Dentro de la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, la decisión en torno al futuro de la gratuidad, justo en el año en que la política está cumpliendo una década, fue uno de los puntos que más fricciones generó, incluso puertas adentro. Y quizás fruto de ello es que el texto final en torno a este tema fue mutando permanentemente.

En un inicio, una minuta oficial del gobierno propuso frenar su expansión y prohibirla para quienes accedieran a la universidad con más de 30 años, lo que con el correr de los días varió a 12 años después de haber salido del colegio, según explicó en una pauta el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En paralelo, una minuta del gobierno explicaba en detalle su idea de una moratoria: por cuatro años ninguna nueva institución podría adscribirse al sistema. Esto, en su minuto, generó dudas de constitucionalidad en La Moneda.

Puertas adentro de Palacio dicen que los diversos cambios que sufrió la propuesta en torno a la gratuidad -que incluso llevaron a evidentes choques de versiones entre los ministros de Hacienda, Segpres, Interior y Segegob-, se vieron altamente influenciados por las críticas que en alto hicieron personeros de RN y la UDI. La resistencia era evidente.

“Pretender cortarle la gratuidad a mayores de 30 años es una equivocación”, afirmó el diputado Diego Schalper (RN) cuando recién se había socializado la idea, subrayando que el ahorro fiscal sería marginal frente al impacto social de la medida. “Nosotros en gratuidad pensamos que ponerle el tope por edad es un error”, señaló en radio Universo hace menos de una semana el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI).

Con todo eso a la vista, en el Proyecto de Reconstrucción el gobierno optó por acotar lo que al principio parecía un cambio sustancial de la política.

En concreto, el artículo 24 ajusta las condiciones de acceso y progresión de la gratuidad hacia la universalidad en educación superior. Cuando se puso en marcha, la ayuda estaba focalizada en el 50% más vulnerable de la población. Al año siguiente se amplió a los centros de formación técnica e institutos profesionales y abarcó hasta el 60% más desposeído. El plan original apunta a activar nuevos deciles dependiendo de que Chile alcance ciertos indicadores económicos. Pero eso no se ha logrado y hoy los deciles 7, 8, 9 y 10 no tienen gratuidad. En tal sentido, el proyecto reemplaza el PIB Tendencial por el PIB Tendencial No Minero como indicador de referencia y eleva los umbrales de activación de cada tramo. En simple, lo que hace el Ejecutivo es hacer más difícil la activación de la política para cada nuevo decil.

“Creemos que haber acotado el proyecto a aquellas cosas que generan mayor acuerdo y se vinculan estrictamente al desarrollo económico y social, es un acierto y facilitará la tramitación. De no haber sacado el asunto de la gratuidad, dudo que se hubiese dado el espacio para los acuerdos que se han construido”, dice al respecto hoy el mismo Schalper, jefe de bancada RN e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Mientras, Daniela Serrano, jefa de bancada del PC e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, resume que “el gobierno entendió que no tenía agua en la piscina para proponer una modificación mayor en gratuidad”.

Y es que el único otro cambio se ve reflejado en el artículo 25 del proyecto, donde se establece una moratoria -o pausa- en el ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad, aunque por dos años desde la publicación de la ley y no cuatro como se había planteado en minutas oficiales del gobierno. Esta medida no afecta a las instituciones que ya forman parte del sistema.

“Como lo alertamos desde un principio, esto no es un proyecto de reconstrucción, es una reforma tributaria. Por tanto, no me parece modificar hoy los gatillos de gratuidad, todo esto en el entendido de que el gobierno ni siquiera ha ingresado un nuevo sistema de financiamiento. La manera más honesta de abordar el debate es que primero se haga cargo del problema de financiamiento y después pueda reordenar los gatillos”, dice la misma Serrano.

Sobre los cambios, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Sergio Bobadilla (UDI), señala que es una decisión “que va en la dirección correcta, ya que incorpora un necesario criterio de responsabilidad y una mejor focalización en el uso de los recursos públicos. Este beneficio ha crecido con rapidez y, además, arrastra un desajuste relevante por errores en los cálculos iniciales, lo que ha generado una brecha preocupante entre lo presupuestado y lo efectivamente gastado”.

Por lo mismo, agrega, “más que seguir ampliándolo sin control, corresponde ordenar el sistema y asegurar que la gratuidad llegue realmente a quienes más la necesitan. Esto implica que los recursos del Estado se utilicen de manera adecuada y sostenible en el tiempo. Esta decisión también permitirá entregar mayor certeza a las familias y a los actuales beneficiarios”.