Durante la jornada de este viernes en el Centro de Justicia de Santiago iniciaron los alegatos de clausura en el juicio por venta y emisión fraudulenta de licencias médicas. En la ocasión, la Fiscalía inició su exposición calificando el proceso como uno de los mayores fraudes contra el sistema de salud chileno.

“Nunca antes se había sentado en el banquillo, objeto de ser juzgado a tantos médicos por conductas de falsedad, engaño, fraude en el ejercicio de su profesión”, señaló el fiscal adjunto de Alta Complejidad, Álvaro Pérez, añadiendo que “nunca antes creemos habíamos estado en presencia de un perjuicio capaz de configurar el mayor fraude perpetrado contra una institución estatal en materia de salud”.

El Ministerio Público indicó que la investigación permitió acreditar la existencia de “un esquema organizado y persistente“ compuesto por centros médicos creados o utilizados exclusivamente para facilitar la emisión masiva de licencias fraudulentas.

“Los médicos emisores, los captadores actuaron coordinadamente, con pleno conocimiento de la finalidad y del efecto nocivo de sus actuaciones, de sus conductas", sostuvo el fiscal.

En cuanto al dinero obtenido por la venta de licencias médicas, el fiscal sostuvo que estos lo reintroducían “al sistema financiero mediante actos de ocultamiento, simulación de adquisición, de disposición consciente de bienes de origen ilícito”.

Junto con esto, señaló que varias de estas entidades funcionaban en oficinas virtuales, departamentos particulares o inmuebles sin actividad médica real.

Es así como señaló que las declaraciones de testigos “confirmaron la existencia de oficinas virtuales, domicilios particulares, o centros que solo y únicamente en apariencia eran centros médicos, así como también números de contactos que fueron asociados a estas entidades”.

También se expusieron publicaciones donde se ofrecían licencias médicas electrónicas para afiliados de Fonasa e Isapres, incluyendo precios diferenciados según días de reposo y que iban desde los $30 mil a los $75 mil.