El alcalde de la Municipalidad de Salamanca, Carlos Lillo, presentó este ante el Juzgado de Garantía de Illapel una querella criminal por una serie de hechos ocurridos durante la administración anterior y que podrían constituir un perjuicio fiscal por más de $1.350 millones. Los delitos señalados en la acción judicial son fraude al fisco, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, distribuidos en tres grupos de hechos.

El primero son las contrataciones a honorarios -por cerca de 100 millones de pesos- de personas que, de acuerdo con los antecedentes recopilados, no habrían prestado servicios reales para el municipio. Otro refiere a posibles irregularidades en la transferencia de recursos municipales al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), relacionadas con proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), por un monto de $163.716.142. Y, finalmente, el hecho de incumplir el pago de cotizaciones previsionales y de salud de funcionarios del DAEM durante los años 2023 y 2024, pese a que dichos montos habrían sido descontados de las remuneraciones. Este hecho, que concentra la mayor parte del perjuicio económico denunciado, asciende a $1.190.077.973, deuda generada en un 98% durante el año 2024.

La acción judicial solicita al Ministerio Público investigar los hechos, determinar las eventuales responsabilidades penales y, en caso de acreditarse delitos, formular acusación para que los responsables sean condenados a las penas que establece la ley, además del pago de las multas correspondientes y la restitución íntegra de los recursos públicos que eventualmente hubiesen sido defraudados, desviados o apropiados.

El alcalde de Salamanca, Carlos Lillo, dijo que “cuando existen antecedentes suficientes que hacen necesario esclarecer hechos que podrían haber comprometido el patrimonio municipal, corresponde ponerlos en conocimiento de la justicia”.

Agregó que “no corresponde mirar hacia otro lado, sino actuar con la responsabilidad, transparencia y apego a la ley que la comuna de Salamanca exige y merece”.

La acción judicial es patrocinada por el abogado Juan Carlos Manríquez, quien explicó que los antecedentes que sustentan la presentación provienen, entre otros, de informes de la Contraloría General de la República y de peritajes técnicos elaborados por especialistas independientes. “Ellos contienen elementos suficientes para justificar la apertura de una investigación penal respecto de hechos que eventualmente podrían revestir carácter de delito”, dijo.

Manríquez añadió que “los antecedentes reunidos muestran hechos de distinta naturaleza, pero todos con un mismo denominador común: un eventual perjuicio de enorme magnitud para el patrimonio municipal y para cientos de funcionarios cuyos descuentos previsionales no habrían sido enterados”.