La Corte de Apelaciones de Santiago revisó este miércoles el recurso que presentó la Fiscalía de Antofagasta buscando revertir el fallo del 7° Juzgado de Garantía capitalino que desestimó la prisión preventiva para Alberto Larraín el pasado 3 de febrero.

De los cinco formalizados por los que se despachó una orden de detención, Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, quedaron solo con arraigo.

Previamente, el tribunal dispuso arresto domiciliario total para Gabriel Prado.

De acuerdo con la resolución del magistrado Patricio Álvarez, el Ministerio Público no logró acreditar la existencia de delitos, habría presentado antecedentes contradictorios y, además, no se habría logrado probar que los imputados mantenían ánimo y concierto para defraudar al Fisco.

Apeló el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como querellante.

El Ministerio Público está indagando una transferencia de 1.600 millones de pesos asignados en 2022 desde el Gobierno Regional (GORE) de Santiago a la fundación que lideraba el psiquiatra, para la ejecución de un programa de prevención del suicidio denominado Quédate.

Los dineros fueron invertidos en fondos mutuos.

Desde la Fiscalía de Antofagasta se apunta a que el convenio se gestó por la cercanía de Larraín con el gobernador Claudio Orrego.

¿Qué planteó el fiscal Aguilar?

Ante el tribunal de alzada, en la audiencia de este miércoles, el fiscal Cristián Aguilar hizo hincapié en que ProCultura no tenía experiencia en el área de prevención del suicidio y dijo que el caso no puede entenderse sin abordar el entramado de relaciones entre los imputados.

Respecto a Alberto Larraín y el gobernado Orrego, para el que se solicitó su desafuero, Aguilar indicó que “son vínculos que datan por más de 10 años y son vínculos laborales de amistad y políticos”.

Aguilar explicó que entre el 2008 y 2012, mientras Orrego era alcalde de Peñalolén, contrató a Larraín como jefe para la implementación del Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) en la comuna.

“Además, lo apadrina políticamente para los efectos de su incorporación al partido demócrata cristiano (…) Orrego lo trataba como hermano al señor Larraín. En tanto, el señor Larraín le daba un tratamiento, un relato al señor Orrego de líder. Se visitaron en sus casas, cenaron juntos, se reunieron en el extranjero, en un viaje que coincidieron en Argentina”, expuso el persecutor.

El fiscal afirmó que las conversaciones por WhatsApp entre ambos “fueron eliminadas”.

Por otro lado, cuestionó que meses después de iniciada la tramitación del convenio, a mediados de 2022, Larraín fue propuesto como director de la Corporación de Desarrollo y Turismo del GORE.

Según Aguilar, al asumir ad honorem en esa corporación de derecho privado, Larraín adquirió el estatus de funcionario público.