Por Claudio PortillaJoaquín Lavín León enfrenta nueva formalización por presuntos delitos electorales
En la ocasión, Lavín León fue formalizado por fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, e ilícitos relacionados con el uso y comercialización de datos electorales.

El exdiputado Joaquín Lavín León enfrentó este miércoles una nueva audiencia de formalización ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
En la instancia, Lavín León fue formalizado por los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, además de ilícitos relacionados con el uso y comercialización de datos electorales.
Asimismo, fueron formalizados Shigue Kazu Ogino Vargas y Belén Esperanza Carrasco Riquelme, ambos por fraude al fisco; mientras que Felipe Vásquez fue imputado por fraude al fisco y delitos electorales.
Respecto de Vásquez, la Fiscalía solicitó iniciar el proceso de extradición, ya que actualmente se encuentra en España. La petición fue acogida por el tribunal, que enviará los antecedentes a la Corte de Apelaciones.
Asimismo, desde la Fiscalía solicitaron la orden de detención una vez que fuera extraditado, sin embargo fue denegado por el tribunal.
En cuanto a las medidas cautelares, Belén Esperanza Carrasco quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras que Shigue Kazu Ogino Vargas deberá cumplir arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Durante la audiencia también se revisó la situación de Arnaldo Domínguez. Su defensa solicitó el traslado desde la cárcel Santiago 1 a Capitán Yáber por motivos de salud. La petición será resuelta en una audiencia fijada para el 31 de julio, fecha en la que además se revisarán las medidas cautelares de Joaquín Lavín León.
Cabe recordar que Lavín León permanece en prisión preventiva desde mayo pasado, luego de ser formalizado por los delitos de fraude al Fisco, falsificación y tráfico de influencias.
En octubre de 2024, cuando aún ejercía como diputado, Lavín renunció a la UDI tras conocerse que era investigado por la presunta emisión de facturas falsas al Congreso. Posteriormente, en febrero de este año, la Corte Suprema ratificó su desafuero, permitiendo al Ministerio Público avanzar con su formalización.
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