“Los detectives no accedieron a entregar copia de la resolución del tribunal”: Las gestiones del abogado de Karol Cariola tras allanamiento

La diputada comunista Karol Cariola fichó al abogado Juan Carlos Manríquez para su representación en el marco de la investigación que está llevando el fiscal Patricio Cooper en su contra por el presunto tráfico de influencias, en una arista derivada del caso Sierra Bella.

El fiscal ordenó que la Policía de Investigaciones allanara el departamento de la parlamentaria el lunes 3 de marzo, mismo día en Cariola estaba dando a luz a su primer hijo en un hospital de la capital. El timing del operativo fue criticado por un grupo de parlamentarios, mientras que el persecutor se defendió diciendo que “era urgente” realizarlo en ese momento.

La premura del operativo, explicó en entrevista con La Tercera, se debió a que ese mismo día la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler había accedido a un informe de la PDI en que se detallaban conversaciones con Cariola que podrían ser constitutiva de delito y -debido a su nexo de amistad- se ponía en riesgo el éxito de la investigación.

Este sábado 8 de marzo, el abogado de Cariola comunicó que ya realizó dos diligencias en favor de su representada: por un lado presentó un escrito solicitando la nulidad de las acciones realizadas por la PDI el lunes 3 de marzo, y por otro, estampó un reclamo dirigido al director nacional de la policía civil, Eduardo Cerna, por el actuar de los funcionarios en el procedimiento.

En el escrito presentado ante el 7° Juzgado de Garantía, Manríquez pide que la resolución de la magistrada Carla Capello sea declarada nula.

“Vengo en promover incidente de nulidad respecto de la resolución dictada por S.S., que autorizó la entrada, registro e incautación de especies en el domicilio de mi representada, particularmente de su teléfono y computador, todo sin audiencia ni notificación previa y como consecuencia de ello, también respecto de la actuación propiamente tal de incautación llevada adelante por la Policía de Investigaciones”, dice el texto.

En ese sentido, agrega que “se trata de actuaciones o diligencias judiciales defectuosa del procedimiento, puesto que tienen como fundamento y antecedente una solicitud de medidas intrusivas que contiene información errónea y graves omisiones, y que llevan a la fiscalía a pedir una diligencia improcedente e innecesaria, sin suficiente fundamento en la realidad, respecto de la que si el tribunal hubiera tenido todos los antecedentes reales, no habría procedido a autorizarla por no cumplirse con los estándares mínimos que exige nuestro ordenamiento”.

En forma subsidiaria, en caso de no acoger la nulidad, el legista pidió que se cite a audiencia de cautela de garantías, ante la posible vulneración del derecho consagrado en el artículo 19 N.º 4 de la Constitución Política”. Esto es, explica, el derecho a la intimidad, vida privada y datos personales, en el contexto de las diligencias de investigación.

Por otro lado, el abogado de Cariola presentó un reclamo contra los tres PDI que realizaron el allanamiento, un hombre y dos mujeres.

“En la ejecución de esa actuación se incumplieron gravemente protocolos reglas legales y supralegales que obligan al estado a ejecutar estas medidas con especial cuidado tratándose de sujetos vulnerables”, afirma el abogado.

En el texto, Manríquez presentó una cronología de los hechos, que comenzaron a las 4.33 del lunes, hora en que nació el hijo de Cariola, “luego de más de 20 horas de trabajo de parto”.

“Mientras la abuela paterna del hijo recién nacido, junto con sus otros nietos, se preparaban para acudir al hospital, se encontraron con efectivos de la PDI en la puerta del domicilio de mi representada, que solicitaban entrar al departamento”, dice el texto.

Así las cosas, dice el abogado en el escrito, “la abuela paterna, una adulto mayor, les rogó que por favor esperarán ya que doña Karol Cariola estaba en el hospital recién saliendo de un extenso trabajo de parto, internada junto con su hijo recién nacido. La respuesta a todo fue un rotundo “no”, e incluso la PDI le informó que tenían un vehículo afuera del Hospital listo para ejecutar la diligencia”.

Fue en ese momento cuando la pareja de Cariola, el diputado Tomás de Rementería, padre del recién nacido, “aún con traje quirúrgico, con una hora de sueño, entremedio de las 20 horas de trabajo de parto, tuvo que salir del hospital a ver qué quería la PDI y además a contener a una mujer mayor y a dos niños pequeños que en ese momento solo esperaban conocer a su nieto y hermano”.

Cuando De Rementería llegó al departamento se encontró con tres funcionarios de la PDI, “quienes le indican que, entre otras cosas, querían llevarse el teléfono donde su hija de 3 años ve videos en YouTube”.

“Ante la petición del teléfono le señalan que si no lo entregan harán entrar a policías al hospital y repiten de nuevo que había un carro fuera, que saben en qué hospital está, y que no querían que fuera “con escándalo””, dice el reclamo.

Ante eso, el diputado señaló que “eso no era necesario y que coordinaran, ya que la madre de Karol Cariola haría entrega del equipo móvil. Los equipos electrónicos fueron entregados, pero los detectives no accedieron a entregar una copia de la resolución del tribunal”.

Manríquez dice que la interacción siempre se produjo con policías de sexo masculino y “no se tomó en consideración la integridad de sus tres hijos , del estado de salud de Karol Cariola, ni de las abuelas”. Además del reclamo, Manríquez pidió que la PDI haga una investigación sumaria por el trabajo policial.