La presidenta de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich apostó al todo o nada y, pese a fuertes resistencias en el pleno del máximo tribunal, logró con éxito lo que semanas atrás se veía casi imposible: conseguir una mayoría de supremos dispuesta a imponer mano dura contra los judiciales que viajaron al extranjero con licencia médica.

La travesía de esta inédita decisión de la Suprema, en la que invocó sin temor su superintentendencia correccional, partió la semana pasada e implicó cuatro plenos, dos ordinarios y dos extraordinarios.

La tarea era titánica porque consideraba revisar los sumarios de 104 jueces. En ese bolsón de magistrados venían 15 apelaciones, es decir, judiciales sancionados por sus cortes que habían elevado sus procesos al máximo tribunal con la pretensión de rebajar sus castigos. Todo el resto, eran magistrados sobreseídos o absueltos.

Antes de que el máximo tribunal se abocara a esta tarea, Chevesich se movió con sigilo. La presidenta fue cuidadosa para no dar ninguna señal y así evitar manifestar alguna opinión previa. Pero detrás de su estratégico silencio se escondió una fuerte convicción.

Los que la conocen dicen que, tal como ha sido su estilo -apodada al interior de la magistratura como la jueza de hierro- la presidenta pretendía ser severa y ponerle fin a lo que estaba siendo la mano blanda de las cortes para juzgar las faltas a la probidad de aquellos que, teniendo reposo médico, optaron por viajar al extranjero. “Evitar una verdadera ley del embudo judicial”, dice un ministro.

La primera señal de que Chevesich apostaba al todo a nada ocurrió cuando el pleno tomó la polémica decisión de revisar todos los sumarios, incluso aquellos que venían sin apelación y que por lo tanto no tenían por qué elevarse al máximo tribunal.

“La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales del país y, por lo tanto, quiere saber cómo abordaron esos sumarios, quiere ver qué se decidió para tener una visión global”, explicó a La Tercera a fines de mayo.

La segunda señal de que Chevesich estaba logrando encausar al pleno ocurrió el martes de la semana pasada. Luego de escuchar los alegatos de las apelaciones, al día siguiente tuvo que deliberar.

De las 15 apelaciones, solo dos venían con propuesta para abrir cuaderno de remoción. El pleno golpeó la mesa y ese día acordó la apertura de 14 cuadernos de remoción. Es decir, usando su facultad constitucional del artículo 80 de la Carta Fundamental, elevó el reproche de los sumariados. Ese día -tal como lo adelantó La Tercera- se supo que lo que venía era un supremazo.

Ese mismo martes, el pleno aprovechó de despejar otro grupo de sumarios, En total fueron 25 y en todos esos se dispuso la absolución y no abrir cuadernos de remoción “por concluir que no lo ameritaba”.

Aquí venían los casos en que las licencias se dieron por Covid-19 y calzó justo con el regreso a Chile de los jueces, como fue el caso de la ministra de la Corte de Valdivia Marcela Araya. Aunque no fue por el virus Sars-Cov-2, en este grupo también figura el caso de la ministra de la Corte de Valparaíso, Rosario Lavín, quien el mismo día que llegó a Chile tuvo que ir de urgencia a la clínica. Todo este grupo terminó sin reproche disciplinario.

Junto con despejar esas absoluciones, ese día definió su vara: plazo de prescripción de cinco años, y no dos como lo había definido la Corte de Santiago.

Un supremazo por mayoría

Los fuegos del pleno se abrieron este lunes. Ese día los supremos escucharon la relación de los otros 64 casos en que no hubo apelación. Luego, este martes, se votó uno a uno cada causa para saber si se abría o no un cuaderno de remoción.

En votación dividida, la mayoría del pleno determinó la apertura de 42 cuadernos de remoción adicionales. En otros 13 casos se desestimó aplicar esta medida y en otras nueve causas, producto de un empate, se rechazó el inicio de estos procesos de remoción. De esta forma, en total, la medida más grave que contempla la Constitución se aplicó para 56 judiciales.

El pleno de este martes, además de Chevesich, estuvo integrado por los ministros Ricardo Blanco, Manuel Valderrama, Arturo Prado, Mauricio Silva, Leopoldo Llanos, Gonzalo Ruz, Jorge Zepeda y Dinko Franulic. A ellos se sumaron las ministras María Angélica Repetto, Adelita Ravanales, María Cristina Gajardo, Jessica González y Mireya López. El resto del pleno estuvo integrado por las ministras (s) Eliana Quezada y Sylvia Pizarro y el ministro (s) Hernán Crisosto.

Fuentes judiciales cuentan que parte del éxito de Chevesich implicó que, pese a que no tiene buenas relaciones con algunos supremos -varios de ellos no querían que asumiera la presidencia- logró aunar incluso los votos de ministras que tradicionalmente no son cercanas a sus posturas. Así por ejemplo, en los votos de mayoría para abrir cuadernos de remoción, resultó clave la postura de las ministras Ravanales y Gajardo.

Los supremos que manifestaron sus constantes reparos a la decisión de iniciar procesos de remoción estuvieron Llanos, Repetto y Silva. Los dos primeros, son conocidos por sus posturas favorables a los funcionarios, y el último, pese a que fue cercano a Chevesich en la Corte de Santiago, en el último tiempo se ha transformado en uno de sus principales opositores.

Fuentes judiciales cuentan que al momento de votar, es probable que en más de algún supremo hayan estado presentes las palabras que el día anterior habían escuchado, ahí mismo en la Suprema, del académico argentino Rodolfo Luis Vigo. El jurista expuso una charla magistral titulada “Imperativos de la Ética Judicial en la actualidad”.

Luego de tomar la decisión, se optó por informar por correo electrónico a cada uno de los afectados por la decisión. Esto debido a que Chevesich no podía salir a comunicar el acuerdo del pleno, sin que los afectados supieran en primer lugar lo que pasó con sus causas. Más adelante, cuando esté redactada la sentencia, se notificará como corresponde para que a partir de ahí comiencen a correr los plazos.

La encargada de comunicar la decisión fue Chevesich, y en sus palabras, se puede concluir cuáles fueron los argumentos del pleno para tomar esta inédita decisión. En su alocución aclaró que los cuadernos responderán a la facultad del artículo 80 de la Constitución, y no a los sumarios que ya finalizaron. “La potestad es de carácter preventivo y protector. Por lo tanto, su finalidad es evaluar si el mal comportamiento afecta la idoneidad del juez o jueza para continuar desempeñando el cargo. La finalidad es muy distinta a la finalidad que se persigue en el ámbito disciplinario, porque lo que persigue es resguardar la fe, la confianza pública de la sociedad en el Poder Judicial. Por lo tanto, el bien protegido es la fe pública y la integridad institucional, no la disciplina judicial”, afirmó.

La presidenta luego agregó: “La Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deteriora su estatura moral degrada su credibilidad o alimenta el desprestigio de la judicatura. El procedimiento que aplica aquí es el artículo 80 de la carta fundamental”.

Juez Daniel Urrutia en la mira

El pleno de la Suprema acordó que no publicará el listado de los 56 cuadernos de remoción. Sin embargo, La Tercera pudo confirmar que en ese total hay dos ministras y un ministro de corte.

Estos son los magistrados de mayor jerarquía que deberán enfrentar este proceso. Una de ella es la presidenta de la Corte de La Serena Gloria Negroni. A ella se suma la ministra de la Corte de Santiago Danai Hasbún.

A las dos magistradas, se añade en tercer lugar, el ministro José Delgado, quien al ser consultado por este medio señaló que fue absuelto por unanimidad en el proceso que ordenó iniciar la Corte Suprema, resolución que se encuentra firme y ejecutoriada, por lo tanto desconoce las razones que tuvo el pleno para tomar la decisión.

A todos ellos se suma el polémico caso del juez Daniel Urrutia. El magistrado fue investigado por dos licencias. Una en la que viajó a Costa Rica en 2020 y otra en la que viajó a Ecuador en 2022. Por el primer hecho fue sobreseído y por el segundo -en una reñida votación- fue absuelto ya que una parte del pleno consideró que la falta estaba prescrita, pero lo hizo considerando el plazo de dos años y no los cinco años definidos por la Suprema.

“Era algo que esperábamos. La presión mediática y política era tremenda. Es una resolución de la Suprema, no nos gusta, pero hay que acatarla. Yo no creo que la situación amerite una remoción del Poder Judicial. Los principios de proporcionalidad deben ser respetados. No creo que el magistrado Urrutia haya atentado contra la imagen del Poder Judicial por esta situación”, afirmó su abogado Carlos Quezada.

Luego de que se notifique la decisión, los indagados podrán evacuar un informe con sus descargos. La decisión se tomará en primera instancia por el pleno de la corte respectiva y luego llegará a la Suprema.

Junto con los cuadernos de remoción de los judiciales, Chevesich informó que la situación de los funcionarios del Poder Judicial -distintos a los jueces- se analizará en los próximos plenos del máximo tribunal.