La nueva cruzada de las "universidades ciudadanas"

A principios del siglo pasado, en 1919, los penquistas se organizaron y lograron fundar la Universidad de Concepción. Años después, en 1954, en Valdivia se vivió un proceso similar y se logró que por medio de un decreto supremo se creara la Universidad Austral. Ambos planteles corresponden a corporaciones de derecho privado que tienen juntas de socios compuestas por la comunidad que las rodea.

Por mucho tiempo fueron conocidas como "las universidades ciudadanas", dado su origen, y a que no tienen un dueño, según recuerda el rector de la U. Austral, Óscar Galindo.

El problema que viven actualmente estas instituciones es que al ser privadas se han visto envueltas en la discusión respecto de la existencia de controladores con fines de lucro en algunos planteles privados. Esto debido a que el Tribunal Constitucional decidió bajar de la futura ley de educación superior la prohibición de que los sostenedores persigan beneficios económicos.

Para estas tres universidades, su realidad dista mucho de aquellas instituciones creadas con posterioridad a 1981, aunque su composición incluyan a personas naturales y sociedades comerciales.

La U. de Concepción, según sus estatutos, posee una junta de socios que puede tener un máximo de 600 integrantes, quienes deben pagar una cuota anual máxima de 15 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). La mitad de estos miembros son académicos de la institución y el resto personas naturales y algunas empresas de la zona. Tiene un directorio compuesto por 11 personas: el rector y 10 miembros de la junta que no pueden ser académicos.

El plantel del Biobío tiene entre sus financistas a la Lotería de Concepción, creada al alero de la universidad en 1921 para generar recursos que permitieran costear los gastos de su fundación, como por ejemplo la compra de terrenos.

En el caso de la U. Austral, tiene actualmente cerca de 150 socios y de acuerdo a lo que explica el rector Galindo, "nuestras asambleas de asociados se constituyen con personas que quieren colaborar con la buena marcha de la universidad, cualquier persona natural o jurídica puede solicitar ingresar a la asamblea de socios de nuestra universidad. Es una asamblea abierta y solo se exige el pago de una cuota social de 2 UTM al año".

La mayoría de los integrantes son personas naturales, hay exalumnos, vecinos de las ciudades del sur de Chile, organizaciones como colegios profesionales y empresas como Colun y el Obispado de Valdivia. Ellos no participan en la elección del rector y de ninguna autoridad universitaria.

Ambos planteles fueron creados por ley, porque era la única manera que existía antes de 1981 para fundar una universidad en Chile. Por esto se consideran Ues. públicas, e incluso autoridades como la exministra de Educación Adriana Delpiano plantearon que bien podrían considerarse como Ues. estatales, al igual que la U. Federico Santa María, que pese a ser privada, como la U. de Concepción y la U. Austral, se considera diferente a aquellas creadas después de 1981.

La Universidad Técnica Federico Santa María nació en 1929 por voluntad testamentaria de Federico Santa María. "Él fue un hombre de mucho dinero y donó toda su riqueza para crear una universidad para Chile", explica el rector Darcy Fuenzalida.

"Se crea sobre la base de una fundación y actúa como cualquier universidad estatal. Todas sus autoridades son electas a través de sus profesores, el Consejo Superior, el Consejo Académico y el Consejo Normativo son elegidos por los profesores y participan los profesores, funcionarios y estudiantes", indica el rector.

El Consejo Superior está compuesto por representantes de los profesores, estudiantes, funcionarios, un integrante es nombrado por el Presidente de la República. Y también hay un representante de la comunidad nacional.

¿Cuál es la diferencia entre estos tres planteles y las otras universidades privadas? Según los rectores hay dos argumentos fundamentales: que ninguna de ellas tiene un dueño o propietario y que son planteles públicos.

Pese a ello, esta semana el ministro de Educación, Gerardo Varela, mencionó en una columna que la U. Austral, U. de Concepción y U. Federico Santa María "tienen sociedades con fines de lucro entre sus miembros. El ejemplo que nos dan esas universidades demuestra que se puede cumplir con los nobles fines académicos y los principios que inspiran a una universidad con independencia de la naturaleza jurídica de sus miembros, fundadores o controladores".

Dicha apreciación indignó a los rectores, quienes en la última semana ya estaban molestos porque algunos parlamentarios, abogados y expertos en educación también los comparaban con universidades como la U. de las Américas, U. Andrés Bello y U. Viña del Mar, que son de propiedad del grupo Laureate, investigado por un posible caso de lucro con sus propias instituciones.

"No se puede confundir a una universidad pública con una privada creada después de 1981 que sí puede tener controladores. Nunca hemos tenido controladores, ni socios, ni miembros, porque somos una fundación", enfatiza el rector Fuenzalida, de la U. Federico Santa María.

Mientras, su par de la U. Austral afirma enfáticamente que "somos universidades que no tienen propietarios ni controladores y por eso son universidades ciudadanas, que pertenecen al país". Y agrega que "hay una enorme diferencia con las universidades creadas después de 1981, que en muchos casos tienen directorios cerrados, que tienen la facultad de controlar la institución y nombrar a las autoridades, entre otras materias. Por ello, el Artículo 63 de la ley no es aplicable a nuestras universidades, porque se refiere a aquellas que tienen controladores y no es nuestro caso".