El gobernador Claudio Orrego está partiendo su año 2026 con buenas noticias en lo que tiene que ver con su situación penal. Al contundente triunfo que tuvo en la Corte de Santiago al conseguir una decisión unánime de 24 ministros a su favor para rechazar la solicitud de desafuero en el caso ProCultura, ahora sumó otro antecedente más.

Esto debido a que la Fiscalía Oriente comunicó su decisión de no perseverar ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en la última causa que le quedaba pendiente y que tenía que ver con la contratación de coachings en la Gobernación Metropolitana.

La determinación fue tomada por la fiscal regional Oriente Lorena Parra y el fiscal Cristóbal Salazar luego de ejecutar una serie de diligencias para indagar la eventual existencia de hechos constitutivos de delitos.

Fuentes del caso comentan que el Ministerio Público desplegó una serie de pericias y ninguna arrojó resultados para continuar la indagatoria. De esta forma ejecutó diligencias destinadas a revisar los equipos computacionales, el correo electrónico y el celular de Orrego. Lo mismo se hizo con la empresa Vera y Asociados. Esto también se replicó con todo el equipo cercano al gobernador. Además se enviaron oficios al Servicio de Impuestos Internos, al Servel y Mercado Público.

Luego de analizar todos esos antecedentes, el equipo que lidera Parra tomó la decisión de cerrar la indagatoria. Así fue como lo comunicó esta semana al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dando a conocer su decisión de no perseverar.

La determinación de los persecutores fue valorada por Orrego. “La decisión que acaba de tomar el Ministerio público confirma que la acusación que el Partido Republicano hizo para destituirme ante el Tricel se funda en argumentos falsos. Estamos satisfechos con esta decisión y queremos destacar el trabajo de la Fiscalía Oriente, quien ante nuestra disposición de colaboración, actuó con diligencia y objetividad”, dijo el gobernador.

Los defensores de Orrego también valoraron el actuar de la Fiscalía. Los abogados José Pedro Silva y Miguel Schürmann comentaron que están “muy conformes con la decisión de la Fiscalía Regional Oriente, quienes después de una exhaustiva revisión de todos los equipos electrónicos, celulares y correos tanto del gobernador como de todo su equipo cercano, no encontraron antecedentes que dieran cuenta de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos”.

Los defensores añadieron que “desde un primer momento afirmamos que el gobernador era inocente y ofrecimos toda la colaboración para el esclarecimiento de los hechos, y como podrán advertir, cumplimos. Nos gustaría destacar la investigación que condujo la Fiscalía Regional Oriente quienes realizaron una revisión en detalle de toda la evidencia y una vez analizados los antecedentes se decidió que no había mérito para seguir adelante con la investigación y así lo hizo presente al tribunal”.

Efecto en causa del Tricel

El Ministerio Público abrió la investigación para indagar presuntos delitos en las clases de coaching contratados por Orrego en la Gobernación Metropolitana luego de que la Contraloría remitiera al Ministerio Públicolos hallazgos de una auditoría realizada en sede administrativa.

Esto debido a que la Contraloría, en su auditoría administrativa, concluyó que la repartición regional, a ojos del ente fiscalizador, había utilizado recursos públicos para el financiamiento de diferentes sesiones de coaching con fines electorales durante la campaña de Orrego. Este servicio, que incluía 52 sesiones, fue contratado a la empresa Vera y Asociados.

Dichas asesorías habrían tenido un costo total de $31 millones y correspondían a clases que tendrían, supuestamente, diferentes fines “ontológicos”. Sin embargo, dichos coaching, según la Contraloría, tenían “temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y la campaña electoral del gobernador regional”.

Lo cierto es que independiente de la auditoría del ente fiscalizador, a ojos de la Fiscalía, en los antecedentes revelados por la auditoría no hay nada que pudiera ser investigado como constitutivo de algún ilícito.

El fin de esta causa tendrá efectos en otra sede distinta a la administrativa y la penal. Se trata de la justicia electoral. Esto debido a que consejeros regionales (cores) de la UDI y el Partido Republicano utilizaron los reproches realizados por Contraloría a los coachings para sustentar una reclamación en la justicia electoral. Así fue como ingresaron un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), usando estos mismos antecedentes, para pedir su remoción.

Ese caso aún no se resuelve ya que el Tricel todavía no cita a los alegatos del caso. El requerimiento ya pasó por su término probatorio durante el verano y quedó listo para la vista de la causa.

El último movimiento en esta reclamación tuvo que ver con los requirentes ya que uno de los tres abogados que patrocinan a los cores de derecha renunció a su patrocinio. Se trata del actual subsecretario del Interior Máximo Pavez (UDI). De esta forma, hasta el momento, el caso continúa en manos del abogado Pablo Toloza (UDI) y Emiliano García (Republicano), quien arribó hace unos días al gobierno como jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Segpres.