La noche del 27 de abril de 2024, el sargento 1º Carlos Cisterna y los cabos 1º Sergio Arévalo y Misael Vidal llegaron hasta un sector rural de Antiquina en Cañete, Región del Biobío, para controlar las medidas cautelares de un imputado. Pero esa noche, los funcionarios de Carabineros de la Macrozona Sur serían asesinados a sangre fría.

Tras una detallada planificación, los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen Santi -en colaboración con Tomás Rivas- esperaban ocultos entre los matorrales de la casa del imputado para que cuando los funcionarios se bajaran, los amenazaron e intimidaron para robar las armas de los funcionarios. Pero su plan no quedaría ahí, ya que tras quedarse con el armamento, los Antihuen dispararon a los funcionarios quitándoles la vida. Posteriormente, en la misma camioneta de los funcionarios policiales trasladaron e incendiaron los cuerpos en la Ruta P-72.

A casi dos años del crimen, este jueves el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Cañete notificó la sentencia en contra de los Antihuen Santi, quienes terminaron como culpables del macabro crimen, mientras que Rivas fue condenado como colaborador tras facilitar las armas a los imputados. En el caso de los primeros, los jueces -Marcos Pincheira, Ricardo Piña y Julio Ramírez- los condenaron a cadena perpetua. Rivas recibió una pena de 22 años de cárcel.

El triple homicidio de los funcionarios de Carabineros, que ocurrió el mismo día en que la institución celebraba su aniversario, generó no sólo un gran impacto social, sino que también político, principalmente para el gobierno.

El mismo día del crimen, tanto el entonces Presidente Gabriel Boric, como los representantes de los otros poderes del Estado, jefes de las policías y el Ministerio Público, viajaron a la zona para acordar un avance en la agenda legislativa y apoyar a la institución. Luego de aquello, el Congreso reactivó la tramitación de la Ley Antiterrorista.

Una exhaustiva investigación

La Fiscalía Regional de La Araucanía, por designación del fiscal nacional, Ángel Valencia, fue el organismo que quedó a cargo de la investigación. El fiscal regional Roberto Garrido logró identificar a los imputados en tres meses, quienes fueron detenidos en un allanamiento el 29 de julio de 2024. En esa ocasión, sólo Tomás Antihuen logró escapar, logrando ser apresado en marzo de 2025.

La exhaustiva investigación del Ministerio Público no sólo logró identificar a los acusados del crimen, sino que también acreditar la participación de cada uno ante el tribunal. En un juicio que se extendió por 31 días, la Fiscalía de La Araucanía expuso todas las pruebas, entre las que se encontraban robustas evidencias científicas como el ADN de los imputados en las armas que fueron recuperadas y la munición que se levantó en el lugar del crimen. También se consideraron pruebas testimoniales y de testigos reservados, quienes dieron cuenta del actuar de los Antihuen.

Pero en la misma instancia, además, el ente persecutor también logró condenar por otros hechos a los imputados. Además de los delitos de homicidio, incendio y robo con violencia por la muerte de los carabineros, también se les condenó por tenencia ilegal de armas (Felipe, Yeferson y Tomás), homicidio frustrado (Yeferson) y hasta receptación de vehículo robado (Yeferson) en otros hechos en la que los sujetos participaron años antes como 2020 o 2023.

Tras el fin de la audiencia, el fiscal Garrido afirmó que “esta sentencia se ha basado en el reconocimiento de un trabajo profesional, muy sigiloso y muy dedicado”.

“Este trabajo que se ha reconocido con esta sentencia condenatoria, en términos bastante contundentes, con la exposición de penas que son altísimas, dada la gravedad de los hechos, demuestra que la agresión a los funcionarios de carabineros no puede quedar impune y todos los órganos del Estado tienen que colaborar para devolver a la sociedad y a la comunidad esta sensación de seguridad para que se puedan desarrollar en los términos que merecen”, concluyó.

De parte de Carabineros señalaron que como institución “valoramos la sentencia condenatoria dictaminada para los asesinos que le quitaron alevosamente la vida a tres de los nuestros. Esto demuestra que no hay espacio para la impunidad frente a crímenes contra quienes protegen a la ciudadanía. La memoria de nuestros mártires debe ser preservada como un recordatorio de lo que arriesgan los carabineros día a día para resguardar a la comunidad”.

El general director de la policía uniformada, general Marcelo Araya, por su parte, afirmó que “la justicia existe, es seria y es categórica. No nos devuelve la vida de nuestros mártires, pero sí tenemos con esto paz y tranquilidad de un trabajo serio. Y eso es señal de que la institución va a seguir trabajando, va a seguir adelante con más fuerza, porque el país no merece muertes como las que ocurrieron en Arauco hace dos años. Reitero, siempre viven los que por la patria mueren”.

Defensas analizan la sentencia

Luego de que se conocieran las sentencias, la defensora penal pública, Nelly Díaz, quien representa a los hermanos Felipe y Yeferson Antihuen, aseguró que como defensa “estudiaremos íntegramente la sentencia y con ello evaluaremos la interposición de un recurso de nulidad, especialmente en lo relativo a la infracción de derechos y garantías fundamentales y de qué forma el tribunal valora la prueba de cargo que sustenta la condena hoy en contra de mis representados”.

Por su parte, la defensa de Tomás Antihuen, el abogado Ricardo Bravo Cornejo señaló que “esta defensa asumió posterior al juicio, precisamente con el objeto de asumir su representación de cara a la audiencia de lectura de sentencia y posibilidad de buscar la nulidad. En ese contexto, ahora se realizará una revisión exhaustiva de los antecedentes, particularmente en lo relativo a la valoración de la prueba y a la forma en que los medios incorporados fueron ponderados conforme a derecho”.

“Desde ya, podemos señalar que no estamos conformes con la pena, la que estimamos desproporcionada y excesiva. Asimismo, durante el desarrollo del juicio se advierten elementos que permiten sostener que no se habrían considerado adecuadamente antecedentes relevantes”, agregó.