Un nuevo capítulo sumó la disputa por la diputación del distrito 3 de la Región de Antofagasta. Eso, luego de que la candidata a diputada por Renovación Nacional (RN) Daniela Castro denunciara ante la Contraloría a su contendora de Evópoli, Yantiel Calderón.

Esta última candidata es la jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Antofagasta, pero actualmente se encuentra con permiso sin goce de sueldo para realizar su campaña. Algo que según Castro no se ha cumplido, e incluso ha generado uso de recursos municipales en la campaña de la carta favorita de Evópoli.

Pero la disputa entre las candidatas de Chile Vamos en la Región de Antofagasta no se inició ahora. Previamente las diferencias entre los partidos de oposición ya habían salido a la luz luego que se filtraran los comentarios del alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic (Evópoli), en un grupo de WhatsApp de la campaña de Calderón en el que el jefe comunal acusó a la senadora Paulina Núñez (RN) de “rata”.

Los dichos de Razmilic, que no cayeron bien en RN y que llevaron a que el partido congelara su relación con el municipio, se dieron a raíz de una entrevista que Núñez concedió a The Clinic y donde afirmaba que “no entiendo por qué Matthei no ha dicho que apoyará a Kast si él pasa segunda vuelta”.

Sin embargo, parte de esa pelea también se explica por el hecho de que la carta de RN -que según fuentes de Chile Vamos corre con ventaja en la carrera parlamentaria- decidió denunciar a su compañera de lista ante la entidad que lidera la contralora Dorothy Pérez.

El chat de la disputa

Pero es ese mismo grupo de WhatsApp el que llevó a la candidata de la RN, apoyada por Núñez, a denunciar ante la Contraloría a su competidora.

Según la denuncia a la que tuvo acceso La Tercera, la administración municipal habría incurrido en el “uso indebido de recursos públicos y la participación de funcionarios municipales de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta (...) en actividades de carácter político-electoral, contrarias a los principios de probidad y legalidad administrativa”.

Los funcionarios a los que se refiere la candidata de RN corresponden al propio alcalde, a Calderón, así como también a Matías Díaz, jefe de gabinete del alcalde; Jonathan Vergara, secretario general ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Comunitario (CMDS); José Ignacio Moreno, jefe de gabinete de la CMDS; Marcos Celedón, integrante del gabinete del alcalde; Gloria Echiburú, también del gabinete, y Fernando Melo, quien tiene el mismo cargo y también, al igual que Calderón, se encuentra con permiso sin goce de sueldo.

Todos estos funcionarios integran el grupo “Yantiel 2025″, desde donde se filtró el comentario del alcalde en contra de la senadora Núñez y donde, además, se coordinarían las actividades denunciadas por Castro.

Según el escrito ingresado ante Contraloría, “la funcionaria Yantiel Calderón, pese a estar con permiso sin goce de sueldo, mantiene instrucción directa sobre temas administrativos de Dideco y CMDS, tales como actividades del Programa Adulto Mayor, Paralimpiadas y ejecución presupuestaria, lo cual constituye ejercicio de funciones públicas durante el período de permiso, infringiendo el principio de probidad administrativa”.

Junto con eso, agrega que al estar los funcionarios municipales en el grupo de campaña, “reciben y ejecutan instrucciones de carácter administrativo provenientes de la mencionada funcionaria, lo que implica uso de tiempo y recursos institucionales para fines distintos al servicio público”.

Pero además de aquello, también afirma que en el mismo grupo existen mensajes que vinculan la gestión municipal con la campaña, “haciendo alusión a la coordinación de propaganda, reuniones políticas, difusión de actividades y manejo de información institucional, incluso utilizando lenguaje y contenido que evidencia la existencia de un equipo político dentro de estructuras municipales”.

¿Actividades con uso político?

En la denuncia ingresada ante la Contraloría, Castro adjuntó una serie de capturas de pantalla en las que se da cuenta de las presuntas coordinaciones que expone.

Por ejemplo, se presenta un mensaje de Calderón en el que en su grupo de campaña da un listado con las “cosas urgentes Dideco... por favor poner presión aquí”. Seguido de un mensaje que dice “(ahora sigo en campaña, chau) ❤️“.

En la misma conversación también se ve un video reenviado por Fernando Melo, seguido del texto “que nadie diga que Dideco no está cuadrado”, “para que nos lleven a la Contraloría con ganas”. También hay un video de José Ignacio Moreno en el que se ve cómo se imprimen los carteles de campaña.

La denuncia agrega que “se observa la coordinación de actividades municipales con posible uso político, como ferias, eventos y programas sociales, mencionando expresamente dependencias como Secoplan y OID, evidenciando que se trata de materias de gestión municipal y no de carácter privado o político partidario”.

Todo lo anterior, a juicio de la candidata de RN, constituirían presunto mal uso de recursos públicos, por lo que pide que Contraloría instruya investigaciones administrativas o sumarios en contra de los funcionarios que especificó, así como también verifique si se incurrió en el uso de dineros estatales y que determine si Calderón ha actuado legalmente o no.

Consultada al respecto, la candidata Castro afirmó que “ya se han presentado varias denuncias y aún no tenemos respuesta de Contraloría”.

“Existen antecedentes que podrían vincular directamente la gestión municipal con una campaña electoral, mediante coordinación de propaganda, reuniones políticas y uso de información institucional. Por eso solicitamos a Contraloría que investigue y aclare estos hechos, porque los recursos públicos son de todos, no de un partido ni de una candidatura”, agregó.

Por su parte, Calderón también contraatacó: “He realizado una denuncia en PDI para que se investigue y aclare cómo se filtraron conversaciones de un grupo de mensajería que era privado. No me preocupa el contenido que fue emitido en un contexto de confianza sino la acción que permitió que esos mensajes hayan terminado en un comando político, precisamente en época de campaña. Aquí aparentemente hay una acción relacionada a espionaje político. Necesitamos aclarar lo que sucedió y los responsables. Además se están preparando otras acciones legales”.