A lo largo de la indagación del denominado caso Farmacias Populares, en que la Fiscalía Regional Centro Norte investiga distintos delitos de corrupción y el rol del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, el militante comunista ha insistido en que se trata de una maniobra política. Desde que se abrió formalmente la causa, de hecho, su discurso ha sido que solo se ha buscado desprestigiarlo y dañar su imagen.

Jadue volvió a insistir en su punto en la reciente entrevista que le concedió a la excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana Karina Oliva. En ese espacio la exfrenteamplista -formalizada por el delito de fraude de subvenciones- esbozó que la imputación tiene como verdadera razón el daño que habría hecho a la industria farmacéutica con el modelo de las farmacias populares.

Sin embargo, ni sus palabras ni los elementos que ha expuesto su defensa -ahora liderada por la defensora penal pública Yessica Aguilera- a lo largo de la indagatoria que data de 2021 han frenado a la fiscal Giovanna Herrera.

Tanto así que Herrera se está preparando para llevar a Jadue a juicio. Una señal de eso es que el viernes 8 de agosto la persecutora ingresó ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago la acusación contra la exautoridad comunal y el resto de los imputados en la causa. Junto con ello, además, la fiscal acompañó un disco duro con copia digital de la carpeta investigativa. En su escrito de acusación, la persecutora además comunica el cierre de la indagatoria.

Los pasos de la fiscal Herrera podrían complicar los deseos de Jadue de ser candidato a diputado. Esto debido a que su partido ya decidió que el exalcalde compita por el distrito 9, que incluye a Recoleta. La misma zona electoral de la actual diputada Karol Cariola, quien desocupará su escaño para competir como senadora por Valparaíso.

La amenaza para Jadue está fijada en la propia Constitución, ya que es ahí donde se establece que un ciudadano perderá su derecho a sufragio “por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva”. Además la Carta Fundamental establece que “para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio”.

El futuro político de Jadue depende de su derecho a sufragio. Por eso la mirada está puesta en el Servel. El lunes 18 de agosto el organismo electoral publicará los padrones electorales auditados y las nóminas de electores inhabilitados para sufragar. Luego de eso se abre un plazo de 10 días para reclamar, el cual termina el jueves 28 de agosto.

Más plazo de investigación

Pese a los deseos de la fiscal Herrera para cerrar la indagatoria y dar curso a la acusación, todo quedará pendiente hasta la audiencia que está fijada para el 28 de agosto. Será ahí donde se discutan la acusación y otros asuntos.

Pese a que se desconocen los detalles del escrito acusatorio, las defensas de Jadue y del imputado Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de Achifarp, buscarán aplazar el cierre de la indagatoria, dilatando la acusación y así solicitar más plazo de investigación.

Así lo expusieron los abogados de ambos ante el tribunal, instancia que confirmó la audiencia programada para fin de mes con el objetivo de que se discuta ese petición.

“Atendido lo dispuesto en el artículo 10 del Código Procesal Penal, y considerando que la defensa penal pública del imputado Óscar Jadue ha presentado, con fechas 30 y 31 de julio de 2025, un recurso de reposición en contra de la resolución que dejó sin efecto la audiencia de aumento de plazo de investigación, y una solicitud de cautela de garantías para efectos de establecer un plazo judicial de cierre de investigación, se fija audiencia para realizarse el día 28 de agosto de 2025, a las 10:00 horas”, se lee en la resolución de la jueza Paulina Moya.

La defensa de Muñoz, por su parte, también adhirió a la solicitud, “debido al interés de la defensa técnica de concretar diligencias investigativas en cautela de los derechos del imputado y de desarrollar una teoría del caso frente a un juicio oral”.