Un grupo de senadores presentará este miércoles la denominada Bancada por el Indulto General, instancia que buscará impulsar la tramitación del proyecto de ley que concede un indulto general a integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y a determinados civiles por hechos ocurridos desde el 18 de octubre de 2019.

La presentación está programada para las 15.45 horas y - según sus impulsores- tendrá como propósito coordinar acciones legislativas, políticas y comunicacionales para acelerar el avance del proyecto y promover la participación activa del gobierno del Presidente José Antonio Kast en la discusión de la iniciativa.

Hasta ahora, los integrantes confirmados de la bancada son los senadores Alejandro Kusanovic (independiente), Camila Flores (RN), Cristián Vial (Partido Republicano), Rodolfo Carter (Ind. P. Rep.), Ignacio Urrutia (Partido Republicano), Vanessa Kaiser (PNL) y Carlos Kuschel (RN).

El eje de la nueva instancia será respaldar la tramitación del Boletín N.º 18.423-07, moción parlamentaria que plantea otorgar el beneficio a funcionarios activos y en retiro de las instituciones antes mencionadas que hayan participado en procedimientos relacionados con el restablecimiento del orden público durante el estallido social.

El indulto también alcanzaría a civiles que, de acuerdo con el texto, colaboraron en la protección de infraestructura pública o privada o actuaron en legítima defensa de terceros durante ese período.

El proyecto contempla que quienes ya cuenten con condenas firmes vean extinguidas sus penas privativas o restrictivas de libertad, además de las multas aplicadas.

En el caso de personas que aún enfrentan procesos penales, la iniciativa propone el sobreseimiento definitivo de las causas y el levantamiento inmediato de las medidas cautelares vigentes.

Asimismo, establece dejar sin efecto sanciones administrativas, anotaciones disciplinarias o bajas institucionales derivadas de estos hechos y, cuando corresponda, permitir la reincorporación de los funcionarios junto con el pago de las remuneraciones que dejaron de percibir.

En el boletín se instala un relato en que -supuestamente- el país enfrentó desde octubre de 2019 “una grave alteración del orden público que obligó al Estado a recurrir a estados de excepción constitucional y al despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad y la infraestructura crítica”.

Además, se narra que, una vez “superada la emergencia”, se produjo una “persecución judicial desproporcionada” contra funcionarios uniformados que “actuaron en cumplimiento de órdenes impartidas por la autoridad civil y en un contexto de alta violencia”.

En esa línea, el texto indica que el indulto constituye una herramienta para “restablecer la paz social y otorgar certeza jurídica” a quienes participaron en esos operativos.