La instalación de un segundo pórtico detector de metales en un establecimiento educacional municipal en Temuco puso otra vez en la mesa la tramitación del proyecto de ley que autoriza la instalación de dicha tecnología en establecimientos educacionales y centros de salud (Cesfam).

La instalación de este nuevo pórtico se llevó a cabo a pesar de la multa impuesta por la Superintendencia de Educación, que sancionó al municipio por $4 millones al considerar que los dispositivos podrían vulnerar la dignidad y privacidad de los estudiantes por “condicionar el ingreso” a los establecimientos.

El proyecto de ley, presentado en moción de la bancada de la Unión Democrática Independiente (UDI), fue ingresada en marzo de 2025 y en octubre, por 97 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados lo aprobó y lo despachó a segundo trámite constitucional al Senado, donde aún se encuentra en tramitación.

En específico, el proyecto permite que los colegios “puedan disponer de estos medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas u otros elementos prohibidos a sus dependencias”, con el objetivo de resguardar la integridad de docentes, estudiantes y de la comunidad educativa en general.

La iniciativa también incluye la instalación de detectores en centros de salud pública, para así proteger la integridad de pacientes, funcionarios y cualquier otra persona que se encuentre al interior del respectivo recinto.

“Los pórticos no resuelven el problema de violencia, pero son un elemento paliativo que aporta seguridad y esperamos que se puedan implementar a la brevedad”, señaló a La Tercera el diputado republicano Stephan Schubert. Asimismo, precisó que esta iniciativa no impide el acceso a los establecimientos, sino que solo controla el ingreso.

Debate en torno al proyecto

La tramitación en el Congreso ha generado un debate en torno a la prevención de delitos dentro de establecimientos educaciones. Esto luego de una serie de hechos de violencia que han marcado la pauta durante los últimos años, como la balacera registrada en el colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, que dejó a tres estudiantes heridos en mayo de 2025.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se ha manifestado en contra de este proyecto que, a su juicio, “es mucho peor que lo que tenemos nosotros regulado en la Ley de Convivencia”.

El titular de Educación apuntó a la necesidad de abordar integralmente la inseguridad escolar. Sin embargo, considera que los pórticos y medidas similares no solucionan el problema de fondo.

Desde la Superintendencia de Educación, en junio del año pasado, un reporte elaborado por el Departamento de Gestión Institucional e Innovación concluyó que “no existe evidencia empírica suficiente que respalde la efectividad del uso de detectores de metales como estrategia para reducir la violencia escolar”.

A su vez, se advierte posibles efectos adversos “entre los que destacan el aumento del temor en la comunidad educativa, el debilitamiento del clima escolar, la erosión de la confianza institucional y una experiencia educativa menos inclusiva para el estudiantado”.

Finalmente, el documento sostiene que “en el marco del debate legislativo en el Congreso sobre la implementación de detectores de metales, e independientemente de la decisión final que este adopte, se recomienda que cualquier iniciativa de esta naturaleza, con evidencia favorable escasa e incluso negativa, comience con una fase de pilotaje acotado y una evaluación de impacto rigurosa que permitan generar evidencia sólida y contextualizada sobre los efectos reales en las comunidades educativas”.