En la 21° Comisaría de Estación Central, el subteniente Carlos Julio Leal Aqueveque se impuso como “heredero” del mayor Francisco Javier Arzola Ruiz, un sujeto conocido por los comerciantes de la zona como “el nazi” que fue condenado a más de 20 años de prisión por diversos delitos de abuso policial registrados entre 2016 y 2017.

Calcando el destino del mayor Arzola, Leal fue condenado a penas que suman 15 años de cárcel por torturar a detenidos y entregar reportes con información falsa respecto a esas detenciones.

Son una decena de hechos que involucran a Leal y algunos de sus compañeros. La mayoría corresponde a detenciones fortuitas en la calle, de personas a las que acusaron de presuntos delitos. Un taxista, un vendedor de comida, un lustrabotas y un pregonero del transporte figuran entre los afectados.

Golpiza a menor por un insulto

Dos de las víctimas que acreditó la investigación de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, fueron apresadas por un insulto que profirieron cuando casi resultan atropelladas por una patrulla. La más afectada tenía 16 años.

El hecho tuvo lugar cerca de las 13.00 horas del 7 de noviembre de 2017, en calle Exposición.

Las dos amigas fueron detenidas y llevadas hasta una garita de Carabineros en la Alameda. En el lugar, Leal tomó del pelo a la adolescente y comenzó a golpear su cabeza contra la pared de la dependencia.

Luego le apretó las mejillas y le escupió en la cara. “Para que nunca olvides mi cara chuchetumadre”, le dijo, burlándose de ella e insultándola con groserías, por su condición socioeconómica.

A su amiga le propinó puñetazos en la cara.

Luego, las llevaron a la comisaría y las dejaron de rodillas contra una pared, mientras recibían amenazas e insultos.

Fueron formalizadas por maltrato de obra a carabineros y sobreseídas.

De acuerdo con el informe del Servicio Médico Legal referente al examen físico médico, según Protocolo de Estambul, realizado a la adolescente, se concluyó que esta presentaba lesiones explicables por la acción de objetos contundentes.

Tortura, apremios, detención ilegal y falsificación

En julio de 2019 se detuvo a una docena de funcionarios policiales por la serie de abusos. Cinco de ellos quedaron con prisión preventiva, medida cautelar que fue revertida posteriormente.

Leal se mantenía con firma quincenal y, según información de radio Bío-Bío, a fines del año pasado fue favorecido con una resolución de Contraloría que le permitía ascender de grado, pese al proceso judicial que enfrentaba.

Esta semana, el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago lo condenó a la pena única de 12 años de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor de dos delitos consumados de tortura y tres delitos consumados de apremios ilegítimos simples.

En el fallo unánime, el tribunal –conformado por los jueces titulares Erick Aravena Ibarra (presidente), Claudia Morgado Moscoso y Cristián Fuentealba Zamora (redactor)– lo condenó, además, a penas de 3 años y un día y 61 días de presidio, como autor de los delitos consumados de falsificación de instrumento público y detención ilegal.

Otros condenados

En tanto, el cabo primero de la policía uniformada Carlos Javier Soto Soto deberá cumplir 5 años y un día de reclusión en calidad de autor del delito consumado de tortura, más 541 días de reclusión como autor del delito consumado de apremios ilegítimos simples.

Camilo Alonso Vásquez Masman, cabo segundo de Carabineros, el tribunal lo condenó a la pena de 5 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito consumado de tortura, más 541 días de presidio, como autor del delito consumado de falsificación de instrumento público. Las penas se dan por íntegramente cumplidas, por el mayor tiempo que el condenado permaneció privado de libertad en la causa.

Carlos Patricio René Calderón Ortega, teniente de Carabineros, fue condenado a la pena única de 4 años de presidio, como autor de dos delitos consumados de apremios ilegítimos simples y un delito consumado de apremios ilegítimos agravado. La pena se da por íntegramente cumplida, por el mayor tiempo que el condenado permaneció privado de libertad en la causa.

En el caso los acusados Francisca Verónica Burgos Rojas (teniente de Carabineros), Cristián Andrés Almuna Salgado (mayor), Luis Humberto Henríquez Guzmán (sargento segundo), Luis Sebastián Manzanares Antiñir (cabo segundo), Luis Ignacio Núñez Medi (teniente) y Gastón Guillermo Jesús Gómez Bello (cabo segundo) se decretó su absolución de la totalidad de las imputaciones formuladas en su contra por las acusaciones del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados Leal Aqueveque, Soto Soto y Vásquez Masman, para la determinación de sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

El detalle de los abusos se puede revisar en el fallo publicado en el sitio del Poder Judicial.