Cuatro días después de que el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos, ingresara la solicitud de desafuero en contra del gobernador regional, Claudio Orrego, por el caso ProCultura, la receptora judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Inés Valdés, golpeó las puertas de las oficinas de la gobernación en calle Morandé, en el centro.

La misión de la funcionaria, previa solicitud del tribunal de alzada de Antofagasta, era notificar personalmente al exmilitante de la DC de la presentación del Ministerio Público. El escrito de 75 páginas dejaba en evidencia que Orrego es indagado como autor de los delitos consumados de fraude al Fisco, usurpación de funciones y malversación por aplicación pública diferente.

De su nueva situación procesal, como quedó registrado formalmente en el expediente de la causa, el gobernador quedó informado a las 13.05 horas de este lunes 8 de septiembre, momento en que sus abogados, encabezados por el penalista y exfiscal Rodrigo de la Barra, comenzaron a trazar las primeras estrategias.

En su equipo de abogados en la arista penal de ProCultura De la Barra no está solo. También suma al procesalista Cristián Riego. Pero en los últimos días Orrego se aseguró de sumar otro refuerzo. El abogado Ciro Colombara no solo lo defenderá para evitar su destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), sino que ahora también tendrá un rol en la indagatoria penal.

La decisión, como pudo conocer La Tercera, está vinculada a que varios de los antecedentes de la investigación del caso ProCultura se mencionan en la solicitud de destitución que presentaron consejeros regionales de oposición ante el Tricel, donde Colombara es la pieza clave para impedir que Orrego sea removido de su cargo.

Pese a que el caso del Tricel corre por un carril paralelo -el de la justicia electoral- se evaluó que era conveniente tener a alguien que aportara una visión común para la estrategia en ambos frentes.

Junto con ello se decidió dar el primer paso. Tras el ingreso del patrocinio y poder en Antofagasta para acreditar a Colombara, el profesional pedirá discutir la competencia para que la tramitación de la causa, incluido el desafuero, salga del tribunal de alzada de Antofagasta y llegue a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Según pudo conocer este medio, la intención es que la tramitación de la causa quede en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, ya que todas las solicitudes anteriores se presentaron en dicho tribunal.

Fue el caso, por ejemplo, del requerimiento que hizo el fiscal Carlos Palma a ese tribunal penal para allanar las dependencias de la Gobernación Metropolitana. Lo mismo ocurrió, meses después, cuando el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, requirió el alzamiento del secreto bancario del excamarada democratacristiano.

Aunque actualmente la causa está en manos del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, para el equipo de Orrego lo lógico es que el mismo juzgado de Santiago siga conociendo la causa. Todo esto a pesar de que el origen de la arista ocurrió en Antofagasta, a raíz de una querella del abogado Pablo Toloza, representante de la UDI en el caso Convenios.

El caso ProCultura no es el único flanco penal que tiene Orrego. Por otro carril corre una investigación totalmente diferente que lleva la Fiscalía Regional Oriente y que tiene como foco eventuales irregularidades en la contratación de servicios de coaching por parte de la gobernación. En esta causa los abogados de Orrego son otros y el equipo lo encabeza el penalista José Pedro Silva, junto a Miguel Schürmann, del estudio BACS.

Así es como Orrego ha ido armando un verdadero escuadrón judicial que suma, en total, nueve prestigiosos abogados. En el Tricel, además de Colombara cuenta con el apoyo jurídico de Gastón Gómez, Jorge Correa, Patricio Zapata y Jorge Burgos. A esos cinco profesionales se suman los defensores en ProCultura -De la Barra y Riego- y los dos penalistas de la causa por el coaching: Silva y Schürmann.