Esta semana el caso ProCultura ha hecho noticia por dos asuntos diametralmente distintos. En primer lugar, porque el martes 17 de febrero el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó por unanimidad la solicitud de desafuero en contra del gobernador metropolitano Claudio Orrego. Pero además, otro asunto polémico generó un remezón.

El lunes el fiscal Eduardo Ríos, quien encabezaba las actuaciones por encargo del fiscal regional de Antofagasta Juan Castro Bekios, pero que se encontraba con licencia hace varias semanas, comunicó su renuncia al Ministerio Público. Y lo hizo revelando que en diciembre pasado había denunciado a su superior por maltrato laboral.

La situación alertó a varios, aunque un grupo no menor de funcionarios del Ministerio Público se mostraron extrañados, dado que -como comentan en privado- habían conocido de situaciones donde Ríos había generado reproches por conductas improcedentes.

Según fuentes consultadas por este medio, el aislamiento que denuncia Ríos por parte de Castro Bekios se habría generado porque había irregularidades en su actuar en las diferentes aristas del caso ProCultura. Entre ellas, solicitudes judiciales mal formuladas y quejas de los intervinientes.

De hecho, de acuerdo con antecedentes a los que tuvo acceso La Tercera, la semana del 9 de febrero -una semana antes de que Ríos renunciara- la defensa de uno de los imputados en la arista Fachadas de ProCultura formalizó un reclamo ante Castro Bekios exponiendo una serie de anomalías. Primero lo hicieron de manera verbal, durante la jornada del martes 10 de febrero y luego se remitió un correo al fiscal regional el jueves 12.

En ese mensaje se indicaba que en septiembre de 2025 se había planteado disconformidad respecto del accionar de Ríos, vía un correo que se le envió a él mismo por parte del propio imputado, pero que nunca hubo respuesta.

Ahí sostenía que, el momento de declarar, se le impidió ingresar junto a su abogado porque aún no estaba el mandato judicial de representación, que nunca se le informó de manera clara por qué se le investigaba y que siempre colaboró.

Lo grave, eso sí, fue que le recalcó que al momento de poner a disposición su celular para que lo pudiera examinar en esa misma diligencia, nunca lo autorizó para que lo tomara, abriera su aplicación de WhatsApp e intentara comunicarse con uno de los contactos que tenía registrado.

“Sin perjuicio de mi total disposición a colaborar, la transparencia con la que respondí cada una de sus preguntas e indicaciones, y el hecho de que durante la declaración autoricé la revisión de mi teléfono celular personal, quiero dejar constancia de que NUNCA autoricé el envío de mensajes de texto desde mi dispositivo móvil, lo cual fue presenciado por los asistentes”, manifestó en su correo el denunciante.

Además hizo presente que remitió el correo, junto con el respaldo del mensaje enviado sin su consentimiento por el fiscal, “con el objeto de evitar que el mensaje enviado desde mi celular personal durante mi interrogatorio pueda ser malinterpretado en el marco de la investigación. Asimismo, reiteró que, si bien accedí voluntaria y abiertamente a la revisión de todas mis conversaciones, jamás autoricé el envío de mensajes de texto a profesionales de ProCultura desde mi dispositivo móvil personal mientras prestaba declaración”.

“Estimo importante señalar que solicité expresamente que la situación descrita fuera consignada en el acta de mi declaración, sin embargo, mi requerimiento fue desestimado”, agregó el imputado.

A ese correo enviado a Ríos, como asegura el abogado defensor, nunca tuvieron respuesta y por lo mismo lo enviaron nuevamente a Castro Bekios la semana pasada, pidiéndole una reunión telemática. “Denuncia contra Fiscal Ríos Briones (arista Fachadas caso ProCultura)”, fue el asunto del correo.

“En mi calidad de abogado defensor penal privado, solicitó tener una reunión telemática con usted para plantearle una serie de infracciones cometidas por el fiscal Ríos, tanto la que aparece más abajo como otras cometidas contra otros clientes que declararon con este fiscal. La más grave consiste en el envío de un mensaje desde el teléfono celular de un imputado, sin contar con el consentimiento de mi cliente”, se lee en el mail enviado al regional y su equipo.

Al día siguiente recibieron respuesta de la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica Ximena Torres, quien les indicó que para formalizar el tema debían ingresar la denuncia por los canales oficiales. Así, pese a que en la Fiscalía de Antofagasta ya habían acusado recibido de la reclamación -catalogándola como gravísima-, durante la jornada de ayer jueves 19 de febrero la defensa del imputado ingresó la denuncia.

“Junto con saludar, interpongo denuncia contra el fiscal Eduardo Ríos Briones, por las conductas realizadas durante mi declaración, consistentes en impedir el ingreso de mi abogado, negarse a señalar los hechos precisos por los que se me investigaba, maltrato verbal y manipulación no autorizada de mi celular, en el que mandó un mensaje de texto a un externo sin mi autorización (...) Las conductas indicadas afectaron gravemente mis derechos e infringen una serie de normas legales, por lo que solicito se inicie el sumario respectivo para determinar su eventual responsabilidad y aplicar las sanciones que correspondan”, manifestó el imputado en parte de su acusación.

Considerando que la renuncia del fiscal Ríos se hará efectiva a mediados de marzo, fuentes del Ministerio Público afirman que efectivamente aún puede ser objeto de sumario administrativo, por lo que en los próximos días el fiscal regional tendría que definir pasos a seguir.

En paralelo, a raíz de la denuncia interpuesta por Ríos contra Castro Bekios, se deberá designar a un fiscal regional para que también inicie una indagación interna.