El Juzgado de Garantía de Puerto Montt determinó este viernes rebajar las cautelares que pesaban sobre el exjefe comunal Gervoy Paredes (ex-PS), imputado por delitos de incremento patrimonial injustificado de funcionario público, cohecho, lavado de activos y fraude al fisco.

En la audiencia de revisión de cautelares, el juez acogió parcialmente la petición de la defensa y rebajó las medidas preventivas de arresto domiciliario total a reclusión nocturna. A esta se suma arraigo nacional, prohibición de acercarse a los coimputados y firma quincenal.

“Se accedió íntegramente a lo solicitado por la defensa, por entender el tribunal que efectivamente ha habido un cumplimiento de la medida cautelar que estaba vigente, por lo tanto, no se justifica mantenerla con ese nivel de intensidad”, detalló sobre esta determinación el magistrado Francisco Almonacid.

Por otro lado, el mismo tribunal rechazó la segunda parte de lo solicitado por la defensa, respecto a levantar la retención de fondos.

“Se le negó lugar, por entender que los delitos por los que se encuentra formalizado permiten presumir que hay una obtención patrimonial ilícita y que, por lo tanto, los fondos de los que se pretende disponer podrían estar comunicados directamente con la comisión de estos delitos”, explicó el juez aquella jornada.

Investigación por delitos económicos

El exalcalde de Puerto Montt, que ocupó el sillón municipal entre 2012 y 2024, fue destituido durante el mes de agosto de 2024 por el Tribunal Electoral Regional (TER) de Los Lagos tras acoger una querella por notable abandono de deberes.

En octubre de ese mismo año fue detenido por orden del Ministerio Público en el contexto de una investigación por cohecho, fraude al Fisco y enriquecimiento ilícito de funcionario público.

Tras mantenerse siete meses en prisión preventiva, en mayo de 2025 se acogió la petición de la defensa de rebajar la cautelar a arresto domiciliario total.

La investigación por parte del Ministerio Público señala que el exjefe comunal habría aumentado su patrimonio de manera no justificada en más de $214.000.000.

Además, señalan que habría utilizado dineros de las empresas Cosemar y Sigilo Verde para financiar su defensa jurídica y usar recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para contratación a honorarios de personas que no prestaron los servicios contratados y propaganda política. Todo lo anterior habría ocurrido entre 2013 y 2023.