Santiago busca “venderle” 18 colegios al Estado, en medio de desmunicipalización

El Liceo Manuel Barros Borgoño es uno sobre los que Santiago tiene dudas. Foto: Archivo

Alcalde Alessandri ingresó una consulta a la Contraloría para ver la situación de 18 colegios que fueron comprados a una sociedad fiscal en 1988. Diputado Bellolio dice que la consulta es pertinente, pero Educación 2020 afirma que las indemnizaciones por escuelas no están en el espíritu de la ley.


En 2023, la Municipalidad de Santiago traspasará sus colegios al nuevo Servicio Local de Educación, la entidad estatal que administrará los establecimientos con la implementación de la Nueva Educación Pública, y que será uno de los cambios más significativos para la enseñanza escolar de los últimos 30 años.

En esa ley quedó establecido que el proceso de devolución de las escuelas al Estado no implicará pagos a los gobiernos locales, pues estos los recibieron en 1986, en la municipalización, de forma gratuita. Sin embargo, en el municipio de Santiago se plantea que sí se debe recibir una indemnización por 18 de sus colegios, que en esa época no fueron transferidos gratuitamente, sino que fueron adquiridos “de manera onerosa” a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, organismo que antiguamente construía los colegios fiscales.

Por ello, el alcalde Felipe Alessandri ordenó ingresar un requerimiento a la Contraloría, en que se especifica que estos establecimientos fueron adquiridos en 1988 a través de una compraventa a la sociedad: “Es decir, a título oneroso, pagando el respectivo precio por ellos y con posterioridad a los convenios de traspaso” de la municipalización.

Entre estos colegios están los liceos Javiera Carrera, Miguel Luis Amunátegui, Isaura Dinator, Teresa Prats y Manuel Barros Borgoño, además de varias escuelas.

En la consulta, el municipio solicita conocer “el marco regulatorio de estas propiedades y las posibilidades de ejercer las facultades de uso, goce y disposición emanadas del derecho a dominio”, en el marco de la nueva norma.

El alcalde Alessandri confirmó a La Tercera que ingresó el requerimiento en julio y que está esperando la respuesta, porque cree que pueden exigir un pago por los recintos. “Si quieren que entregue (los colegios), bueno, cómprenmelos. La Constitución protege mi derecho de propiedad (del municipio). Entonces, yo se los entrego, pero hay una tasación fiscal”, dice.

El edil añade que con esto no buscan obtener ganancias, sino que pagar las deudas que los mismos colegios han generado. “Aquí nadie quiere ganar plata. Se los entrego al ministerio en 2023, pero me extinguen la deuda. No hay flujo de dinero de por medio. Le entrego el colegio y extingo la deuda, para entregar saneado”, explica.

Y, de hecho, Alessandri agrega que el tema ya fue conversado con el Ministerio de Educación, donde dice que “hubo buena disposición de la parte jurídica”.

Al respecto, el Mineduc solo dijo que implementarán “los Servicios Locales de Educación conforme a la Ley N° 21.040, que establece que las municipalidades deberán traspasar sus establecimientos educacionales a los servicios locales correspondientes”.

Las interpretaciones

En la discusión sobre la norma en el Congreso, varios alcaldes consultaron si podían exigir una compensación cuando se les quiten los colegios, lo que quedó descartado. Pero hubo algunas dudas, como en los casos en que los municipios construyeron los colegios, o estos fueron cedidos por un tercero exclusivamente al municipio.

El diputado Jaime Bellolio (UDI) cuenta que “este fue uno de los puntos que expresamente pusimos en la discusión, en la que insistimos que no se podía, solo por el ministerio de la ley, traspasar los bienes municipales sin que fuera aprobado por el concejo municipal”.

Agrega que había casos, como los de las comunas de Pirque y Viña del Mar, donde “hay donaciones modales, que son de personas que donaron edificios en el entendido de que solo iban a ser para uso de colegios municipales. Algunos dijeron que eso daba lo mismo, pero nosotros insistimos en que no, por lo que me parece pertinente la pregunta que hace Santiago”.

Pero la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, advierte que “lo que se entiende del espíritu de la ley es que no corresponden pagos por el traspaso de colegios”, aunque también considera necesario esperar la resolución de la Contraloría.

“También podríamos interpretar qué hay detrás de esta consulta (de Santiago), porque este es un tema que está zanjado, ya comenzó el traspaso de colegios en cuatro Servicios Locales de Educación, por lo que uno se pregunta qué hay detrás de esta búsqueda de resquicios para evitar o dificultar el proceso” de desmunicipalización.

El avance del proceso

La desmunicipalización comenzó este año con la instalación de los primeros cuatro servicios locales, que recibieron a 57 mil escolares, de 236 colegios, de 14 comunas. El próximo año entrarán en funcionamiento tres nuevos servicios, que se harán cargo de otros 49 mil estudiantes de 11 comunas.

Se espera que hacia 2025 estén operativos los 70 servicios que creará la ley, los que administrarán más de cinco mil colegios con 1,2 millones de alumnos. Sin embargo, la ley también establece mecanismos para que algunos municipios puedan posponer, en casos excepcionales, el traspaso de colegios.

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