PDI toma 158 declaraciones y revisa 60 carpetas sobre programa Ascar del Sename

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Equipo femenino de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, a cargo de las aristas económicas del caso Sename. Foto: Luis Sevilla

Un equipo de cuatro detectives de la Bridec está a cargo de las diligencias de este caso, en el que se indaga una eventual malversación de caudales públicos.




En el Estado los dineros son entregados para fines específicos. Si se decide usarlos para otros objetivos se cae en aplicación pública diferente, práctica tipificada como malversación de caudales públicos.

La existencia o no de este delito es lo que el Ministerio Público solicitó indagar a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. El lugar en que habría ocurrido este ilícito es en el Ministerio de Justicia y la investigación nació a partir de posibles irregularidades en los recursos destinados al Programa de Aseguramiento a la Calidad de las Residencias (Ascar). Este fue ejecutado por la cartera entre agosto de 2013 y diciembre de 2016, y cuyo objetivo inicial era contratar profesionales para el mejoramiento de las residencias a cargo del Sename.

La revelación de muertes de menores que estaban a cargo del Estado impulsó a la policía civil a crear una fuerza de tarea destinada a investigar estos hechos. Con el paso de los meses, las diligencias solicitadas por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, derivaron en hallazgos que promovieron la arista Ascar.

Para estas labores, la PDI creó a mediados de 2017 un equipo de trabajo conformado exclusivamente por detectives mujeres. La comisario Ana María Fuentes (contadora auditor), la comisario Gabriela Lineros (ingeniera comercial), la comisario Sandra Elgueta (periodista) y la detective Bárbara Figueroa se han encargado de las 158 declaraciones que han tomado a la totalidad de funcionarios de Ascar. La complejidad y variada documentación a revisar las ha impulsado a analizar 60 archivadores con información del programa relativa a sueldos, informes, contabilidad, viajes e información entregada a Contraloría.

"Para este caso se designó a dos oficiales con años de experiencia en la investigación de esta área, siendo posteriormente, y a la luz de los nuevos antecedentes -me refiero con ello a la arista subvenciones-, reforzadas por otras dos oficiales con similares perfiles profesionales", indicó el subprefecto José Gutiérrez, jefe de la Bridec Metropolitana.

De acuerdo con las policías, el programa se inicia en 2013 con el propósito de mejorar la calidad de las residencias. Sin embargo, con el paso de los meses esta varió a aspectos distintos. "Hay una estructura del programa que fue cambiando durante este periodo y perdiendo el foco. Las nuevas contrataciones, justificadas o no, y las nuevas áreas que se crearon es lo que fue mutando desde su inicio a lo que terminó en 2016", señaló la comisario Fuentes.

El programa, según explican, nace enfocado en protección. No obstante, luego se agregan aspectos relacionados a Responsabilidad Penal Adolescente, también ligado con el Sename, pero ahora con destino en los menores infractores.

El cambio de objetivo que se ejecutaba a estas alturas deriva en la creación de los diálogos ciudadanos. "Se realizaban charlas sobre la prevención de abuso sexual de menores. Estas eran dadas en colegios, universidades, plazas ciudadanas y juntas de vecinos", dijo Fuentes, quien, en este sentido, indicó que las actividades también fueron hechas en establecimientos del sector oriente de Santiago.

"Ahí claramente no se cumple el objetivo del programa. Ahí estamos viendo una aplicación pública diferente, en que los dineros solicitados y entregados que eran para un objetivo, a sabiendas de eso, se utilizaron en otro tipo de contratación", sostuvo la comisario Lineros.

Con respecto a las acciones a seguir, aún resta una serie de interrogatorios que han surgido a partir de antecedentes entregados por los funcionarios, y luego resta el análisis final de los antecedentes analizados. "Tras ello, será la fiscalía quien defina posibles formalizaciones", señaló Fuentes.

Pese a las más de 150 declaraciones, aún no se solicitan estas a los exministros José Antonio Gómez o Javiera Blanco. Esto, indica Lineros, se debe a una "manera de abordar la investigación".

"Cuando comienza la investigación de Ascar, lo primero es conocer el programa. Para ello es el análisis y las diferentes entrevistas. Una vez que se tiene detalle de todo, uno comienza a interrogar desde abajo y luego va ascendiendo para determinar responsabilidades", indicó Lineros. En este punto, y con todos los elementos, agregó, "es cuando se puede tomar una declaración a ministros y personas que tuvieron a cargo el programa".

Más allá de esta estructura, el exministro Gómez solicitó al fiscal Emilfork declarar, dada la notoriedad mediática que ha asumido el caso.

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