Este sábado, la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch) valoró el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde se acogió el recurso de protección de una funcionaria municipal destituida tras la instrucción de un sumario solicitado por la Contraloría.

Por medio de una declaración, señalaron que “celebramos esta sentencia como una victoria colectiva que representa la voz de los trabajadores municipales que han sentido miedo por el hecho de enfermarse”.

“Esta sentencia restablece los principios básicos que jamás debieron perderse, como lo son: el derecho al debido proceso; a la presunción de inocencia; el derecho a defenderse; a la proporcionalidad frente a la sanción y la separación de competencias entre instituciones del Estado. Fuimos la primera organización en denunciar el sesgo anti-trabajador de la Contralora General de la República“, declararon.

Agregaron que “desde el primer momento alzamos la voz frente a las acusaciones injustas, tendenciosas y generalizadas, defendiendo la dignidad de quienes día a día sostenemos los servicios municipales. Este fallo es una victoria de la justicia, la dignidad, el sentido común, del restablecimiento del Estado de derecho y una clara advertencia frente a los excesos de la Contraloría respecto de su equivocada interpretación sobre los temas de salud laboral".

“Este fallo protege a miles de trabajadores municipales que han sido cuestionados injustamente por su condición de salud. Obliga a los municipios a revisar los sumarios instruidos por la Contraloría y fortalece la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales. Este fallo afirma que la enfermedad laboral y la enfermedad común no son faltas a la probidad, sino, un derecho humano que debe ser respetado por todas las autoridades e instituciones del Estado” explicaron.

En el comunicado enfatizaron que “reconocemos el rol fiscalizador de la Contraloría, pero su función no puede transformarse en una cruzada moral contra los trabajadores municipales, arrogándose facultades que no le corresponden, dictando juicios médicos o instruyendo sumarios sin ser competente. Ninguna autoridad puede ejercer más atribuciones de las que la ley le ha otorgado”

Finalizaron indicando que “seremos claros y categóricos, enfrentaremos a toda autoridad cuya iniciativa política o administrativa lesione gravemente los derechos fundamentales de los trabajadores. No permitiremos que el sesgo ideológico de una autoridad sea la orientación para medir el desempeño de los trabajadores con el propósito de destituirlos. Llevaremos a los tribunales de justicia a toda autoridad que a través de sus acciones sobrepasen el ámbito de sus atribuciones, a la que acusaremos de prevaricación. Denunciaremos toda actuación de una autoridad que use a la administración pública como medio para construir tesis inconsistentes con el objetivo de perseguir a trabajadores municipales y denostar la labor que cumplimos".