Hasta este viernes el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil, más conocido como ex Punta Peuco, es una cárcel común. Esto, luego de que la administración del expresidente Gabriel Boric zanjara que el recinto dejaría de ser un penal especial para albergar a condenados por violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) en dictadura.

Aunque en su momento distintas voces aseguraron que aquello sólo era una medida simbólica, el Presidente José Antonio Kast confirmó que se está analizando retrotraer esa modificación, para que vuelva a ser un espacio sólo para encausados por crímenes de lesa humanidad.

Primero, la tarde del jueves, afirmó que no correspondía que procesados por DD.HH. estuvieran mezclados con otro tipo de población penal. Pero este viernes fue más allá y, citando palabras del ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), indicó que el asunto está en estudio. Además, dijo que están trabajando en un reordenamiento general del sistema carcelario.

“Los reglamentos penitenciarios permiten que la autoridad reordene la situación, y que personas que tienen condenas por distinta índole puedan ser separadas. Por eso existe, por ejemplo, Capitán Yáber, para poder atender a personas que cometen un tipo de delito. Existen las cárceles de máxima seguridad y también existen cárceles como las que se crearon durante gobiernos anteriores y que el presidente Boric decidió cambiar (...). No comparto varias de las medidas que tomó el presidente Boric. Y algunas de esas van a cambiar”, sostuvo al cierre de su gira en el norte.

Así, el temor de exautoridades de gobierno que impulsaron la medida y que habían transmitido que veían posible que Kast anulara lo obrado se hizo latente.

Eso sí, si la modificación solo es vía reglamento, como lo es en el caso de Yáber, los tribunales podrían seguir destinando condenados por delitos comunes a la excárcel Punta Peuco. Para que vuelva a ser un recinto exclusivo o especial para condenados por DD.HH., el Ejecutivo tendría que volver a modificar el Decreto Supremo N° 580 de 1995.

Si las fórmulas prosperan, en todo caso, los tres reos condenados por delitos comunes que ahí permanecen tendrían que ser nuevamente trasladados a otros centros penitenciarios de la región. Aunque a la fecha eso no ha ocurrido.

Los tres siguen en el módulo 4, junto a Carlos Herrera, exjefe de la CNI condenado, entre otros casos, por el homicidio calificado de Tucapel Jiménez. Frente a ellos, además, permanecen recluidos Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza, exagentes de la DINA.

Las obras asociadas a la reconversión comprometida por Boric, en tanto, siguen en ejecución y no habría razón para que se detengan. De hecho, como pudo conocer este medio, la habilitación y construcción de las nuevas celdas está pronta a culminar.

Consultados por mayores detalles, desde el Ministerio de Justicia declinaron abordar el asunto, ya que la vocería se radicó en Kast, mientras que desde Seguridad no respondieron.

La mirada política

Uno de los primeros en cuestionar las palabras del Presidente Kast fue el exministro de Justicia Jaime Gajardo (PC), quien, consultado por La Tercera, afirmó que las palabras de las actuales autoridades implican un claro retroceso y van en sentido contrario a políticas impulsadas por los expresidentes Sebastián Piñera y Boric.

“La decisión de evaluar esta situación no tiene asidero en términos técnicos, porque lo que se requiere es tener todos los recintos penales disponibles para un sistema penitenciario que está tensionado. Pero, además, no tiene justificación que existan personas y grupos privilegiados”, dijo.

El exministro agregó: “Estamos hablando de condiciones para criminales que deshonraron al Estado de Chile, deshonraron el uniforme que portaban. La señal de que estos criminales que han cometido los delitos más gravosos que existen puedan tener en una cárcel especial es una señal que debilita nuestro Estado de Derecho. Debilita la protección de los derechos humanos y la concepción de futuro de nuestra democracia”.

Las palabras del exsecretario de Estado fueron compartidas por gran parte de la oposición y por agrupaciones de DD.HH., aunque en la derecha hubo una recepción totalmente diferente. Tanto en el Partido Republicano como en el Partido Nacional Libertario respaldaron la postura del gobierno.

“Debemos resguardar la dignidad, la integridad y la vida de las personas privadas de libertad. Mezclar poblaciones penales por revancha política es una irresponsabilidad”, sostuvo el diputado Juan Irarrázaval (REP). Mientras que su par Hans Marowski (PNL) destacó: “Este recinto fue creado bajo ciertas condiciones específicas y cambiar eso sin ninguna política penitenciaria clara va a terminar afectando el orden y la seguridad interna”.

Por su parte, la abogada Carla Fernández, quien representa a varios reclusos del expenal Punta Peuco, también valoró la disposición y aseguró que “esto no es un acto político. Es la aplicación de un principio universal del derecho penitenciario. El presidente hace lo que corresponde”.

“Lo que hizo el gobierno anterior no respondió a un criterio penitenciario. Fue una señal dirigida a su electorado, y la pagaron personas que no estaban en condiciones de defenderse”, sumó la penalista.

Desde una mirada más técnica, el exdirector de Gendarmería Christian Alveal ve con buenos ojos que Punta Peuco sea sólo para condenados por crímenes de lesa humanidad y recalca que el cierre del penal Cordillera, dispuesto por Piñera, tenía otra lógica, pues eran construcciones aledañas a un recinto militar y con condiciones totalmente distintas.

“Punta Peuco fue diseñado desde su origen como un establecimiento penitenciario formal, con infraestructura y estándares de seguridad equivalentes a los de otros recintos penales del país (...). La segmentación penitenciaria, además, es una práctica reconocida internacionalmente y responde a criterios técnicos de seguridad, gobernabilidad y administración penitenciaria, más que a consideraciones políticas o simbólicas”, aseveró.