Un amplio despliegue se ha generado en torno al caso de la pequeña Magnolia, una niña de dos años que se ha visto en medio de una disputa judicial que han librado sus padres desde hace meses por su custodia y lugar de residencia.

Pese a que no contaba con las respectivas autorizaciones, la madre, Diana Rojas, la llevó a vivir con ella a Paraguay, mientras que el padre, Francisco Bustos y quien había iniciado un proceso por sustracción de la menor, viajó a Paraguay e intentó traer de regreso a la niña a Chile, aunque tampoco estaba del todo habilitado para ello.

Por lo mismo, cuando el hombre cruzó desde Paraguay a Argentina, fue detenido por las autoridades en ese país, en atención a que la madre lo denunció por el secuestro de Magnolia. Desde ahí Bustos ha permanecido detenido en Resistencia, en tanto desde Paraguay se requiere su extradición para enfrentar el proceso correspondiente a la denuncia de su excónyuge.

No conformes con las imputaciones que ha hecho la mujer, la defensa de Bustos ha insistido en que hay una serie de resoluciones que avalan que fue la mujer la que en primera instancia sustrajo de manera ilegal a la niña de dos años. Por lo mismo, desde el viernes recién pasado que sus abogados han trabajado para reactivar la causa por dicho secuestro.

Esta jornada, de hecho, el equipo que lo asesora logró que el Juzgado de Familia de Viña del Mar emitiera una resolución en que cita a una audiencia donde deberán comparecer el padre, la madre e incluso la menor de dos años, a quien se pretende escuchar en una espacio que será confidencial.

El día en que se realice dicha audiencia, que está por definirse, se resolverá en torno al país en que deberá residir la menor de edad. Hasta ahora, eso sí, los pronunciamientos de la justicia chilena han dado cuenta de que mantiene arraigo en la ciudad de Concón, Región de Valparaíso.

Por ahora, de todas maneras, la niña se mantiene junto a su madre en Paraguay, y Francisco Bustos detenido en Argentina, por lo que lo más probable es que la comparecencia de las partes no se dé de manera presencial.

La defensa de Francisco Bustos busca discutir su extradición a Paraguay, recalcando que sólo debe proceder si dicho país se compromete a que se darán una serie de garantías, ya que producto de este caso lleva meses siendo blanco de amenazas.

“Iniciada la tramitación de la potencial extradición del señor Francisco Bustos en Resistencia, hoy en la mañana comparecimos a la audiencia conjuntamente con la magistrada a cargo, y se nos notificó los primeros pasos de esta investigación. Dentro de 45 días vamos a poder presentar nuestras alegaciones, probanzas y otras para ver si es procedente o no la extradición a Paraguay o bien la entrega administrativa de Francisco a Chile. Él hasta ahora no ha manifestado voluntad de someterse a un procedimiento de extradición abreviada o simplificada hacia Paraguay. Tiene 45 días para eso y para poder desplegar nosotros nuestra defensa”, sostuvo el abogado del chileno, Juan Carlos Manríquez.

Sin perjuicio de eso, agregó que “se deben tramitar como es usual en este tipo de procesos, el otorgamiento por parte del Estado paraguayo de garantías de no discriminación, que no va a ser sometido a tratos inhumanos, crueles o degradantes, que va a ser tratado con igualdad en un juicio justo y evidentemente que no se le puede someter a un procedimiento interno por un hecho diferente que el que está motivando la extradición que sería para estos efectos uno solo y donde cabe discutir la doble incriminación o la pena mínima más allá de las motivaciones que tuvo para actuar como lo hizo".

Manríquez añadió que “en ningún momento queremos separar a la niña de la madre, sino debatir en legalidad dónde debe estar mejor”.

De ahí que los abogados de Bustos también han recalcado que la madre de la niña debe ser eventualmente extraditada a Chile, para que responda en el proceso por no haber devuelto a la niña al país cuando correspondía y así haber vulnerado sistemáticamente sus derechos.

El origen del conflicto

El caso se remonta a fines de 2025, cuando la niña salió de Chile junto a su madre con autorización notarial del padre para viajar a Paraguay y Brasil. De acuerdo con los antecedentes judiciales chilenos y paraguayos, ese permiso tenía vigencia entre el 21 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026. Pero el retorno a Chile no se concretó.

El Juzgado de Familia de Viña del Mar había aprobado previamente un régimen de cuidado personal compartido entre ambos padres. Por lo mismo, en una audiencia realizada el 2 de abril de 2026, ese mismo tribunal declaró que la niña se encontraba retenida ilegalmente por su madre desde el 6 de enero del mismo año.

Con esos antecedentes, el padre inició acciones para obtener la restitución internacional de la niña a Chile. El proceso continuó en Paraguay bajo las normas del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, tratado que busca restituir a niños, niñas y adolescentes trasladados o retenidos ilícitamente fuera de su país de residencia habitual.

Antes del episodio que terminó con la detención en Argentina, dos pronunciamientos dentro del proceso paraguayo habían apuntado en la misma dirección: que la residencia habitual de la niña estaba en Chile y que correspondía ordenar su restitución.

Es más, el Ministerio de la Defensa Pública de Paraguay aconsejó hacer lugar a la restitución de la niña a su país de origen. El dictamen sostuvo que el trámite había sido iniciado dentro del plazo de un año previsto por el Convenio de La Haya y que no se acreditó un riesgo grave, físico o psíquico, que justificara impedir el retorno.

Los pronunciamientos, sin embargo, no equivalen a una sentencia definitiva del juzgado paraguayo.