se infringió su derecho a la honra.

Por último, Benavides también incluye nuevos hechos por los que demanda a la administración municipal. La exdirectora reitera que fue vulnerada en su proceso de evaluación, dado que se le permitió apelar estando suspendida, por lo que no tenía acceso a la información que podía presentar en dicho proceso.

"Esta última evaluación estuvo marcada por un verdadero escarnio público a mi persona. Es el preludio de mi despido, lleno no solo de irregularidades y arbitrariedades, sino de un despido vulneratorio de mis derechos", sostiene, afirmando que existieron arbitrariedades.

Sobre eso mismo, además, señala que quien le solicitó la renuncia no estaba calificada para aquello, así como tampoco se siguió el procedimiento establecido para eso.

“Descrédito público”

En la primera arremetida judicial de Benavides, la exrectora planteaba que el alcalde había realizado “una verdadera calificación televisiva de mi gestión”, pidiendo que se ordenada a Desbordes cesar con dichas declaraciones.

En el nuevo texto, la profesional de la educación agrega nuevos hechos que, a su juicio, reiteran el “descrédito público a través de los medios de comunicación” que ha hecho la autoridad comunal.

La exdirectora cita una entrevista de Desbordes en radio Pauta el 24 de junio, día en el que La Tercera dio cuenta de la demanda laboral presentada por la entonces rectora. En esa comparecencia el alcalde descartó que la suspensión de la directora del INBA se debiera a razones políticas.

“El alcalde ha continuado con mi ‘evaluación’ pública, declarando en medios de comunicación sobre mi ‘desempeño’, calificándolo públicamente, pero ignorando los criterios técnicos e indicadores que exigen un riguroso estudio de los antecedentes para tal calificación", expone el abogado de la exrectora.

Lo anterior, dado que uno de los puntos que también plantea en la ampliación de la demanda es que “no se debieron aplicar una serie de indicadores en la evaluación” que se siguió en su contra, ya que “no se cumplía con el supuesto básico para muchos de ellos”.

A esto se suma que “con posterioridad a mi despido, han vuelto a ocurrir hechos de extrema gravedad en el establecimiento educacional del que fui directora, lo que denota un claro síntoma de que la delicada situación de violencia que sufre el establecimiento no es posible imputar únicamente a una persona su responsabilidad -como la denunciada lo ha hecho públicamente a mí- sino de una problemática estructural que requiere de la participación de diversos organismos del Estado y la comunidad educativa”.

Una millonaria indemnización

En la parte final de la ampliación de la demanda, el abogado de la exrectora pide que el tribunal condene al municipio encabezado por Desbordes al pago de una indemnización de $42.993.973.

A esto suma, además, que se le paguen las remuneraciones que le correspondían hasta el 2027 y que ascienden a la suma de casi $86 millones. Lo anterior, dado que califica el despido como ilegal.

Por último, requiere que Desbordes se abstenga de realizar declaraciones en las que califique su responsabilidad administrativa y que, también, la municipalidad sea condenada a realizar una aclaración pública en un medio nacional en la que lamente haber vulnerado sus derechos fundamentales.