Tras la llegada de Dorothy Pérez a la cabeza de la Contraloría, uno de los golpes más duros que ha dado el organismo ha sido el informe referente a irregularidades en el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.

El pasado 20 de mayo se cumplió un año de dicha arremetida, que reveló que entre 2023 y 2024 más de 25 mil personas que se desempeñaban en instituciones públicas viajaron fuera del país durante sus licencias médicas.

Los antecedentes derivaron en que las distintas reparticiones iniciaran investigaciones internas para determinar la efectividad de las irregularidades y así fijar las sanciones que correspondan. A raíz de ello se procedió a la desvinculación de miles de funcionarios de la administración del Estado.

El Ministerio Público no fue la excepción. La entidad comandada por el fiscal nacional Ángel Valencia revisó con atención los antecedentes remitidos por la Contraloría y solicitó a cada fiscalía regional que hiciera lo propio y diera curso a sumarios administrativos.

Consultados por los procesos iniciados, desde el Ministerio Público manifestaron que “tras recibir el informe de la Contraloría, se iniciaron múltiples investigaciones administrativas para analizar los casos de funcionarios de la institución que hubiesen viajado al extranjero estando con licencia médica vigente. Tras recibir los informes respectivos, y si bien las cifras son dinámicas porque depende de la fecha de extracción de la información, se determinó que en la Fiscalía se presentaron 50 casos a nivel país, 17 de ellos en la Región Metropolitana”.

Agregaron, en el mismo sentido, que “después de analizar los antecedentes, 30 casos ya están resueltos y 12 recibieron algún tipo de sanción".

De acuerdo con el detalle, en seis casos se zanjó la remoción de los funcionarios, en dos hubo suspensión de funciones, en uno se fijó una multa y en tres hubo amonestación privada. Asimismo, 17 casos fueron sobreseídos y uno fue absuelto.

“El resto (de los procesos) aún está con antecedentes pendientes para completar su cierre”, precisaron desde la institución.

De la misma forma, recalcaron el “compromiso institucional con la probidad y el buen comportamiento de sus funcionarios en todo el país”.

Según pudo recabar este medio, si bien hay fiscales que fueron sancionados en medio de los sumarios, ninguno fue removido de su cargo.