En medio de la acalorada discusión que los alcaldes han sostenido con el Ministerio de Hacienda por la idea del gobierno de eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores, el centro de estudios ligado a la derecha Libertad y Desarrollo (LyD) lanzó un informe técnico que le quita el piso a los jefes comunales: la entidad sostiene que “la mayoría de los municipios no se verán afectados”.

La medida del Ejecutivo busca eximir del pago a los mayores de 65 años, lo que en la práctica equivaldrá a una menor recaudación de US$ 200 millones. Lo cierto es que el gobierno ha dicho que repondrá los US$ 130 millones del Fondo Común Municipal -glosa de platas que los municipios con más recursos traspasan a los más vulnerables- pero hay US$ 70 millones que desde Teatinos 120 han dicho que no repondrán.

Los alcaldes de las comunas más afectadas -que son aquellas con más recursos como Vitacura, Las Condes, La Reina, entre otras lideradas principalmente por la derecha- exigen al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que se reponga el 100% de estas platas, acusando que de no hacerlo provocará que los municipios quedarán desfinanciados. Con esa discusión en la mesa, los alcaldes y el Ejecutivo sostuvieron una reunión la semana pasada que terminó sin acuerdo.

Pero el informe de LyD desestima la idea de los alcaldes. Como principal conclusión, se establece que "la medida equivale a solo un 2,5% de la recaudación del impuesto territorial y a menos del 1% de los ingresos totales de los municipios“.

En el estudio se recuerda que la mayoría de las viviendas están exentas del pago de contribuciones por encontrarse con un avalúo fiscal inferior a los $60.030.710. Por ejemplo, dicen que en 2025 habían 6 millones de propiedades destinadas a la vivienda, de las cuales 4,6 millones estaban exentas. "En consecuencia, cerca de 1,4 millones estaban afectas al régimen general de pago, equivalente al 23% del total“, dice el estudio.

Además contextualiza que no hubo compensación a los municipios cuando se creó inicialmente una exención del pago para mayores de 65 años que cumplieran ciertas condiciones, como límites en los ingresos anuales del propietario o en los avalúos. “El año pasado, 199.158 viviendas se habían acogido a este beneficio. De ellas, 127.592 propietarios no pagan contribuciones y 71.566 solo pagan, como máximo, el equivalente al 5% de sus ingresos anuales”.

En esa misma línea, se recalca que los ingresos municipales han subido -en términos reales- más de 1.000% desde 1990 hasta 2024 y que si se compara con el gobierno central, los ingresos de éste han aumentado un 400%.

En cuanto al impuesto territorial, “la recaudación se encuentra altamente concentrada en un número reducido de comunas. 25 de las 345 comunas del país concentran cerca del 60% de los recursos recaudados por concepto de pago de contribuciones por bienes raíces no agrícolas”.

El informe de LyD recuerda que el gobierno ha dicho que repondrá el Fondo Común Municipal, por lo que cualquier análisis se hace sobre la base de que esas platas se repondrán. “La nueva exención generaría menores ingresos para el sector municipal por algo más de $70 mil millones, es decir, una disminución de solo un 2,5% del total de recursos que actualmente recauda este impuesto”, afirma el texto.

Agrega que “además, como los menores recursos que ingresarían al FCM serían compensados por el Gobierno Central mediante un mayor aporte al Fondo, en relación con el total de ingresos municipales de 2025, el impacto global sería inferior al 1%”.

LyD concluye que “el crecimiento sostenido de la recaudación de este impuesto compensaría el impacto de la nueva exención propuesta, por lo que difícilmente podría hablarse de una crisis de financiamiento. En efecto, durante la última década, la recaudación del impuesto territorial aplicado a bienes raíces no agrícolas ha aumentado en más de un 80% en términos reales. En los últimos 12 años se ha duplicado”.

Los alcaldes tienen una visión distinta del tema. El pasado 6 de junio La Tercera dio a conocer los cálculos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) con el impacto a cada comuna. Así, por ejemplo, en Vitacura se establece un impacto de $ 7.578.494.000, equivalente a un 8,2% del presupuesto. En Lo Barnechea unos $ 8.209.483.000 anuales menos, equivalente al 6,6%. En Las Condes son $ 13.061.689.000 anuales, equivalentes al 5,4%. En La Reina, una pérdida de $ 2.922.981.000, equivalente al 8,1% del presupuesto anual. En los propios municipios difieren y señalan que sus cálculos son mayores.

Como palabras finales, LyD establece que “resulta difícil sostener que esta nueva exención pueda generar un desfinanciamiento de los municipios”.

La directora ejecutiva del centro de estudios, Bettina Horst, dice que “es difícil sostener que esta nueva exención genere una crisis de financiamiento municipal. Las cifras no permiten sostener ello. En el pasado, a pesar de nuevas exenciones, la recaudación del impuesto territorial seguía creciendo. El impuesto territorial requiere de una reforma sustantiva, lo cual fue apoyado transversalmente al aplazar por un año el reavalúo no agrícola que debió haberse aplicado este año”.