Un hasta ahora desconocido y severo informe emanado desde la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Las Condes alertó por el estado de los semáforos en la comuna, advirtiendo 100 puntos considerados en estado crítico.

El estudio, fechado el 19 de diciembre pasado, revisa el estado de las instalaciones eléctricas de los semáforos, así como sus condiciones y el cumplimiento con la normativa actual, además de identificar eventuales desviaciones o riesgos. Fue así que se revisaron 351 cruces con semáforos, considerando elementos como el estado del poste, los componentes del semáforo y la puesta a tierra, entre otros.

El informe determina que los puntos considerados en la categoría de “criticidad mayor” son los que “representan un riesgo vital alto a las personas” involucrando, por ejemplo, “riesgo eléctrico grave”, como “potencial de choque eléctrico, riesgo vital”, entre otros.

Por ejemplo, se indicó que 72 cruces no contaban con sistemas de protección, lo que implicaba una “deficiencia crítica de seguridad”. La ausencia, indica el informe, expone “directamente a las personas a riesgos graves de electrocución”.

De esta manera se concluye que “una proporción significativa de las instalaciones evaluadas presenta deficiencias relevantes en materia de seguridad eléctrica, cumplimiento de la normativa técnica vigente y estado de conservación, las cuales requieren implementación de medidas correctivas y preventivas para mitigar riesgos a las personas”.

Pese a esto, en el municipio dirigido por Catalina San Martín respondieron a La Tercera que ello ya se encuentra en arreglo. “En menos de un mes la municipalidad ya ha intervenido 56 de los 98 semáforos ubicados en territorio comunal, alcanzando cerca de un 60% de avance en las medidas de regularización. Asimismo, en enero se instruyó un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades que procedan”, dijeron desde el municipio. Además recalcaron que algunos de estos semáforos estaban en el límite con otras comunas como Providencia y Vitacura.

Lo que hay detrás

Detrás de los semáforos con riesgo existe una polémica que involucra tanto a las empresas a cargo de la mantención como a funcionarios actuales del municipio, quienes están siendo investigados y con sumarios abiertos.

Todo partió por una denuncia de la empresa Bramal, que es la encargada de la mantención semafórica de Las Condes, y que apuntó contra la anterior empresa encargada de la mantención Auter, la que históricamente hacía ese trabajo.

Bramal denunció ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que Auter controla el 77,2% de los semáforos en la Región Metropolitana. Pero además, acusó que Auter supuestamente estaría “bloqueando” el trabajo actual de Bramal, y para ello denunció un supuesto conflicto de interés al haber funcionarios de Las Condes en la Dirección de Tránsito que anteriormente fueron empleados de Auter.

Fue así que el municipio abrió un sumario cuya resolución del 25 de junio de 2025 apuntó contra cuatro actuales funcionarios: el exdirector de Tránsito, Óscar Arévalo, y los funcionarios que trabajaron en Auter y se desempeñan en Las Condes: Natacha Jaña, Luis Vergara y Javier Sandoval. Los funcionarios además se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público, según consignó Radio Biobío en 2024.

Las Condes informó a este diario que los mismos funcionarios se encuentran sumariados, pues siguen desempeñándose como empleados y, por ende, recibiendo su sueldo. “Al momento de asumir la administración de la alcaldesa San Martín existía un proceso sumarial anterior en curso, que llevaba más de un año sin resolución. Este proceso fue resuelto pocos meses después durante su gestión, determinando distintos grados de responsabilidad administrativa por hechos ocurridos en la Dirección de Tránsito”, dicen desde el municipio.

Y agregan: “A la luz de estos nuevos antecedentes, la alcaldesa instruyó el procedimiento sumarial antes mencionado, destinado a establecer si los hechos descritos pueden ser atribuibles a algún tipo de responsabilidad administrativa y, de ser así, adoptar las acciones correspondientes”.

El sumario -al que este diario tuvo acceso- resolvió que a Arévalo se le formularon siete cargos por “haber impulsado la contratación de los funcionarios Luis Vergara y Natacha Jaña para supervisar el contrato adjudicado a Auter, siendo exempleadores ambos”, y por haber “favorecido a Auter mediante la referida contratación de dichos funcionarios”. También se le objetó no haber “ejercido una adecuada supervisión del contrato a Auter”.

A Sandoval y Jaña se les objetaron similares cargos por tampoco haberse abstenido en revisar los contratos de Auter pese a su condición de exfuncionarios, y lo mismo aplicó para Vergara, a quienes se les acusó tener un conflicto de interés. Este último, en todo caso, fue sobreseído del sumario, mientras que a los otros se les aplicó suspensión del cargo y disminución de las remuneraciones.

Según consta en el portal de transparencia de Las Condes, los cuatro figuraban desempeñándose como funcionarios en la plantilla de diciembre de 2025. Arévalo y Sandoval figuran contratados a planta, lo que dificulta su salida, mientras que Vergara y Jaña aparecen a contrata.

Ese sumario ya hablaba de “riesgos eléctricos” asociados a los semáforos, mientras que la causa sigue investigándose.

Pero Auter se ha defendido argumentando que el mercado es “chico” y ello explicaría que sus exempleados hayan ido a parar a Las Condes, desestimando haber “bloqueado” los trabajos de Bramal tildando de “falsas” las acusaciones.

En todo caso, en Las Condes recalcan que los problemas de los semáforos y sus puntos críticos se explican justamente por todo el lío con las empresas y los funcionarios involucrados.