Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que aumenta las penas y refuerza la fiscalización dentro del transporte público de pasajeros.

La iniciativa, según sus autores, viene a dar una señal de justicia, especialmente con la regiones, ya que éstas terminan subsidiando al millón de evasores diarios que tiene el Transantiago.

La propuesta se originó en una moción impulsada por el diputado Carlos Bianchi, refundida con un mensaje del Ejecutivo ingresado en la administración del Presidente Gabriel Boric. En la presente jornada se revisó según las modificaciones del Senado, las cuales se aprobaron en su totalidad por 145 votos a favor y dos abstenciones.

“Este proyecto tiene que ver con la evasión del transporte público principalmente en Santiago. Basta de la sinvergüenzura de que sólo en la capital, casi el 40% de los usuarios no pagan sus pasajes. Esto no ocurre tanto en regiones, y menos en la región de Magallanes que represento, donde cada persona, mujer u hombre, adulto mayor o joven, paga su pasaje, a pesar de que el transporte público es peor”, explicó el diputado Bianchi.

El parlamentario indicó que “con esta iniciativa se debiera revertir esta situación en el transcurso de los próximos meses, y de esta manera, el Estado va a recibir del orden de los 200 millones de dólares, situación que mejora las arcas del país”.

Por su parte, el subjefe de la Bancada PPD-Independientes y firmante del proyecto, Héctor Ulloa, agregó que “esta iniciativa hoy día hace más sentido que nunca, especialmente para quienes vivimos en regiones, porque mientras enfrentamos el alza de combustible y el aumento del costo de la vida, seguimos pagando lamentablemente, en forma indirecta, las consecuencias de la enorme evasión que ocurre en la Región Metropolitana. Cuando esos recursos no se recaudan, el Estado tiene que cubrir ese déficit, y eso termina afectando la distribución de los fondos espejo”.

Una de las innovaciones de este proyecto, también conocido como “Paga tu pasaje”, lo constituye la nueva tarifa recargada, que implicará para el evasor pagar un monto mayor al habitual al momento de ser controlado y constatarse estar en falta. Esto le permitirá permanecer en el bus y evitar caer en el Registro de Evasores del Transporte Público.

Asimismo, entre otras medidas, se considerará que quien ingrese por las puertas traseras sin autorización se presumirá que no pagó la tarifa y será sancionado. De comprobarse, igualmente, el uso indebido de un instrumento o mecanismo que permita el acceso al transporte con beneficios, este se requisará y destruirá.

Estarán habilitados para constatar el no pago y notificar la infracción carabineros, inspectores fiscales y municipales. También personal de Metro, EFE y de los prestadores de transporte público. Para la detección e identificación se autoriza a los inspectores el uso de autentificación biométrica. De igual modo, si la persona se resiste a indicar su domicilio, se entrega la posibilidad que Carabineros la conduzca a una unidad policial para dicha verificación.

Las multas por evasión, que hoy se tramitan ante los juzgados de policía local, pasarán a un sistema administrado por la División de Fiscalización de la Subsecretaría de Transportes. Quien no impugne la infracción y pague la multa luego de la notificación, antes del plazo de 20 días hábiles, tendrá derecho a pagar el monto mínimo, con una rebaja del 50%. Empero, quien no pague la multa con anticipación ni impugne la infracción se le aplicará el monto máximo.

El proyecto, adicionalmente, extiende los efectos de caer en el Registro de Evasores. En la actualidad, éste contempla la suspensión de documentos que permiten rebaja tarifaria (como TNE y TAM), la suspensión de la entrega de la licencia de conducir y permiso de circulación, y retención de la devolución de impuestos a la renta.

Con esta iniciativa, se sumará a lo anterior la restricción de acceso a espectáculos de fútbol profesional. También la denegación de otorgamiento o renovación de pasaporte y la restricción en la entrega del permiso de residencia. Además, se extiende la vigencia de la aplicación de estas medidas de tres a cinco años.