La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) respondió este lunes a las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR), relacionadas a la recuperación de dineros por licencias médicas rechazadas y otros montos que por normativa debería recuperar tras el pago de reposos médicos a funcionarios, asegurando que se están realizando las acciones para dar cumplimiento a las observaciones.

El informe del organismo apunta contra la dirección regional de la Región Metropolitana de la Junji por no recuperar los dineros de licencias médicas otorgadas a 1.045 funcionarios del organismo, equivalentes a 60.958 reposos, por $20.916 millones, entre los años 2017 y 2024 por enfermedad o accidente común, que de acuerdo al Estatuto Administrativo debe pagar el organismo la remuneración íntegra, debiendo recuperar los montos posteriormente; entre otras situaciones relacionadas a reposos.

También se objeta que 9.964 licencias fueron rechazadas por las instituciones previsionales. Estas contaban con subsidios por incapacidad laboral que ascienden a $5.547 millones, los que no han sido reintegrados por los trabajadores.

Por lo mismo, la Contraloría dio un plazo de 60 días hábiles a la Junji para que presente un plan de recuperación de los dineros, luego de apuntar contra la dirección nacional del organismo por la falta de acciones que concluyera en que los trabajadores regresaran los dineros obtenidos. También derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Junji responde al informe de Contraloría

Ante lo anterior, desde el organismo dirigido a nivel nacional por la vicepresidenta ejecutiva, Daniella Triviño, emitieron un comunicado, afirmando que se están realizando las acciones “que corresponden dentro del marco normativo vigente, para dar respuesta al órgano contralor” en el plazo fijado.

Así, agregan que el trabajo para recuperar los montos señalador por la CGR, lo que “se está abordando con la responsabilidad y premura que exige el compromiso institucional con la probidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos".

En esa línea, explican que de acuerdo a la Ley de Presupuestos e instructivos de la Tesorería General de la República (TGR), los organismos públicos que recuperan dineros por conceptos de licencias deben reintegrarlos a la TGR en vez de ejecutarlos como recursos del organismo.

“Esto implica que los fondos originalmente liberados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) para cubrir el gasto en licencias médicas de funcionarios afiliados a Fonasa, retornan a su origen una vez materializada la recuperación, no generando disponibilidad financiera para la institución que efectúa el cobro, por tanto, no recuperando aquellas licencias que fueron aprobadas”, sostiene el comunicado.

Así, desde la Junji afirman que “del total del monto total indicado de recursos no recuperados, de 20.916 millones de pesos, lo efectivamente no recuperado está asociado a las licencias rechazadas, lo cual asciende a 5.547 millones”.

“Es importante destacar que, durante el año 2024 y con anterioridad a la emisión del informe, se gestionó el cobro del 95% de esos recursos, recuperando efectivamente subsidios por incapacidad laboral por más de $1.700 millones. Además, hay licencias notificadas en curso de recuperación, cuyos casos se han incorporado a un plan de acción institucional", destacan desde la Junji.

Asimismo, agregan que la dirección regional de la RM, encabezada por la directora (s) María Elena Orellana procederá a realizar las gestiones necesarias para el tratamiento contable de montos adeudados por concepto de licencias médicas, una vez vencido el plazo de apelación de los trabajadores.

De igual forma, la Junji abordó la situación de los funcionarios que llevan cinco años o más con reposo médico, o trabajadores desvinculados, asegurando que se han derivado casos a instancias judiciales.

“Se debe indicar que previo a la emisión del informe final, la institución ya había adoptado medidas concretas para abordar este tipo de situaciones, reafirmando que Junji ha fortalecido los procedimientos y articulación interna para asegurar la recuperación oportuna de recursos asociados a licencias médicas rechazadas. Para ello, se establece la derivación a instancias judiciales cuando corresponde, incluyendo casos de funcionarios desvinculados”, refuerzan desde el organismo.