Sin duda, el término que se ha repetido en materia judicial y policial en el país, durante los últimos años, ha sido el crimen organizado. Más allá de un análisis de los ilícitos y de cómo estos delitos se abordan, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro), de la Universidad San Sebastián, elaboró un informe sobre cómo la justicia ha resuelto estos casos.

El informe Resultados de la Persecución Penal de Delitos Asociados al Crimen Organizado en Chile revisó los términos judiciales a los que se llegaron en los casos de un amplio catálogo de delitos ocurridos entre 2014 y 2024, último año del que ya existen registros completos en las estadísticas del Ministerio Público.

En una primera entrega a la que tuvo acceso La Tercera, el Cescro revisó los casos de delitos de drogas contemplados en la Ley 20.000 durante la última década, para conocer cómo terminaron estas causas. Según el análisis, hubo 430.858 términos en delitos asociados a drogas, lo que representa al 61,4% de los casos de crimen organizado y un incremento del 105,1% en una década de este tipo de ilícitos.

Lo anterior, porque cuando una causa finaliza, existen diferentes tipos de salidas, las que son agrupadas en “judiciales” -en las que interviene un tribunal-, “no judiciales” -en lo que no resuelve un tribunal- y “otras salidas”, principalmente resoluciones administrativas. En ese sentido, la primera entrega del informe da cuenta de que en el 56% de estos casos no tuvieron un término en tribunales, sino otro tipo de salidas.

En la última década, según el estudio, las salidas judiciales en los casos de drogas aumentaron 46,5%, mientras que las salidas no judiciales, 137%.

Aquello, afirma el director del Cescro, Luis Toledo, demuestra que “el sistema penal enfrenta hoy un crimen organizado con menos margen de éxito que en la última década. Si no ajustamos el modelo de persecución, el crimen organizado va a seguir avanzando más rápido que el Estado. Lamentablemente, creo que estas cifras demuestran que se requiere un ajuste al sistema de persecución penal que realmente sea capaz de mover la aguja en cuanto a sus resultados”.

Menos salidas judiciales

De las más de 430 mil causas de drogas que terminaron en la última década, el 43,9% tuvo una “salida judicial”, donde la mayoría (31,4%) fue con una sentencia condenatoria, seguido del 2% de las que no se investigó y del 2,5% en el que se sobreseyó al imputado.

A pesar de que los casos que terminaron en tribunales representan la mayoría de los tres grupos, si se consideran los dos cuyas causas se resolvieron sin llegar a tribunales, estos son mayoría.

En detalle, aquellos que tuvieron “salidas no judiciales” corresponden al 41,8%. En este grupo se encuentra la salida con el mayor porcentaje de términos de las causas de drogas, que es el archivo provisional, que representan el 38,2%. A este grupo se suma el otro 13,3% en las “otras salidas”, donde están las decisiones administrativas, como son la agrupación de casos (11,8%) y anulación administrativa (0,8%), entre otras.

A juicio del director del Cescro, “el bajo número de salidas judiciales demuestra un sistema de persecución penal tensionado por el volumen, por la complejidad probatoria y por limitaciones operativas”.

Toledo añade que “lo preocupante es que se ha ido bajando en la eficiencia para enfrentar el fenómeno. Una de las situaciones que pueden explicar esto es el volumen masivo del fenómeno de drogas. Esto implica que ese volumen tensiona la capacidad investigativa del Ministerio Público. También, existe una dificultad probatoria, porque el informe muestra un aumento sostenido de archivos provisionales. En el caso de las ‘otras salidas no judiciales’, esto suele estar vinculado a dificultades para identificar estructuras superiores, probar dominio del hecho, acreditar financiamiento, vincular incautaciones con organizaciones más amplias”.

Un fenómeno que evoluciona

El análisis de la USS también revela cómo han variado los términos en las causas relacionadas a las drogas. En ese sentido, expone que el sobreseimiento temporal aumentó 1.362% en una década, seguido de la suspensión condicional (695%) y facultad de no investigar (62,3%). En los otros tipos, también crecieron los archivos provisionales (154%) y las agrupaciones 1.700%. A pesar de eso, aumentaron las sentencias condenatorias y absolutorias, 30,9% y 32,1%, correspondientemente, entre otras.

Para el director del Cescro, todos estos resultados también tienen efectos: “Principalmente en la credibilidad del sistema penal. Porque la gente ya tiene menos credibilidad, tiene menos argumentos y mayores razones para no denunciar los hechos”. Además de eso, plantea que “cuando más de la mitad de las causas por drogas no llega a una salida judicial, el mensaje que se instala es que el riesgo penal efectivo es bajo en comparación con el volumen del negocio”.

“El efecto es una justicia tensionada y mucho menos estratégica”, agrega el exfiscal. Toledo, además plantea que lamentablemente el sistema penal actualmente no se está midiendo, y que son terceros, como las casas de estudio, quienes están realizando este trabajo. En esa línea, además de proponer una mejora en los datos y en la trazabilidad de los resultados, el director del Cescro igualmente señala que “se requiere, primero, una priorización inteligente en la persecución penal”, así como también “lo que se ha dicho tantas veces, de que es necesario implementar el seguimiento a la ruta del dinero”.