Son 24 los recursos de protección que se presentaron entre el 19 de enero y el 7 de febrero en diversas cortes de apelaciones del país por usuarios del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) -que incluye a menores de edad- y del Programa de Salud Trans. Esto, con el objetivo de detener el oficio de Contraloría con el cual la contralora Dorothy Pérez quiere fiscalizar estos programas. En dicha solicitud de información, en el marco de una auditoría, se requería la entrega de datos personales sensibles de los pacientes.

Si bien la mayoría de estos recursos fueron terminados o declarados inadmisibles por los tribunales de alzada, actualmente hay siete de estas acciones de protección que continúan en tramitación y que podrían impedir definitivamente el traspaso de datos personales -como RUT, nombre social, nombre legal y fecha de ingreso al programa- al ente fiscalizador. Además hay 13 recursos reservados, debido a que se trata de menores de edad.

De los siete, tres se encuentran en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y el resto se divide en las cortes de San Miguel, Antofagasta, Iquique y Chillán. Sin embargo, a estos se podrían sumar cinco recursos más que actualmente se encuentran pendientes de continuar con su tramitación.

El caso del tribunal de alzada porteño es particular, pues fue el primer tribunal que ha acogido las órdenes de no innovar solicitadas por los requirentes. Luego de Valparaíso, lo mismo hizo la jurisdicción de Antofagasta.

En dichas órdenes se pide dejar sin efecto, de manera momentánea, los efectos del oficio de Contraloría con el que se piden datos individualizados que son parte de las fichas médicas de los pacientes. La decisión de las cortes provocó que el ente fiscalizador no pueda acceder, al menos por ahora, a los datos solicitados.

Una situación distinta es la que ha ocurrido en las jurisdicciones de Santiago y Concepción. Ambas cortes suman en total 13 recursos presentados. De todos ellos, algunos han sido declarados inadmisibles y otros están a la espera de continuar su tramitación.

Los requerimientos ante la Corte de Valparaíso fueron presentados por Nicolás Escobar (30), Astrid Labra -en representación de su hijo menor de edad-, Valentinno Rojas (32) y Valeria López -también en representación de su hijo-. Todos ellos, en sus respectivos litigios, argumentaron que la orden de Contraloría vulnera garantías constituciones como la protección a los datos personales.

La abogada Lorena Madrid, integrante de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), es quien lleva adelante uno de los recursos en la corte porteña. Madrid asegura que “es inaceptable que la Contraloría no reconozca que lo que está en juego acá es la dignidad, la integridad y la vida privada, no solo de los adultos, sino especialmente de niñas, niños y adolescentes que ya están en una posición de alta vulnerabilidad por sus procesos de transición”.

En este sentido, la abogada agrega que “hay otros mecanismos que la Contraloría puede utilizar para verificar el correcto uso de los fondos. ¿Para qué necesitan saber información específica que identifica a cada usuario?”

Esta compleja batalla judicial por ahora está radicada en las cortes de apelaciones. Sin embargo, la última palabra se zanjará cuando los recursos lleguen hasta la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Críticas al requerimiento

Tras el anuncio de Contraloría, varias organizaciones que agrupan a personas trans criticaron el recurso y llamaron a presentar reclamos contra el mismo. La presidenta de Organizando Trans Diversidades (OTD), Ignacia Oyarzún, menciona que “la información requerida por Contraloría no es necesaria estrictamente para poder llevar adelante la fiscalización”.

Sobre el requerimiento, Oyarzún añade que “solicitar información tan particular es alarmante del punto de vista de la vulneración de derechos de la niñez y de personas que se atienden en el sistema público”.

Pero no fue solamente desde la comunidad trans que se criticó la solicitud de Contraloría. Desde la subsecretaría de Redes Asistenciales afirmaron que la “información solicitada corresponde a datos nominados personales y clínicos de alta sensibilidad, cuya divulgación podría generar riesgos reales para su seguridad, su bienestar y su salud mental”.

Debido a esto, tal como indicaron en su respuesta al oficio del ente fiscalizador, desde la Subsecretaría mencionaron que “nuestra disposición es clara: entregar toda la información administrativa y financiera que sea necesaria, pero asegurando que el tratamiento de esos antecedentes se realice con criterios de resguardo adecuados, como la anonimización, de modo de cumplir los objetivos de fiscalización sin exponer identidades ni historias clínicas de menores”.

Asimismo, la Defensoría de la Niñez presentó un oficio ante la solicitud del ente fiscalizador. En el escrito advirtieron que “la solicitud de identificación o individualización de dichas personas comprende antecedentes vinculados a su salud, identidad de género y procesos de acompañamiento clínico y psicosocial, los que constituyen datos personales y sensibles en los términos de las leyes N°20.584 y N°21.430, relativos además a un grupo de especial protección. La cesión, transferencia o tratamiento de este tipo de información conlleva riesgos relevantes de vulneración de derechos fundamentales para niños, niñas y adolescentes”.

La respuesta del ente fiscalizador

En un informe enviado a la Corte de Apelaciones de San Miguel ante el recurso de protección puesto en su contra, el ente fiscalizador detalló sus razones para solicitar los datos personales de los beneficiarios de los dos programas ya mencionados.

La Contraloría postuló que la única forma de fiscalizar aspectos como “el cumplimiento de las prestaciones asociadas; las transferencias o entrega de recursos y/o beneficios a los interesados, en los términos en que la normativa lo dispuso; la circunstancia de que se hayan empleado e invertido correctamente los recursos públicos que la ley autorizó para ello”, es mediante el conocimiento de los datos personales solicitados a las Subsecretaría.

“Ello con la exclusiva finalidad de confirmar que, efectivamente, el órgano público atendió a los interesados, cómo y cuándo lo hizo, si las prestaciones o atenciones involucradas se otorgaron en la forma prevista, entre ellas, en lo que concierne al suministro de medicamentos”, se lee en el informe entregado al tribunal de San Miguel.

Otro argumento entregado por la Contraloría es que el organismo también tiene la obligación de reserva de información sensible. De hecho ejemplifican relatando que “debe tenerse presente que esta entidad de control, en el ejercicio de sus funciones propias, maneja desde siempre información altamente sensible”.

Asimismo, el ente fiscalizador resaltó la necesidad de fiscalizar el PAIG y el programa de Salud Trans, ya que nunca han sido auditados por la Contraloría y los montos públicos entregados a ambos desde 2023 ascienden a más de $13.000 millones.