El crimen organizado, sin duda, ha tenido sus mayores expresiones durante los últimos daños en Chile. La situación, más allá de una percepción, también se ha reflejado en los propios casos y, también, en el impacto que ha generado en el sistema penal.

Ese impacto ha sido demostrado por un análisis del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián, organismo que en la última entrega de su informe ha medido la judicialización de las causas de crimen organizado en la Región Metropolitana. Para lograr aquello, la casa de estudios analizó las estadísticas de un grupo de 74 delitos relacionados a ese tipo de criminalidad.

Lo anterior, ya que según cifras del mismo organismo, recogidas de los términos de causas del Poder Judicial entre 2014 y 2024, en la última década hubo 701.307 salidas en delitos asociados al crimen organizado, de los cuales el 36,6% concluyó en la capital. Más atrás se encuentran zonas como Valparaíso (11,4%), Biobío (6,6%), entre otras.

El mismo informe de la USS revela que si bien el número de casos de crimen organizado representa una proporción menor en el sistema penal, igualmente aquello reflejó un alza -a nivel nacional- en la última década, pasando de representar del 2,4%, en 2014, al 5,2%, en 2024.

Zoom en la capital

Más allá del total nacional, y enfocándose en la RM, la región ha mostrado un importante aumento en los términos de causas relacionadas al crimen organizado, lo que da cuenta del incremento que han tenido estos casos en la capital durante la última década.

De aquello da cuenta el informe del Cescro, el que demuestra que se pasó de 16.053 términos de causas de criminalidad organizada en 2014, a 33.702 en 2024. Lo anterior demuestra que dichos casos se duplicaron en una década, lo que corresponde al 109,9% en 10 años.

Respecto al tipo de delitos, los asociados a las drogas concentran el 59,4% de las salidas, seguidos de los relacionados a las armas (19%), contrabando y la violencia relacionada al crimen organizado, con un 7,8%.

Otro de los ejes de análisis del estudio de la USS fue la forma en la que terminaron estos casos en la capital. Para lograr aquello se analizaron los términos de las causas, ya que existen diferentes tipos de salidas, las que son agrupadas en “judiciales” -en las que interviene un tribunal-, “no judiciales” -en lo que no resuelve un tribunal- y “otras salidas”, principalmente resoluciones administrativas.

Si bien el 42,6% de las causas en la RM tuvo una salida judicial, la cifra es menor al promedio nacional del 46,4%. Al analizar dichos términos en tribunales, sin embargo, la USS da cuenta de que el 25% de los casos de crimen organizado terminó en una sentencia condenatoria, mientras que el archivo provisional -salida no judicial- es el que más se repite en este tipo de casos, con el 30,8%.

Además de aquello, el estudio del Cescro también demuestra importantes alzas en las salidas judiciales, dando cuenta que en la última década los sobreseimientos temporales aumentaron un 1.648%, seguido de las suspensiones condicionales (199%), la facultad de no investigar (152%) y el sobreseimiento definitivo (86,2%).

El director del Cescro, Luis Toledo, destaca que “el escenario de la Región Metropolitana es preocupante, ya que el volumen de causas por crimen organizado se duplicó en la década, pero la efectividad del sistema para sancionarlo va a la baja y se sitúa por debajo del promedio nacional”.

En ese sentido, plantea que “cuando observamos tasas elevadas de archivos provisionales, decisiones de no perseverar o una baja proporción de resultados judiciales relevantes en determinados delitos asociados al crimen organizado, lo que aparece es una brecha entre la complejidad del fenómeno y la capacidad del Estado para investigarlo eficazmente”.

La situación por zona

El estudio de la USS, además, también analizó los términos de las causas de crimen organizado a las que llegó cada una de las cuatro fiscalías de la RM.

En ese sentido, se expone que la Fiscalía Centro Norte es la jurisdicción con la mayor carga de causas, representando el 36,7% de toda la región, aunque es la que tiene el mayor porcentaje de causas que terminaron con salidas no judiciales: un 43,1%. Dicha repartición del Ministerio Público concentró el 36,2% de los archivos provisionales.

Un caso contrario es el de la Fiscalía Oriente, la que según el estudio del Cescro, tiene el menor porcentaje de causas de crimen organizado y el mayor número de salidas judiciales, el 49,5%. En detalle, el 31% de los casos terminó con una sentencia condenatoria, superior al 27,8% del promedio nacional.

La Fiscalía Sur, por su parte, es la que según la USS “lideró la efectividad en castigos penales”, ya que el 33,1% de sus causas de crimen organizado terminaron con una sentencia condenatoria.

Por último, la Fiscalía Occidente es destacada en el análisis por su alta eficiencia en la investigación de organizaciones criminales, afirmando que el 79,4% de las salidas fue una condena. A pesar de aquello, también resalta que en el delito de contrabando, el 57,7% de los términos fue un sobreseimiento definitivo.

“Las diferencias entre fiscalías no solo reflejan distintos niveles de criminalidad organizada o realidades territoriales diversas. También evidencian que el sistema de persecución penal está enfrentando fenómenos criminales del siglo XXI con herramientas institucionales que, en muchos casos, fueron diseñadas para la delincuencia tradicional”, explica Toledo.

Por último, el también exfiscal plantea que el Cescro elaboró 23 medidas para revertir el actual escenario de judicialización. Según plantea, “el objetivo final no es simplemente aumentar las condenas, sino incrementar la capacidad del Estado para desarticular estructuras criminales, afectar sus mercados ilícitos y recuperar el control de los territorios donde estas organizaciones ejercen influencia”.