En diciembre se cumplen dos años desde que Karina Oliva y otros 11 imputados por presuntos fraudes en la rendición de gastos de campaña de la excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana fueron formalizados por el fiscal Héctor Barros.

Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el persecutor regional metropolitano sur relató los hechos por los que se perseguía penalmente tanto a la excandidata como a parte de sus colaboradores cercanos.

Se trataba de su expareja y expresidente de Comunes, Jorge Ramírez; de su exadministrador electoral, Martín Miranda, y de otros ocho exdirigentes del mismo partido: Ailine Ramírez, Camila Ríos Puebla, José Robredo Hormazábal, Diego Corvalán Pérez, Juan Pablo Sanhueza Tortella, David Castillo Palma, Marcelo Riffo Sáez, Jean Flores Quintana y Luis Romero Golzio.

Pero si bien en el marco de esta indagatoria, como indicaban desde el Ministerio Público, se fueron constatando graves inconsistencias en la rendición de gastos de la campaña de la denominada “estrella fugaz de la izquierda”, a cuatro años de que se iniciaran las pesquisas los imputados recalcan que se debe avanzar en el cierre para así, como dicen, demostrar que no se incurrió en delitos.

Así, de hecho, lo solicitó formalmente este viernes 24 de octubre el abogado que representa a Miranda, Ramón Sepúlveda, quien requirió ante el citado juzgado de garantía apercibimiento de cierre de la indagación.

“Que encontrándose vencido el plazo de investigación en la presente causa, vengo en solicitar en virtud de lo dispuesto en el artículo 247 inciso 2º del Código Procesal Penal, se aperciba Ministerio Público al cierre de la presente investigación”, se lee en el documento ingresado por Sepúlveda.

Sin diligencias pendientes

Consultado respecto de los motivos de la solicitud, Ramón Sepúlveda indicó que, estando los plazos de indagación vencidos y no existiendo diligencias que realizar, lo que corresponde es que los fiscales acusen.

“Hemos solicitado el cierre de investigación, ya que el plazo se encuentra vencido con una investigación que lleva casi dos años formalizada. No existen además diligencias reales y útiles para el esclarecimiento de los hechos que justifiquen mantener abierta esta causa. Es claro que esta fue una causa que se inicia con una serie de prejuicios contra un grupo de personas que desafiaron el modelo y con un allanamiento advertido a los medios de prensa justo previo a una elección, lo que a todas luces es algo impresentable", sostuvo el penalista.

En el mismo sentido, indicó que “todo esto se ha desvirtuado y a lo largo de estos años se ha verificado que no existieron hechos delictuales. Como lo he dicho a propósito de otros casos similares, una cosa es la formalización de la investigación en la que la Fiscalía puede relatar hechos sin antecedentes concretos, y otra cosa es un juicio oral en el que el tribunal debe percibir las pruebas de manera directa. Y acá sin duda creemos que no existen pruebas para sostener los delitos por los que se formalizó a mis clientes y que en su oportunidad fueron desestimados al rechazar la prisión preventiva pedida para el administrador electoral".

“Ahora esperamos se fije audiencia, se cierre investigación y podamos lo antes posible enfrentar el juicio oral en el que se desestimen todas las acusaciones presentadas en contra de nuestros representados”, complementó el profesional.

Pese a los planteamientos de la defensa en cuanto a los plazos, desde el Ministerio Público precisan que, hace meses, ya se intentó avanzar en el cierre de las pesquisas, pero que el plazo se amplió tras solicitud de la defensa de Oliva, que requirió mayores diligencias.

“El 3 de marzo de este año, la Fiscalía pidió al 7° Tribunal de Garantía que se fijara audiencia de cierre para el 8 de abril. Previo a esa audiencia, la defensa de Karina Oliva y Jorge Ramírez pidió nuevas diligencias y que no se cerrara aún la investigación. Por tanto se realizaron esas diligencias y se postergó el cierre de la causa, donde la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Sur ya está pronta a presentar la acusación", explicaron desde la entidad.