PDI incauta evidencia en investigación por posibles delitos económicos en Servicio Local de Educación Pública de Atacama

Según el fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda, el objetivo fue "recopilar antecedentes documentales vinculados con fiscalizaciones del año 2021 y 2022 que se tradujeron en informes, uno de ellos el de Contraloría”.


En el marco de la investigación por presuntos delitos económicos en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) incautó este jueves evidencia documental, teléfonos celulares y computadores desde las oficinas de la jefatura regional del Ministerio de Educación (Mineduc) y las dependencias del SLEP de la zona.

Las diligencias, ordenadas por la Fiscalía de Atacama, se dieron en medio del paro de profesores de esa región, que hoy cumple 60 días y mantiene a 46 establecimientos educacionales y 30 mil alumnos sin clases.

La causa fue abierta el lunes por el Ministerio Público de la región y los antecedentes fueron levantados por el titular de Educación, Nicolás Cataldo, luego de realizar auditorías en el servicio que señalaban que habían “irregularidades graves”. Tras eso, el secretario de Estado entregó la información recabada al Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría y el Ministerio Público para que sean los que determinen “si esto constituye corrupción” o no, señaló Cataldo en su momento.

El fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda, señaló que luego de la apertura de la causa se ordenaron las investigaciones respectivas a personal de la PDI, con el objetivo de recabar antecedentes que permitieran avanzar en las indagatorias y determinar si existe o no comisión de algún delito, además de sus eventuales responsables.

“En el marco de esta investigación, que se encuentra vigente, la jornada de este jueves funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) y el Laboratorio de Criminalistica (Lacrim) de la PDI concurrieron a cumplir con las diligencias ordenadas por la Fiscalía a las oficinas de la jefatura regional del Ministerio de Educación en Atacama, además de las dependencias del Servicio Local de Educación. Esto con el objetivo de recopilar antecedentes documentales vinculados con fiscalizaciones del año 2021 y 2022 que se tradujeron en informes, uno de ellos el de Contraloría”, indicó.

Por su parte, el jefe de la Prefectura Provincial de Copiapó, prefecto Mauricio Vergara, detalló que detectives de la Bridec de la PDI de esa ciudad encabezaron un operativo en coordinación con la fiscalía de Atacama, llevando a cabo una serie de diligencias que derivaron en “la incautación de teléfonos celulares a autoridades y directivos ligados a las instituciones, con el objetivo de que la investigación profesional llevada a cabo por los oficiales policiales del Bridec Copiapó permita aportar antecedentes a la carpeta del caso”.

Mientras se analizan los antecedentes, el fiscal Miranda informó que seguirán realizándose otras diligencias en paralelo.

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