La crisis desatada en La Moneda por la muerte del funcionario Hugo Morales Lobos, ocurrida el 28 de septiembre de 2024 -quien trabajó como gasfiter durante 18 horas seguidas, según consignó una investigación de la Dirección del Trabajo (DT) revelada por este medio-, sumó un nuevo capítulo tras un pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR) en el que rechazó el sumario hecho en Palacio tras el suceso.

En el oficio N.° E61224, fechado el 11 de abril de 2025, el ente fiscalizador rechazó la resolución con la que la Dirección Administrativa de la Presidencia buscaba cerrar el sumario por el accidente fatal, señalando que la investigación fue “incompleta” y que se omitieron diligencias clave.

Durante meses, la entonces ministra del Trabajo y hoy candidata presidencial, Jeannette Jara (PC), aseguró que se realizaría “una investigación objetiva y rápida”, luego de una reunión con la familia de Morales.

No obstante, la entidad contralora ha sido categórica afirmando que “la indagatoria es incompleta, dado que la misma solo se complementa con las denominadas medidas para mejor resolver, dispuestas por la propia fiscal”, según sostiene el jefe de la División de Función Pública del organismo, Alejandro Riquelme.

Según el documento, el sumario avanzó sin ajustarse a derecho y desatendió posibles responsabilidades de altos mandos, señalando observaciones directas a la Dirección Administrativa, hoy encabezada por Antonia Illanes, exsubsecretaria de Deporte.

En ese entonces la dirección estuvo liderada por una de las personeras cercanas al Presidente Gabriel Boric: la socióloga Antonia Rozas, quien tras la exposición del informe de la DT y el aumento de la presión pública presentó su renuncia.

Irregularidades y fondo sin investigar

Contraloría también asevera que “se efectuaron una serie de diligencias con posterioridad al cierre de la investigación, sin que estas hubiesen sido ordenadas por la autoridad que ostenta la potestad disciplinaria”, lo que contraviene el artículo 140 del Estatuto Administrativo.

Además, se utilizaron antecedentes no incluidos en la formulación original de cargos: “Tanto la vista fiscal como el acto objeto del presente examen preventivo (...) consideran la documentación incorporada bajo la fórmula ‘medidas para mejor resolver’ (...) sin que ello haya sido fundamento de los cargos efectuados a los inculpados”.

El órgano contralor advirtió que “no consta que se hayan investigado las presuntas responsabilidades que pudiesen asistirles a la jefatura del Departamento de Gestión de las Personas y al encargado de la Sección de Prevención de Riesgos”, pese a que sus funciones están definidas en la resolución exenta N.° 978, de 2018.

Uno de los puntos más sensibles del documento apunta a la fallida atención de urgencia a Morales.

La declaración del encargado de Prevención de Riesgos señala que “la ambulancia del SAMU que fue a socorrer al señor Morales Lobos, debido a su altura, no pudo ingresar por el estacionamiento subterráneo del Palacio de La Moneda”. Esto, según Contraloría, evidencia “una desatención o falta de aplicabilidad del Plan de Emergencia del Palacio de La Moneda”, además de los procedimientos frente a accidentes laborales.

A esto se suma que la Presidencia informó a la Inspección del Trabajo y a la Seremi de Salud Metropolitana sobre el accidente “el día 30 de septiembre de 2024, esto es, dos días después del fallecimiento”, lo que “contraviene lo previsto en el artículo 76, inciso cuarto, de la ley N.° 16.744”.

Otro elemento crítico apunta a las condiciones laborales del equipo de mantención. Contraloría advierte que no se investigaron “las condiciones de descanso del personal del Subdepartamento de Mantención Técnica cuando deben realizar turnos”, a pesar del “Informe de Análisis Ergonómico de la Mutual de Seguridad”, que incluye fotografías del taller de mantención que, además, era utilizado para descansar.

En su resolución, Contraloría es tajante: “Debe retrotraerse el procedimiento disciplinario a la etapa indagatoria, a fin de que se investiguen las eventuales responsabilidades administrativas que al efecto corresponda”.

El caso, que ya había generado incomodidad en Palacio, vuelve a poner presión sobre la Dirección Administrativa de la Presidencia y a la cual tuvo que responder la vocera subrogante del gobierno, Aisén Etcheverry, quien señaló que “efectivamente, como parte del proceso del sumario se hacen estas revisiones por Contraloría. Contraloría solicitó revisar algunas de las acciones o medidas que se realizaron a propósito del sumario”.

“Lo que sí es que el miércoles pasado (18 de junio) la Dirección Administrativa de la Presidencia se reunió con la familia para poder ponerlos al tanto de todo aquello que es posible comunicar”, informó la vocera (s).

“Por supuesto estamos tomando con la mayor seguridad todas las recomendaciones que hizo Contraloría a propósito del sumario para que llegue a puerto lo antes posible”, añadió.