Después de casi cuatro años de discusión, en 2016 comenzó a regir en Chile la gratuidad, política que financia la educación superior de los estudiantes más vulnerables del país. La tramitación de la ley fue una de las más complejas de las que se tenga memoria en materia educativa y se enmarcaba en una reforma educacional impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet en respuesta a las movilizaciones de 2011.

De hecho, aunque la Ley de Educación Superior en la que se enmarca la gratuidad demoró más en publicarse, esa política pública comenzó a regir transitoriamente a través de la Ley de Presupuesto en 2016. De eso ya han transcurrido 10 años y, acorde a cifras del Departamento de Financiamiento Estudiantil de la Subsecretaría de Educación Superior, son 1.491.211 personas las que han accedido a la gratuidad y 485.646 se han titulado: 184.465 técnicos, 298.262 profesionales y 2.919 licenciaturas. Ese total representa un 57,05% de tasa de titulación sobre los 851.132 alumnos en condiciones de haberlo hecho. El 42,95% restante corresponde a personas que egresaron y no se titularon o desertaron.

Las reglas para quienes acceden dicen que cuando un estudiante excede la duración nominal de su carrera, es decir, se atrasa, pierde la gratuidad. El tiempo extra debe autofinanciarlo, aunque la ley permite un cobro máximo del 50% del arancel. Esa ha sido una de las principales críticas de los rectores, porque el restante debe ser cubierto por la institución. En estos 10 años un total de 201.716 personas han perdido el beneficio por exceder la duración.

“Me parece oportuno perfeccionar algunos aspectos de esta política, muy particularmente lo relativo al hecho que financia sólo la duración nominal de las carreras, por lo cual hemos solicitado que se extienda al menos por un año (N+1) más para evitar perjuicios económicos a las instituciones”, señala Osvaldo Corrales, rector de la U. de Valparaíso y presidente de las universidades estatales, quien de todos modos añade que “la gratuidad constituye una política fundamental, ya que ha permitido que jóvenes de los deciles de menores ingresos accedan a la educación superior sin tener que cargar con deudas”.

Pero además del N+1 hay otro nudo entre instituciones y Estado: los aranceles regulados que se fijaron con la gratuidad, que son las transferencias que el fisco hace a las instituciones por el costo de formar a cada beneficiario de la gratuidad. Las casas de estudio han señalado que ese dinero se queda corto, lo que las va desfinanciando al tener que cubrir lo que falta para el arancel “real”.

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, asevera que “dado que el arancel regulado cubre solo entre 60% y 90% del arancel real, las instituciones enfrentan incentivos a ajustar su oferta en función de la brecha de financiamiento por carrera”. Esto, dice, desplaza el foco desde la pertinencia de la oferta en términos de necesidades del mercado laboral o de un proyecto educativo de largo plazo, hacia la optimización financiera de las vacantes y programas. Además, asegura que este mecanismo ha llevado a que las instituciones prioricen asegurar su viabilidad financiera.

Según datos aportados en 2025 por el Servicio de Informaciones de Educación Superior, las universidades de Chile concentraron más de $64 mil millones en déficit financiero, atribuidos, en parte, a la gratuidad.

La mirada institucional

El recuento histórico de las casas de estudio con más beneficiarios desde instaurada la política es encabezado por el IP Duoc UC, con 177.012. Le siguen el extinto CFT Inacap (128.185), el IP Inacap (66.828), el CFT Santo Tomás (55.169) y la U. Autónoma (45.899).

María Loreto Massanes, vicerrectora Económica y de Gestión de Duoc UC, contextualiza que en su caso la gratuidad ha sido, “en términos generales, positiva para Duoc UC, principalmente porque ha permitido avanzar de manera concreta en nuestro propósito de ampliar el acceso a la educación superior técnico-profesional”. Hoy, añade, ven que “más jóvenes y adultos, que antes enfrentaban barreras económicas importantes, pueden proyectar estudios con mayor continuidad y sin la incertidumbre financiera que existía”. Y aporta un dato: en 2016, antes de la gratuidad, 56,4% de sus estudiantes optaba por carreras técnicas y 43,6% por profesionales. Hoy la relación se ha invertido: casi 69% cursa carreras profesionales.

La gratuidad, añade, “ha permitido extender los horizontes formativos”, e “incorporar a más personas que antes quedaban fuera del sistema”, advirtiendo, eso sí, lo que otras casas de estudio ponen sobre la mesa: “La gratuidad ha sido un desafío por los menores ingresos que percibimos año tras año y lo que eso conlleva en cuanto a riesgos en el mediano y largo plazo en la operacion”.

Desde el Inacap, el rector Lucas Palacios suma que “en términos de acceso la gratuidad ha sido positiva porque hubo una explosión en la matrícula, pero a una política pública hay que pedirle mayores resultados”. En su institución la gratuidad ha ido siempre en ascenso: en 2017 el 42,5% de los casi 85 mil estudiantes matriculados tenía el beneficio y para este 2026, sobre el 70% de sus 116.000 alumnos tiene la cobertura. Con ese conocimiento de causa, el también exministro de Economía en Piñera II advierte que la política “tal cual está diseñada no es sostenible” para cumplir objetivos adicionales al acceso. “No ha provocado resultados relevantes en materia de aumentar la productividad del país, ni de movilidad social, ni de descentralización productiva”.

Mauricio Vial, director general de Vida Universitaria y Comunicaciones de la U. Autónoma, es claro: “Hoy casi el 80% de nuestros alumnos han estudiado con gratuidad y uno tiene que reconocer que la política pública, en su momento cuestionada, hoy es una bastante sólida y que ha hecho que la Autónoma cumpla su propósito de movilidad social”. Valora, además, que el crecimiento institucional ha sido, en parte, “gracias a la gratuidad, porque complementa los valores institucionales”, y ha permitido que varias generaciones han podido “cumplir su sueño de ser profesional, perseguir su meta vocacional y ser un aporte al país”.

Pero la subsecretaria de Educación Superior retruca: “La masificación del acceso ocurre principalmente desde 2006 con la introducción del CAE, llegando a 1.200.000 estudiantes matriculados a 2016”. Suma que a través de otros instrumentos se logró previamente “aumentar significativamente el acceso”.

En 2025, de las 614.905 asignaciones de gratuidad, 168.605 fueron de estudiantes de IP, 90.730 de CFT privados, 14.601 de CFT estatales, 123.494 de universidades estatales, 114.252 de universidades privadas pertenecientes al Consejo de Rectores, 103.223 de universidades fuera de dicho consejo, lo que se traduce en que de manera general son las universidades las que tienen matriculados a la mayoría de los beneficiarios.

A pesar de esto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, aseveró a inicios de mes que “la gratuidad no ha permitido mejorar la equidad en el acceso a educación superior”, quizás basada en un estudio que realizó cuando era investigadora de Libertad y Desarrollo, en el que concluyó que tras el inicio de la política se produjo un estancamiento en la reducción de la brecha de acceso entre alumnos de mayores y menores ingresos.

Eso sí, el año pasado el informe Education at a Glance 2025, publicación anual de la OCDE, destacó a Chile por la gratuidad, señalando que fortaleció la movilidad intergeneracional, pues entre 2012 y 2023 la probabilidad de que jóvenes de familias sin educación secundaria accedieran a la universidad aumentó 7 puntos porcentuales, más del doble del promedio de la organización de 3 puntos porcentuales.

Para la subsecretaria Valdés, esta evidencia debe interpretarse “con cautela”. “Si bien la gratuidad podría haber tenido efectos positivos en el acceso, existen matices relevantes. Aún es pronto para evaluar plenamente su impacto en la equidad, especialmente en sus resultados de largo plazo, pero sí vemos que no ha tenido un impacto como se esperaba”.

El futuro de la gratuidad

Cuando se puso en marcha, la ayuda estaba focalizada en aquellos jóvenes del 50% más vulnerable de la población. Al año siguiente se amplió a los centros de formación técnica e institutos profesionales y abarcó hasta el 60% más desposeído. El plan original apuntaba a la gratuidad universal de manera gradual dependiendo de que Chile alcanzara ciertos indicadores económicos. Pero eso no se ha logrado y hoy los deciles 7, 8, 9 y 10 no tienen gratuidad.

Y vistos los recientes anuncios del gobierno, eso tampoco ocurrirá ni en el corto ni en el mediano plazo. “El país no está en condiciones de seguir incrementando la cobertura de la gratuidad”, dijo hace algunos días la ministra Arzola, luego de detallar que el gasto fiscal en gratuidad está excedido en 177%. Para este año, el Presupuesto consideraba aproximadamente 2,58 billones de pesos en esta materia y cuando arrancó era casi un quinto.

Con eso a la vista, el Ejecutivo ha estudiado, cuando menos, incluir en su megarreforma la idea de desactivar la ampliación de la cobertura a nuevos deciles, y también suspender por cuatro años el ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad, aunque esto último se sigue revisando por advertencias constitucionales internas. Hoy son 68 las instituciones adscritas, de las cuales 38 son universidades, siete institutos profesionales (IP) y 23 centros de formación técnica (CFT).

“Frenar la expansión no es un análisis que comenzó al instalarse este gobierno”, asevera la subsecretaria Valdés.

Además, el gobierno -o al menos el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz-, es partidario de no entregar el beneficio a mayores de 30 años que ingresen a estudiar a universidades, aunque ello ha ido mutando y se ha transformado en un enredo para La Moneda. Ayer, de hecho, el ministro Segpres, José García, entregó una nueva versión sobre el destino de esta idea. “No va a estar en esta iniciativa”, dijo, a pesar de que el jueves Quiroz incluso la había detallado. La subsecretaria Valdés refrenda a La Tercera esta decisión. Según fuentes de gobierno, la no inclusión respondería a la amplia resistencia que esta idea generó, incluso en las huestes oficialistas, como la UDI y RN.

Pero todo está por verse.