Viajaron a Chile con el único objetivo de extender sus operaciones ilícitas hacia el sur de la región y para enriquecerse, principalmente, mediante la explotación sexual de al menos un centenar de mujeres que debieron soportar violentas extorsiones.

Esa es una de las principales conclusiones a las que llegó la fiscal Carolina Suazo tras conseguir una condena de presidio perpetuo en contra de los integrantes de una estructura criminal compuesta por ocho imputados ligados al Tren de Aragua que enfrentaron juicio oral ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Tras años de investigación, la persecutora estableció que desde octubre de 2021 y hasta 2023, los condenados -cinco venezolanos, dos colombianos y un chileno- captaban a sus víctimas en el extranjero, y a otras en territorio nacional, para someterlas y forzarlas a ejercer el comercio sexual y así obtener millonarias ganancias.

Esto se concretaba, como explicó la persecutora en conversación con La Tercera, “en algunos edificios del centro de Santiago para luego coordinar su explotación sexual, tanto en la Plaza de Armas, donde debían realizar el contacto con clientes, para luego trasladarlos al portal Fernández Concha y a otros lugares. Se estableció, además, la existencia de otros sitios o plazas de explotación sexual como Vicuña Mackenna con 10 de Julio”.

“Las víctimas eran captadas en su país de origen, principalmente Venezuela, para ser trasladadas a nuestro país adquiriendo una deuda o multa que luego debían pagar con la prestación de servicios sexuales en contexto de explotación”, detalló Suazo, junto con sostener que, en todo momento, las víctimas eran vigiladas y controladas.

Si ellas decidían no pagar o se alejaban de los lineamientos, eran amenazadas, al igual que sus respectivas familias. “Existían también mecanismos de presión a través de videollamadas de integrantes de la organización, pudiendo llegar incluso a recibir disparos en la pierna, que corresponden a los denominados ‘pateros’, que son impactos de bala, disparos, que recibían las víctimas en la zona de la rodilla al pie, utilizados como presión cuando no pagaban la deuda”, sostuvo manifestó Suazo.

De acuerdo con lo indicado por el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, a este medio, durante el proceso investigativo que lideró Suazo se evidenció que la banda sometió a más de 100 víctimas y obtuvo ganancias por más de $ 1.700 millones. De ahí, advirtió, radica la contundencia de la sentencia.

“Lo elevado de las penas que obtuvimos no sólo se vincula con la violencia que ejercían los integrantes de la organización respecto de las víctimas de trata. Además, tiene relación con la cantidad de víctimas que fue posible establecer que fueron explotadas por parte de los integrantes de esta organización criminal. Y no me refiero sólo a las víctimas que pudimos individualizar, sino también aquellas que no logramos localizar, pero de quienes obtuvimos algún tipo de antecedente, como aparecer en los cuadernos que llevaba la organización criminal respecto del pago de la ‘multa’ que les cobraban”, dijo.

Jacir agregó que “eso es sumamente relevante porque estamos hablando de aproximadamente 100 víctimas mantenidas por parte de la organización criminal, lo que les permitió obtener una alta cantidad de ganancias durante el periodo de funcionamiento de la organización criminal".

La estructura

En el marco de la sentencia emitida por las juezas María Alejandra Cuadra, Paulina Sariego y Claudia Morgado, se estableció que los sujetos estaban vinculados directamente con el Tren de Aragua y que la violencia no sólo la ejercían en contra de sus víctimas, sino que también la aplicaban como mecanismo de solución de conflicto con bandas rivales.

Como se pudo corroborar durante el juicio, y según quedó consignado en la sentencia, los integrantes de la organización tenían funciones definidas.

El líder era Lewis Rubén Ponce Ortiz, y se encargaba de la búsqueda y arriendo de los departamentos donde eran mantenidas las víctimas en situación de explotación, cumpliendo funciones desde la captación de las víctimas hasta su efectiva explotación sexual.

Dicho imputado mantenía contacto con el ciudadano cubano Yariel Ulloa López alias “Cuba”, que era el enlace con dos exfuncionarios de la PDI -Nicolás Ortega y Sebastián Peredo- que les aportaban información acerca de procedimientos propios de la policía.

José Gregorio Rodríguez Milano, alias “José Victoria” y Luis Jerardo Osal Rodríguez, alias “Luis Lavilla”, recibían a las víctimas en los departamentos que mantuvieron en el edificio de calle Lira y coordinaban su explotación sexual. Osal cumplía con todo esto desde la cárcel Santiago 1, donde se encontraba en prisión preventiva desde julio de 2022.

Algunas de las víctimas que llegaron desde el extranjero fueron recibidas por Ricardo Samuel Pinto Hernández y María Gabriela Díaz Salas -actualmente con orden de detención pendiente en estos antecedentes- en un departamento de calle Lira y otras, fueron recibidas por Alexandra Milagros Milano Ibarra y Carlos Enrique Barrios Moreno.

Milano, además, recibía pagos de las víctimas por concepto de lo recaudado en el ejercicio del comercio sexual en contexto de explotación. Junto con ello, ejercía al igual que Barrios un control constante de las afectadas, a fin de que estas continuaran realizando actividades de comercio sexual.

Los imputados colombianos Kevin Andrés López Escobar y Brayan Alexis Valencia Hernández, se encargaban de realizar los cobros semanales en el sector de Plaza de Armas. Mientras que el chileno Carlos Sebastián Romero Madariaga recibía las transferencias de dinero por concepto de multa en su cuenta RUT, promoviendo y facilitando las conductas ilícitas.

Los cobros

Conforme indican las pesquisas, las ganancias que obtuvieron estos sujetos fueron de aproximadamente $ 1.700 millones, cifra a la que se llegó, como explicó la fiscal Suazo, haciendo un cálculo mínimo de los ingresos que recibía la organización criminal: “Primero por concepto de multa, que era la deuda que adquirían las víctimas por el viaje realizado a nuestro país; también por concepto de ingreso a la plaza, que correspondía al monto que debían pagar las víctimas al momento de ingresar por primera vez a la Plaza de Armas o a Vicuña Mackenna con 10 de Julio; y luego un tercer pago que debían efectuar de manera semanal para seguir utilizando ese lugar”.

La multa tenía un valor de entre $ 3 y $ 5 millones, aunque en ocasiones era mayor. Los cobros semanales eran de entre $ 60.000 y $ 80.000, por uso de suelo. Por ingreso a la plaza, eran otros $ 50.000.

Entre los cobros que les hacían, además, se estableció que las víctimas también debían pagar por el uso de habitaciones e incluso existían pagos diferenciados si dormían en una pieza propiamente tal o en la sala o living de un departamento dispuesto por los integrantes de la estructura criminal.

Situación de las víctimas

Al referirse a la situación que enfrentaban las víctimas, tanto Suazo como Jacir hicieron presente que, al igual que otras personas que enfrentan este tipo de delitos, cuesta que se auto perciban como víctimas.

“Este fenómeno es absolutamente invisibilizado. La organización criminal en este caso generaba una serie de mecanismos que implicaban evitar ser descubiertos. Las víctimas eran permanentemente amenazadas, eran instruidas para no entregar información acerca de sus tratantes. De la misma manera debían indicar todos sus movimientos y sin duda los mecanismos de presión más graves correspondían a aquellos vinculados a las amenazas. Existía un mecanismo de vigilancia y de control respecto de las víctimas en que si cambiaban su ruta por cualquier motivo inmediatamente aquello era reportado", dijo la persecutora.

Dadas esas situaciones, relevó Jacir, “se trata de un ilícito difícil de investigar”. El fiscal regional insistió en que es prioridad para la institución perseguir este tipo de criminalidad más compleja: “Sin duda su persecución es absolutamente necesaria y fundamental para el Ministerio Público, atendido a que hay víctimas que están sufriendo situaciones graves de explotación sexual. Pero, además, producen una afectación aún más amplia de la seguridad pública, dado que son fenómenos que se vinculan con una serie de delitos conexos”.

Dada la condena alcanzada, el persecutor regional subrayó: “Se trata de la condena más alta que hemos obtenido en contra de la criminalidad organizada transnacional por trata de personas con fines de explotación sexual. Lo relevante en este caso es que el presidio perpetuo recae sobre todos y cada uno de los miembros de la organización y no sólo en los líderes, lo que nos indica que el rol que cada uno de los imputados ejercía era clave para el funcionamiento de la agrupación criminal y el sometimiento de las víctimas".