Este lunes, el gobierno informó la toma de razón, por parte de la Contraloría, al decreto supremo con el que la administración del Presidente Gabriel Boric concretó el cambio el estatus de Punta Peuco, pasando de un recinto penal -donde están recluidos los condenados por violación a los derechos humanos durante la dictadura- a un establecimiento penitenciario común.

El decreto, al cual tuvo acceso La Tercera, fue visado con alcances por la Contraloría el pasado miércoles 29 de octubre por la contralora (s) Carolina Requena. En cuatro páginas, el Ejecutivo fundamentó y expuso los cambios normativos aplicados para cambiar el régimen de la cárcel ubicada en la comuna de Tiltil, construida en 1995 y que alberga actualmente a poco más de 140 presos.

Al comienzo del escrito -titulado como “Modifica el Decreto Suprema N° 580 de 1995 que crea establecimiento penal en comuna de Tiltil con la denominación que indica"- especifica todas las regulaciones citadas para efectuar el cambio de régimen del recinto. Especialmente, como dice su título, el decreto del Ministerio de Justicia con el que se que creó dicho recinto penal durante la administración del expresidente Eduardo Frei.

Junto con citar regulación penal sobre trato igualitario, la cartera encabezada por el ministro Jaime Gajardo (PC) fundamenta las razones para dar término al régimen especial de la cárcel para condenados por delitos de lesa humanidad, la que ahora también recibirá a reos de otros ilícitos.

“No resulta plausible mantener un establecimiento penitenciario especial de las características del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, razón por la cual, en mérito de las circunstancias y preceptivas enunciadas, esta autoridad dispondrá, a través del presente acto administrativo, la modificación del Decreto Supremo N° 580 de 1995, del Ministerio de Justicia, en el sentido de cambiar la denominación y finalidad del establecimiento penitenciario creado", se lee en el decreto que tomó razón la Contraloría.

El detalle de los cambios normativos

Los cambios que establece el decreto, en su segundo apartado, son variados y todos respecto al decreto que creó la cárcel de Punta Peuco. El primero lo que hace es suprimir la palabra “especial” con el que se denominaba la cárcel.

Seguido de aquello, también elimina el párrafo del decreto de 1995 con el que se justificaba “la necesidad de que exista un establecimiento penitenciario que reúna especiales condiciones de seguridad, que asegure la integridad física y síquica de las personas que permanecerán en él, a quienes debe prestarse dicho tratamiento en atención a la particularidad de sus condiciones personales”.

Sobre las modificaciones al mismo Decreto Supremo N° 580, se estipula reemplazar el nombre “Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco” por el de “Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil”, la nueva denominación de la cárcel, lo que también fue destacado por Boric este lunes.

Por último, también se pide reemplazar la especificación de la dirección y administración de esa cárcel por una más detallada: “Se deja constancia que la dirección y administración del establecimiento penitenciario que se crea corresponderá a Gendarmería de Chile y se regirá por lo establecido en el Decreto Supremo N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el ‘Reglamento de Establecimientos Penitenciarios’ y por la demás normativas vigentes aplicables’“.

“Es también un acto de justicia”

El fin del régimen especial de Punta Peuco fue anunciado por el Presidente Boric durante la cuenta pública del 1 de junio pasado. El decreto que concretó dicho cambio, según da cuenta el escrito, se emitió por parte de Justicia el 19 de junio hacia la Contraloría. Ocho días antes de aquello, citan, se recibió un informe de Gendarmería refiriéndose al cambio.

De hecho, el mismo Mandatario destacó este lunes que “como lo dije en mi última cuenta pública, el hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación".

Junto con afirmar que se están realizando obras en la cárcel para adaptarla a su nueva denominación, afirmó que “esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia (...) Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio”.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), destacó que con este cambio, la cárcel de Punta Peuco “pasa a convertirse en un penal común, como siempre debió haber sido”.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, señaló que “el Presidente está de salida y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado, pero es tarde”.

El también abanderado presidencial Johannes Kayser (Partido Nacional Libertario) dijo que con esta decisión se “está cometiendo una violación a los derechos humanos”. Mientras que Marco Enríquez-Ominami, por su parte, aseguró que “nos parece bien que el penal de Punta Peuco deje de ser un penal de privilegios, eso sí, también nos gustaría nivelar hacia arriba”.

El visto bueno que hizo Contraloría generó que la presidenta de la Fundación Justicia y Verdad, Loreto Iturriaga, y el abogado de esa fundación, Raúl Meza, ingresaran este martes un recurso de protección ante la Corte de Santiago, alegando una vulneración al “derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de internos adultos mayores con enfermedades crónicas terminales”.