En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, la mañana de este martes, la abogada y directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Marisol Peña, comentó la reunión que sostuvo con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

Arrau se reunió el lunes con la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) en el marco de la reforma en seguridad que impulsa el gobierno del Presidente José Antonio Kast en el Congreso.

“En lo personal me llevé una grata impresión porque confirmé que el ministro Arrau está en un plan de trabajar esta reforma con calma, sin apresuramiento”, comentó la abogada, destacando que percibió “un espíritu de diálogo”, contrario a lo que se ha graficado en evaluaciones sobre el contenido de la reforma.

En esa línea, apuntó que “un gobierno que fuera absolutamente autoritario, como también se ha dicho, o irreductible en sus posiciones, no hace lo que está haciendo, que es justamente captar impresiones provenientes de distintos sectores”.

“Considero que esta reforma constitucional, y así se lo expresé por lo demás al ministro ayer, aborda temas que perfectamente podrían ser acometidos por reformas legales”, planteó.

Peña puntualizó que “ya la Constitución contempla el deber del Estado de proteger a la población y a la familia”.

“Le manifesté al ministro que me parece innecesario consagrar específicamente un nuevo deber de seguridad. Le dije que, en mi concepto, si se iba a hacer una modificación constitucional en ese punto, yo habría preferido mil veces consagrar un derecho a la seguridad, porque eso puede ser sopesado el día de mañana por los jueces en una suerte de balanza”, expuso.

De esta forma, le manifestó al ministro Arrau que ella cree que, en unos meses, del proyecto que ingresó el Ejecutivo al Senado se estaría discutiendo solo la disposición que crea un nuevo estado de excepción “y no las otras siete reformas que están incluidas en el texto”.

“Me miró atento, sus asesores tomaban nota, pero le expresé que yo suelo ser muy honesta siempre, desde mis palabras, y esto se basa simplemente en la experiencia que he tenido de muchos años. Le dije, ministro, si yo tuviera una bola de cristal y la proyectara en esa bola de cristal al escenario de un par de meses o tres meses más, yo veo tramitándose sólo el estado de excepción constitucional”, contó.

Peña calificó de “excesivo”, decretar este nuevo estado de excepción por 120 días, prorrogable por otros cuatro meses.

“Pero lo más grave, desde el punto de vista constitucional, es que esto se haga sin un sistema de contrapeso. Por lo tanto, también me hace mucho sentido la voz de aquellos que han sostenido que, junto con acortar el plazo, debiera hacerse intervenir al Congreso desde un comienzo en la declaración de un estado de excepción, que va a afectar, por lo demás, un número significativo de derechos fundamentales”, sostuvo.

La abogada constitucionalista insistió en que de los ocho puntos de la reforma, dejaría en el debate el análisis del estado de excepción y principios generales para el régimen penitenciario.

“A mí no me gusta la idea de un quinto estado de excepción. Yo habría sido partidaria, y se lo dije también al ministro, de haber mantenido el estado de emergencia, que me parece que tiene una causal genérica en caso grave de alteración del orden público o daño grave para la seguridad nacional”, explicó.

La abogada recomendó consultar a figuras del ámbito político “si sería una derrota para el gobierno que de los ocho puntos prácticamente no perseverara ninguno”.

“Yo creo que esa es una consideración política que está de alguna manera flotando en el ambiente y que yo no soy la persona más adecuada para responderla. Pero lo que sí digo es que si se trata de dotar al Estado y particularmente a la autoridad de herramientas firmes para combatir el crimen organizado, a mí me hace sentido repensar el sistema de los estados de excepción”, expresó.

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