"Esto no fue un conflicto entre alumnos ni parte de la convivencia escolar: fue un ataque armado perpetrado por un externo”. Así de enfático es el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa, Ramón Jara –sostenedor del Colegio Nuevos Horizontes–, cuando habla de la balacera que este jueves dejó a tres estudiantes heridos.

En conversación con La Tercera detalla que el hecho ocurrió cuando el establecimiento se encontraba en plena jornada escolar, con estudiantes saliendo de clases y apoderados entrando al recinto para una actividad de convivencia programada en la tarde. En ese contexto, dos individuos ingresaron al colegio y uno de ellos portaba un arma de fuego, disparando directamente contra un alumno de cuarto medio. Pero otros dos estudiantes de tercero medio resultaron heridos de rebote. Hoy, los tres jóvenes están fuera de riesgo vital y con su estado de salud estable, mientras la Fiscalía ya investiga lo ocurrido.

El director, eso sí, señala que esto no se trata de un problema educativo ni de violencia escolar, sino de seguridad pública. “Existe una falta de presencia policial que debe ser abordada con urgencia. Nuestras guardias no son suficientes frente a hechos delictuales de esta magnitud”, asegura.

¿Hubo alertas sobre este hecho?

No tenemos antecedentes que indiquen un escalamiento previo. Lo que ocurrió fue un hecho sorpresivo: un ataque directo dentro del establecimiento, perpetrado por una persona encapuchada que ingresó con la intención de agredir a un estudiante en particular. Si bien estamos en un territorio con dinámicas complejas, como Boca Sur, este fue un delito flagrante, no una riña escolar ni una situación interna.

¿Había ocurrido algo similar antes?

No, y no solo en este establecimiento. Llevo años trabajando en educación y me cuesta recordar un hecho así en algún colegio, incluso dentro de nuestra jurisdicción, que abarca Lota, Coronel, San Pedro de la Paz y Santa Juana. Sí hemos enfrentado situaciones de violencia escolar en los alrededores, pero en contextos distintos, quizás con armas blancas. Lo de ahora es completamente diferente.

Pero esto ocurrió en un contexto que sí involucró a estudiantes (agresor y agredido son compañeros de curso).

Pero es importante distinguir que no fue un conflicto propio de la convivencia escolar. Nosotros tenemos protocolos que regulan el comportamiento de toda la comunidad educativa. Pero nadie está preparado para anticipar un ataque a balazos. Este fue un hecho delictual gravísimo que no puede dejarnos indiferentes. La autoridad lo ha comprendido así, y como sostenedores públicos vamos a brindar todo el apoyo necesario a la comunidad.

¿Asume alguna responsabilidad como director del SLEP?

Asumimos plenamente las responsabilidades que nos otorga la ley como sostenedores, especialmente en lo que respecta a garantizar la seguridad dentro del establecimiento. Contamos con protocolos de convivencia escolar, equipos directivos y técnicos, inspectores de patio y un dispositivo interno que regula el funcionamiento normal de la escuela. Pero este fue un hecho completamente anómalo: no es posible anticipar que a plena luz del día alguien ingresará a disparar. Como sostenedores, no tenemos la facultad legal para contratar guardias armados. Eso no existe en nuestro ordenamiento jurídico. En este caso específico, el establecimiento cuenta con cámaras de seguridad que registraron el ataque y esas imágenes serán parte de la querella que estamos preparando. Fuera del colegio la seguridad es responsabilidad de Carabineros, del plan cuadrante y también de la municipalidad. Por eso estamos en coordinación con el alcalde de San Pedro de la Paz para reforzar los perímetros del establecimiento.

El ministro Nicolás Cataldo (Educación) se abrió a discutir medidas más duras, como detectores de metales en escuelas. ¿Ese es el camino para hacer frente a la violencia?

No descarto ninguna medida que contribuya a mejorar la seguridad, pero antes de pensar en detectores de metales debemos abordar esto como un problema de seguridad pública. Lo urgente es aumentar la presencia de Carabineros en los entornos escolares, sobre todo en las horas de entrada y salida. También se necesita reforzar la vigilancia municipal, mejorar la iluminación y coordinar acciones con el Ministerio de Seguridad Pública, la delegación presidencial y los gobiernos locales. Si se llegara a discutir la implementación de dispositivos como detectores de metales, eso debe evaluarse en conjunto con las comunidades educativas y con el respaldo de la Superintendencia de Educación. Como sostenedores estamos totalmente disponibles para participar en esa conversación, siempre teniendo en cuenta que los recursos y las competencias del sistema educativo son limitados y no reemplazan el rol de las policías.

¿La educación perdió la pelea contra la violencia en los colegios y sus entornos?

No. No podemos ceder ni decir que “esto se ha perdido”. Aquí hay un esfuerzo que hacer. Lo que estamos enfrentando no es solo un problema de violencia escolar, sino un fenómeno delictual más amplio. Todos los días vemos portonazos, turbazos... esto no se limita a las escuelas. Las comunidades educativas son una resonancia de lo que ocurre en la sociedad. Por supuesto que esta crisis repercute en los establecimientos, pero rendirse ante la violencia sería renunciar a nuestros proyectos educativos. Lo que vivimos hoy es una crisis de seguridad pública, y en eso las policías deben cumplir su deber. Como sostenedor público puedo garantizar condiciones dentro del marco educacional, pero no tengo facultades policiales. Esa responsabilidad es del Estado en su conjunto.

¿Ha puesto sobre la mesa la necesidad ya de alguna de estas medidas?

Sí, tras una serie de robos y vandalismo en enero y febrero enviamos oficios a las autoridades de seguridad para alertar sobre la falta de protección policial en nuestros establecimientos. Nuestros guardias no son suficientes para enfrentar hechos delictuales como turbazos nocturnos. Solo Carabineros y las policías tienen la facultad legal para proteger a la comunidad y es responsabilidad de las autoridades garantizar esa seguridad.

¿Hay que acelerar la tramitación de la ley de convivencia escolar?

Sí, sin duda es importante acelerar la tramitación de esta ley, porque fortalece significativamente los aspectos de convivencia escolar. La iniciativa permite aumentar los recursos y capacidades de los equipos de convivencia para regular y proteger mejor el ambiente escolar. Sin embargo, este tipo de hechos que estamos analizando no se resuelven solo con mejoras en convivencia escolar.

Dice que la iniciativa no resolvería el problema de fondo.

Este es un problema de seguridad pública y orden que requiere una respuesta integral. Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y las policías deben mejorar la protección en los entornos donde están ubicados los establecimientos educacionales. No puede ser que, en horarios críticos como el ingreso y la salida de los alumnos, las escuelas estén desprovistas de seguridad suficiente, especialmente frente a los altos niveles de delincuencia que afectan tanto a los entornos escolares como a las comunidades en general. La ley de convivencia escolar es un avance importante, pero debe ir acompañada de políticas públicas y acciones concretas que refuercen la seguridad en las zonas donde están las escuelas.