Fue el martes 16 de diciembre que el Presidente Gabriel Boric anunció la reforma que alertó a las asociaciones de funcionarios de Gendarmería. Como detalló el mandatario, el organismo pasará a ser una institución dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, quedando las competencias de reinserción alojadas en el Ministerio de Justicia.

Todo, como respuesta a los resultados que tuvo la denominada Operación Apocalipsis, que lideró la Fiscalía Regional Occidente y que culminó con la detención de 47 gendarmes y 23 civiles.

A pesar de que varios expertos en la materia valoraron la iniciativa, entre funcionarios no cayó nada bien, principalmente por dos factores. Primero, porque consideran que separar las labores de seguridad de las de reinserción es un error, y segundo, porque el efecto inmediato del traspaso es que se pondrá fin a las asociaciones de funcionarios.

Como han detallado las autoridades de gobierno, el hecho de que Gendarmería pase a ser una institución de Seguridad implica que ahora será una institución ordenada, jerarquizada y obediente, lo que excluye la posibilidad de que funcionarios tengan sindicatos. “Una institución de orden y seguridad pública no puede tener sindicatos con armas”, ha dicho el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

A juicio de Isidro Solís, exministro de Justicia y exdirector de Gendarmería, el traspaso de la institución penitenciaria al Ministerio de Seguridad es “totalmente coherente”.

En esa línea, la exautoridad explica que Gendarmería deberá seguir una “lógica de funcionamiento” con Carabineros y la PDI, organismos que no cuentan con gremios. Lo anterior, sostiene Solís, porque está estipulado en “la norma constitucional que los pone dentro del capítulo de Fuerzas Armadas y organismos de seguridad y, en segundo lugar, sus propias leyes orgánicas”.

Para el exministro de Justicia José Antonio Gómez, también se trata de un cambio correcto, aunque sostiene que para eliminar los gremios tendrá que fijarse una ley especial en la cual se establezcan estos nuevos criterios: “No creo que solo el traspaso evite el tener asociaciones”.

¿Qué dicen los gremios?

Actualmente, según Gendarmería, existen ocho asociaciones de funcionarios. Una de ellas es la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), desde donde su tesorero, Jannsen Albornoz, comentó a La Tercera que hay preocupación. “Desvincular a Gendarmería de la labor de reinserción supone generar una serie de dificultades adicionales para el cumplimiento efectivo de los objetivos, especialmente desde la perspectiva de una futura y necesaria coordinación interinstitucional”, explicó.

Según Albornoz, “sostener que la eliminación de los gremios permitirá resolver los problemas de fondo demuestra que la autoridad política aún no comprende que estos son de carácter estructural, asociados principalmente a la falta de recursos y a una débil coordinación estatal".

“Los gremios han sido impulsores de iniciativas orientadas no solo a mejorar las condiciones laborales, sino también a elevar los estándares de seguridad, sin los cuales el servicio probablemente se encontraría en una crisis aún mayor”, anadió el gendarme.

Aunque la mirada de Albornoz se repite entre la mayoría de las asociaciones, en la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop) existe una aproximación distinta.

El presidente de dicha colectividad, Mario Benítez, sostuvo que “la decisión del gobierno, sin duda alguna, fortalecerá Gendarmería, pues permitirá organizarse como una institución de orden y seguridad, dar forma robusta en lo normativo, con una visión estratégica respecto del control de la criminalidad, con un foco en el crimen organizado, que repercute directamente en la mayor demanda ciudadana, que es la seguridad".

A su juicio, “la existencia de gremios al interior de Gendarmería, que posee el monopolio de la fuerza y las armas, genera una suerte de impedimento para el ejercicio de la autoridad y con ello el control (...) Además, la gran cantidad de gremios que se han creado ha generado fuertes disputas por el control del personal, pues existe una competencia por quién tiene la mayor cantidad de asociados”.

Su posición es compartida por el exdirector de Gendarmería Christian Alveal, quien si bien reconoce el aporte que tuvieron en su momento los gremios, afirma que es hora de dejarlos atrás: “Junto con la robustez que esta reforma dará a Gendarmería, también se dará mejor protección a los funcionarios. Ya no estarán invisibilizados, con lo que las asociaciones pierden razón de existir”.

Carta al presidente

Si bien las posturas de Ansog y Anop aparecen enfrentadas, en el Frente de Trabajadores Penitenciarios -que congrega alrededor del 95% de los funcionarios, según ellos mismos sostienen- alcanzaron un consenso y enviaron una carta al Presidente Boric.

En la misiva evidenciaron total desacuerdo con la reforma y aseguraron que se trata de “una maniobra improvisada, impulsada por un creciente populismo penitenciario que, en lugar de analizar en profundidad los problemas, cae en una solución impulsada por una oficialidad que ha abandonado los establecimientos penitenciarios”.

Recordaron, en ese sentido, que Naciones Unidas “ha recomendado mantener los servicios penitenciarios como auxiliares de la administración de justicia en lugar de una fuerza de orden y seguridad, ya que así el personal se entiende como un ejecutor de resoluciones judiciales y no como mero represor”.

“La mirada estratégica y, por tanto, el desafío legislativo no radican en dividir funciones, ni tampoco proscribir asociaciones, sino en perfeccionar su articulación, asegurando un sistema penitenciario eficaz, coherente y compatible con los compromisos internacionales del Estado”, complementaron.

El gremio hizo presente, además, que “no existe ninguna garantía de que una operación de maquillaje de este tipo elimine las malas prácticas y la corrupción que, desde luego, repudiamos con fuerza”.