La crisis del Internado Nacional Barros Arana (INBA) parece no tener fin. A la tragedia del año pasado, donde más de una treintena de menores resultaron quemados por una explosión y que este año ha vuelto la violencia, ahora un total de 15 estudiantes fueron detenidos durante la jornada del martes en el establecimiento, luego de que un grupo mayor de individuos provocara desórdenes y lanzara bombas molotov a Carabineros.

Los detenidos correspondían a alumnos regulares del INBA y entre ellos se encontraba uno de tan sólo 13 años, el cual fue entregado a sus padres por ser ininputable debido a su edad. Además, fueron detenidos otros 13 hombres menores de edad, y un hombre mayor de edad.

Y este miércoles tres de ellos fueron formalizados acusados de fabricar y lanzas bombas molotov a Carabineros, imputados por desórdenes públicos, quedando sujetos a arresto domiciliario nocturno y sujeción al Servicio Nacional de Menores (Sename), lo que supone vigilancia y acompañamiento. Los otros 11 quedaron en calidad de apercibidos, aunque a la espera de que Fiscalía los cite. Los formalizados tienen 14 años, y dos de 17.

Durante la audiencia el Ministerio Público deslizó evidencia en que se plantea la posibilidad de que profesores del propio INBA estarían vinculados con los hechos y estarían instando a la violencia por parte de los menores.

Los hechos se habían registrado en horas de la mañana del martes, cuando un grupo de alrededor de 30 estudiantes iniciaron los desmanes. Tras esto, los sujetos habrían huido al interior del establecimiento, para luego salir junto con el alumnado cuando se decretó la suspensión de la jornada escolar.

Cuando se retiraban, a un grupo de alumnos que había sido visualizado previamente por Carabineros se le realizó un control de identidad para determinar su participación en los hechos.

El mayor Jorge Zúñiga de la 3ra. Comisaría de Carabineros, apuntó que “al observar que los mismos sujetos que habrían estado provocando los desórdenes salen del establecimiento, personal policial procede a la detención de estos sujetos por desórdenes”.

Antes, el fiscal Jorge Muñoz, de la Fiscalía Centro Norte, había detallado que “un grupo no menor de aproximadamente 30 estudiantes estaban lanzando objetos contundentes y preparando elementos incendiarios, bombas molotov, las cuales estaban siendo arrojadas hacia personal policial que estaba en el exterior”.

A este hecho se sumó que este miércoles también se reportaron incidentes en el Instituto Nacional, donde un grupo de tres encapuchados ingresó al establecimiento “portando material incendiario, interrumpiendo la jornada escolar y provocando un foco de incendio en el patio, el cual fue rápidamente controlado y extinguido”, según informó el recinto. De esos encapuchados uno fue detenido.

A la luz de lo ocurrido entre martes y miércoles, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), aseveró que esto es por “grupos muy minoritarios que atentan contra toda la comunidad escolar, y estas últimas acciones tienen que ver con que hemos tenido resultados con el trabajo que se está haciendo con la Fiscalía y con las policías”. Y profundizó: “Hemos iniciado acciones legales que han dado resultados también, hemos aplicado normas de Aula Segura con severidad, como corresponde, porque es necesario rescatar estos establecimientos de las garras de estos grupos de extrema izquierda y de anarquistas antisistema”.

“Quienes dicen que no hay diálogo no solo mienten, sino que además son justamente los que están constantemente realizando acciones que buscan bloquear el cómo enfrentar estos grupos, son verdaderos cómplices de estos grupos violentos. Yo no voy a dialogar con quien lanza una molotov, yo no voy a dialogar con quien ejerce la fuerza que amenaza un profesor, que la que le tira bencina a un profesor. Con ellos no hay diálogo, con ellos las herramientas ya son herramientas penales, porque superaron la barrera de lo que es tolerable”, se extendió el edil.

Del mismo modo, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, señaló que el Ejecutivo está analizando la opción de presentar acciones judiciales. “Respecto de este caso, como siempre lo hemos hecho, estamos evaluando la presentación de una querella criminal porque hay delitos involucrados. Portar una molotov es un delito. Está la Ley de Armas, así como otro tipo de actividades que también son delictivas", dijo.