Una ampliación de la querella presentada en febrero presentó Toesca este martes, en el marco de las acciones que ha tomado para recuperar parte de los recursos gestionados por los fondos de inversión de Sartor, entregados a Toesca por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para su liquidación.

La acción judicial -interpuesta por el abogado Sergio Rodríguez- vuelve a estar dirigida en contra de Pedro Pablo Larraín Mery, Miguel Luis León Núñez, Mauro Valdés Raczynski, Óscar Alejandro Ebel Sepúlveda, Michael Mark Clark Varela, Alfredo Ignacio Harz Castro, Rodrigo Eduardo Bustamante García, Juan Carlos Jorquera Salhus y en contra de todos aquellos que resultaren responsables en calidad de autores, cómplices, o encubridores de los delitos de negociación incompatible y administración desleal.

En concreto, la acción judicial agrega a la querella de febrero dos hechos específicos: uno está relacionado a la cadena de financiamiento estructurada para invertir en un proyecto inmobiliario en Estados Unidos; y el segundo, a un financiamiento obtenido con Atlas Bank.

Desarrollo en Miami

La querella detalla que, durante el segundo semestre de 2022, Sartor, a través de distintos vehículos y fondos, “destinó un volumen significativo de recursos para invertir directa o indirectamente en un proyecto inmobiliario en Miami”, el cual fue denominado One River Point, ubicado en 90 SW 3rd Street, Miami, desarrollado en su origen por KAR Properties.

La acción judicial especifica que, a través de distintos vehículos, inyectó alrededor entre US$ 40 millones y US$ 50 millones a ese proyecto, con compromisos futuros adicionales estimados en cerca de US$ 30 millones.

Para lograr la inyección de dichos recursos- dice el documento- en 2022 Sartor invirtió directamente con dineros del Fondo Táctico Internacional la suma de US$ 6.180.000; con el Fondo Proyección agregó otros $3.000 millones; el Fondo Leasing, $12.700 millones; y Fondo Táctico, en específico a través del FIP Deuda Privada, $2.350 millones. Estas transferencias totalizaron US$25 millones. Adicionalmente, se creó un fondo diseñado para invertir en este proyecto: Inversión Sartor Oportunidad y Desarrollo, que aportó US$10 millones en el proyecto.

Según la querella, el hecho de que Proyección, Leasing y Táctico hayan invertido en pesos, siendo que el proyecto era en dólares, “generó un riesgo de tipo de cambio que se tradujo en pérdidas por aproximadamente $3.500 millones (US$3,5 millones)”.

El relato del abogado detalla que, ante esa situación, y al riesgo adicional de concentrar un monto importante en un solo proyecto, Sartor AGF comenzó a concentrar la deuda en el Fondo Táctico Internacional. Este último tomó las deudas de Proyección, Leasing y Táctico (FIP Deuda Privada) hasta concentrar el 100% de las acreencias contra Asesorías e Inversiones Cerro El Plomo SpA, Cepsa, sociedad sobre la cual Pedro Pablo Larraín ejercía control y representación legal sobre la sociedad, dice la acción legal.

“Con ello, Táctico Internacional concentró cerca del 65% de sus activos en un solo proyecto. Cepsa no fue un tercero independiente ni una inversión ordinaria. Fue el vehículo intermedio por medio del cual recursos provenientes del Fondo Tactico Internacional terminaron expuestos en una estructura inmobiliaria vinculada, de baja liquidez y sin garantías reales”, apuntó.

Toesca indica que Pedro Pablo Larraín se desempeñaba como presidente de Sartor Finance Group, bajo el cual estaba Sartor AGF, gestora del fondo Táctico Internacional y de la estructura en Islas Caimán. Además de Cepsa, era el controlador de Asesorías e Inversiones Sartor.

Así, “en tal rol ejecutivo actuaba como apoderado legal y era transversal a todas las sociedades del grupo, debido a que es accionista mayoritario y controlador de todo el grupo económico. Desde esa posición disponía de acceso privilegiado a información relevante, capacidad de influencia en la toma de decisiones estratégicas y un deber reforzado de lealtad y cuidado respecto de recursos de terceros”, dice la querella.

“Esta superposición de roles no fue casual: fue funcional a la implementación de una estructura destinada a canalizar recursos del Fondo Táctico Internacional hacia un proyecto inmobiliario en Estados Unidos, sin que el Fondo Táctico Internacional adquiriera jamás derechos directos sobre ese activo”, sostiene.

Los demás querellados Miguel León, Mauro Valdés, Óscar Alejandro Ebel, Michael Clark, Alfredo Harz y Rodrigo Bustamante García eran directores de Sartor AGF al tiempo de los hechos denunciados.

Para mantener las inversiones del Fondo Táctico Internacional fuera del territorio nacional, dice la querella, Sartor AGF creó una estructura complementaria denominada Sartor Fund SPC, constituida en Islas Caimán. El vehículo operaba, señala el escrito, “como eslabón de una cadena de intermediación diseñada para separar progresivamente al fondo chileno del activo final financiado”.

Así, los recursos aportados por los inversionistas ingresaron inicialmente al Fondo Táctico Internacional en Chile. Desde allí fueron entregados mediante préstamos a Cepsa, la que emitió pagarés en favor del Fondo Táctico Internacional.

“Cepsa operó como una sociedad meramente instrumental: ni siquiera los dineros pasaron por ella, dado que quien recibió los recursos para transferirlos a Downtown Investments LLC (sociedad constituida en Delaware, Estados Unidos) fue Asesorías e Inversiones Sartor S.A", acusa. En todas esas sociedades el administrador y representante legal era Pedro Pablo Larraín Mery y ninguna “tenía vínculo alguno con el Fondo Táctico Internacional”, indica.

“Downtown Investments LLC fue diseñada de manera tal que su control efectivo quedó radicado en Pedro Pablo Larraín Mery, sin que pudiera adoptarse decisión relevante alguna sin su consentimiento expreso, situación calificada como irregular por el estudio Duane Morris”, indica la querella.

El préstamo con Atlas Bank

El segundo hecho que fundamenta la ampliación de la querella es un préstamo obtenido de Atlas Bank, con sede en Panamá.

El escrito presentado por Sergio Rodríguez sostiene que “recursos administrados por Sartor AGF habrían sido utilizados para respaldar, financiar o facilitar obligaciones de Asesorías e Inversiones Sartor, sociedad matriz del grupo, mediante una estructura de crédito calzado con depósito que trasladó el riesgo económico al patrimonio administrado y preservó el beneficio en una sociedad relacionada”.

En 2021 la entidad panameña entregó a Asesoría e Inversiones Sartor un crédito por unos US$ 2 millones, calzado con un depósito a plazo mantenido en la misma institución con dineros de terceros del Fondo Tactico Internacional.

Según la querella, “la operación configura negociación incompatible y administración desleal”, pues el depositante es el Fondo Tactico Internacional administrado por Sartor AGF; el deudor del crédito es una sociedad del grupo Sartor; el Grupo Sartor, ejercía simultáneamente el control de la administración del depositante y la representación del deudor; y el origen de los recursos depositados es trazable hasta los aportes del Fondos Tactico Internacional".